El subsidio por alimento de G. 1.700.000 de forma bimestral estaba fijado para guardiacárceles con carga horaria de 24 horas de trabajo por 48 horas libres, pero el actual ministro Daniel Benítez pactó con los sindicatos para que alcance también a funcionarios administrativos y lo consiguió a través de una modificación del clasificador presupuestario que se promulgó en julio. Fue el ex ministro Édgar Olmedo quien habilitó el desembolso retroactivo para todos los funcionarios sin tener un dictamen que habilite pagar ante la vista gorda de Hacienda, Contraloría y Función Pública.

• Unidad de Investigación Nación Media

El ex ministro de Justi­cia y actual represen­tante del Poder Eje­cutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM), Édgar Gustavo Olmedo Silva, y el actual ministro de Justicia Daniel Benítez Romero (ex viceministro de Política Cri­minal) en julio pasado, proce­dieron al desembolso del sub­sidio por ayuda alimentaria de forma retroactiva, según la misma cartera reconoció. Sin embargo, no se emitió nin­gún dictamen que habilite el pago, mientras que institu­ciones como el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la Contra­loría General de la República omiten referirse al tema.

Todo empezó con el proyecto presentado por el diputado Arnaldo Samaniego y acom­pañado por el ministerio, que consistió en la modificación del clasificador presupuesta­rio para habilitar que el sub­sidio por alimentación de G. 1.700.000 otorgado de forma bimestral se pueda repartir a todo el funcionariado de Jus­ticia. La Ley Nº 6944 fue pro­mulgada el 8 de julio del 2022.

Posterior a la promulgación de la norma, es que el enton­ces ministro de Justicia Édgar Olmedo inicia el pagó del subsidio por alimentos por los meses de abril y junio. En total se desembolsaron aproximadamente G. 4.400 millones, según el cálculo de lo abonado por bimestre.

A pesar del principio de irre­troactividad de las normas jurídicas, y que la misma Constitución de la República establece que la ley no obliga sino en virtud de su promul­gación y su publicación, en su momento Olmedo alegó que se trató nada más de una modi­ficación de un clasificador, no afectando al presupuesto.

Desde el Ministerio de Hacienda, ente encargado de la administración financiera del Estado, se desentendie­ron de las consultas sobre si es correcto o no el desem­bolso retroactivo. El minis­tro Óscar Llamosas, los vice­ministros Iván Haas y Marco Elizeche no respondieron a las consultas técnicas del caso en cuestión.

Asimismo, la Secretaría de la Función Pública, la Secreta­ría Anticorrupción y la Con­traloría General de la Repú­blica se excusaron en analizar y dar su parecer al respecto. Incluso desde la Abogacía del Tesoro también infor­maron que, tras verificar el Sistema de Mesa de Entrada como los registros obrantes en sus archivos, no se encon­traron documentos en refe­rencia a la emisión de algún parecer técnico que habilite el desembolso al Ministerio de Justicia.

No se contó con un dictamen que habilite el millonario des­embolso del dinero público de forma retroactiva, puesto que al solicitar dictámenes al Ministerio de Justicia, además de responder fuera de plazo en abierta contravención de las leyes Nº 5189 de Provisión de Información sobre Remune­raciones y N° 5282 de Libre Acceso a la Información Pública, no remitió ningún parecer jurídico.

Solo se facilitó copia de la nota 593/22 de la Dirección Gene­ral de Asesoría Jurídica con destino a la Dirección General de Administración y Finan­zas, que tiene fecha 3 de agosto del 2022 donde se menciona que remite los antecedentes de pagos de subsidios “a fin de que la Dirección de Audi­toría Interna realice el análi­sis correspondiente y emita el parecer técnico respectivo”.

Es decir, ni la Asesoría Jurí­dica del Ministerio de Justicia se animó a dictaminar sobre el desembolso, y tampoco la cartera de Justicia remitió por la vía del portal de Acceso a Información Pública algún documento donde se señale el correcto uso de los bie­nes estatales para el pago retroactivo.

El actual ministro de Justi­cia, Daniel Benítez Romero, es uno de los que asumieron el compromiso con los sindi­catos de trabajos de la cartera para realizar el lobby corres­pondiente en la Cámara de Senadores para la aprobación de la modificación del clasi­ficador presupuestario que permita realizar el desem­bolso del subsidio alimenti­cio de G. 1.700.000 para todos los funcionarios.

Es importante resaltar que en el clasificador presupues­tario inicial del Ejercicio Fis­cal 2022 se especificó el pago de alimentos dirigido a guar­diacárceles cada dos meses, debido a la carga horaria de 24 horas de trabajo por 48 horas libres, lo que implica que los agentes peniten­ciarios están en sus pues­tos de trabajo tres veces por semana realizando turnos de 24 horas.

Pero, con el proyecto presen­tado por el diputado Sama­niego y apoyado por las máximas autoridades del Ministerio de Justicia, final­mente se estableció el pago de subsidio alimenticio para los funcionarios del sistema penitenciario contratados y nombrados que no tienen la misma carga horaria que un guardiacárcel.

Por último y no es menos importante resaltar que el manejo discrecional de los fondos públicos por parte de Olmedo se realizó en medio de su ferviente cam­paña política con el objetivo de acceder a una banca en la Cámara de Diputados en representación al departa­mento de Caaguazú, y que hoy además tiene una silla en el Consejo de la Magistra­tura como representante del Poder Ejecutivo.