El ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, indicó que desde la institución se está previendo todo lo relacionado al programa Hambre Cero para el 2025, que entrará en vigencia desde febrero en 173 distritos de todo el país. El titular de cartera señaló que las directrices serán compartidas con los jefes departamentales.

“Ahora entramos en el proceso previo a los llamados a licitaciones de estos 173 distritos que representan casi 700 escuelas en el interior del país. Me voy a reunir con el Consejo de Gobernadores donde le vamos a llevar todas las directivas resueltas en el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), expresó Rojas.

En contacto con “Arriba Hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media señaló que la institución pondrá a disposición de las gobernaciones las propuestas de lotes que no deben sobrepasar los 10.000, además de esto, la planificación geográfica a los efectos que se pueda prever los recursos que se deben destinar de modo a llegar a los 950.000 estudiantes a los que se estima llegar.

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“Venimos planificando desde agosto de este año la implementación del programa, hoy estamos llegando a 90 distritos y vamos a sumar los 173 con cobertura del 100 % hasta el noveno grado. Tenemos un promedio USD 330 millones de forma anual que invertir, es decir, lo que se va a gastar a partir de febrero del 2025″, detalló.

Explicó que los recursos provenientes de los royalties, del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) de las binacionales, representa USD 280 millones de forma anual para destinar a Hambre Cero, además de esto, el Estado a través de recursos propios, destinará entre USD 80 y 100 millones a fin de dar cobertura total a la inversión en este programa.

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El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, informó que el 12 de setiembre se conocerán las ofertas de una licitación abierta para desarrollar obras de desagüe pluvial en una zona complicada por los raudales en días de lluvia, que afecta a los barrios Las Mercedes, Jara y Carmelitas, donde habían ocurrido tragedias. El jefe comunal visitó el sitio, la intersección de la avenida General Santos y la calle San Antonio, para dar esta noticia.

“Tenemos muy buenas noticias para los vecinos del barrio Las Mercedes, del barrio Jara, para los asuncenos en general. Tenemos la solución definitiva a esa problemática, por fin, después de un largo proceso administrativo, bastante tedioso y burocrático, logramos la aprobación del pliego de bases y condiciones, ya de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que está levantado en el portal”, comentó Rodríguez en un audiovisual difundido en su cuenta de la red social X.

“El 12 de setiembre es la apertura de ofertas de la construcción del desagüe pluvial de la cuenca (ubicada en) General Santos y San Antonio”, agregó el intendente asunceno, recordando la tragedia que había acontecido en ese lugar en el año 2014, cuando una pareja brasileña fue arrastrada por un violento raudal y la mujer perdió la vida en ese incidente.

El intendente estuvo acompañado por el director de Obras Municipales, el ingeniero Antoliano Benítez; el jefe de Fiscalización de Obras, ingeniero Martín Ojeda, y otros altos funcionarios de la Dirección General de Obras. Las cuencas de General Santos y San Antonio tienen un costo referenciado por la comuna de 50.000 millones de guaraníes, y la segunda, la cuenca Santo Domingo, de 90.000 millones de guaraníes.

El titular municipal remarcó que se buscan resolver “eternos problemas de calles donde el agua arrastraba el asfaltado, donde el agua ingresaba a las viviendas, por citar algunas calles, la calle Pitiantuta, la calle Florida, aquí General Santos y San Antonio. Estamos triplicando la cantidad histórica de desagüe pluvial y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo esta obra”.

El pasado 1 de agosto, el Poder Ejecutivo firmó el decreto que reglamenta la ley 7.021 “de suministros y compras públicas”, el cual incorpora parámetros claros para dar seguridad jurídica, tanto a los oferentes como al Estado, explicó Óscar Lovera, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“A lo que apuntamos sobre todo en este proceso es a que las reglas sean claras, que todos los actores, en este caso los que son proveedores del Estado como las convocantes tengan reglas claras y no haya controversias al momento de un proceso de licitación y al ejecutar un contrato firmado”, detalló.

Lovera indicó que este decreto corrige ciertos aspectos de la anterior reglamentación que fue emitida el última día del gobierno de Mario de Abdo, es decir, el 14 de agosto del 2023. De acuerdo a lo expuesto, en dicho documento había ciertas lagunas y criterios que no estaban bien delimitados respecto a la intervención que debían tener los diferentes actores.

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“Es un paso más adelante de lo que era la anterior ley 2.051, una ley de compras públicas que solamente se enfocaba en el proceso de gestión de las compras y donde el rector era la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Ahora tenemos una visión de cadena de lo que es el suministro público y el sistema nacional de compras públicas”, sostuvo.

De esta forma, la nueva ley parte desde la planificación, es decir, desde la programación de compras, prevé todo el proceso de adquisición de los bienes y servicios sobre el cual hay un registro y posteriormente se realiza una evaluación a los efectos de determinar si el proceso fue eficiente, si logró cubrir las necesidades que estaban determinadas que ese era el bien y servicio que se debía adquirir.

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Algunos aspectos que introduce la ley 7.021 es la incorporación de las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al proceso a los efectos de incentivar su participación como proveedoras del Estado, señaló Lovera, quien añadió que entendían que era insuficiente lo que estaba previsto y por eso se profundizó en este sentido, en un trabajo en conjunto con el Viceministerio de Mipymes y otros sectores para que existan reglas claras.

“En lo que hace a los demás proveedores, hemos hecho algunas precisiones para que el proceso en lo que hace a consorcios y a la terminación de los contratos, para que tengan una claridad definida porque en la anterior reglamentación había cuestiones ambiguas que no daban seguridad jurídica a los oferentes respecto a cómo podía impactar una situación”, refirió a la 1080 AM.

“Yo estoy en el rubro del asfalto hace 22 años; fue bastante difícil competir con el expresidente Mario Abdo Benítez durante esos 5 años. Fue duro”, manifestó Silvia Niederberger, directora de Productos Paraguayos S. R. L. (Produpar). Sin el asfalto del dirigente político no había contrato de obras con el Estado, una condicionante no escrita en los papeles, pero que asegu­raba el negocio en el sustan­cioso ámbito de las licitacio­nes de rutas.

“Tuvimos la experiencia de que costaba vender a los clientes quienes nos referían que ellos debían comprar del presidente, sintieron como una obligación de comprarle”, manifestó la empresaria del rubro de la construcción en una entrevista con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo corroboró las versiones de que las firmas que accedían a ganar licitaciones en el gobierno de Abdo debían comprar asfalto de las empresas Almacenamiento y Distribución de Asfalto S. A. (Aldia SA) y Creando Tecnología S. A. (Createc SA), donde el exjefe de Estado es el accionista mayoritario.

“Así es y no es dicho por mí, sino por cada uno de los clientes a quienes recurría para vender y escuchaba estás mismas historias siempre. Realmente en el precio puedo decir que siempre hemos competido por un dolar, el precio no era el problema, sino la presión por la obligatoriedad de comprarle al presidente, atado al cobro y a la extensión aveces de los contratos”,

Niederberger acotó: “Yo no tengo pruebas, pero en esos 5 años decían los clientes que firmaban un contrato de provisión y adjudicación. Esto era un problema grave porque los clientes tenían mucho miedo de comprar (a otras empresas competidoras) porque no cobraban”.

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La directora de la firma Produpar detalló que la firma Aldia S. A. tuvo un crecimiento exponencial en cuanto a sus ventas, una vez que Abdo Benítez se instaló en el gobierno.

“Ellos llegaron a vender 10.000 a 12.000 toneladas al mes y yo llegaba a vender 2.000 toneladas al mes, pero antes no había esa diferencia de 5 o 6. Ellos llegaban a vender 2.000 toneladas y yo cerca de 1.200 toneladas al mes. Yo gané una licitación en el 2020, pero durante 4 años no me pagaron. En un tiempo largo no vendí nada, durante un periodo de 9 meses”, contó.

Agregó que durante el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania solo las firmas de Abdo Benítez lograban la adquisición de asfalto. “No podíamos comprar del mismo proveedor, porque es diferente que llame un ser humano normal a pedir provisión de asfalto a que llame el presidente de la República. Yo traje asfalto de Rusia mucho antes de la guerra”, indicó.

Las afirmaciones de la empresaria surgieron tras tomar estado público el lunes algunos resultados de la fiscalización impulsada por la Contraloría sobre las declaraciones juradas de Abdo Benítez. El análisis, elaborado con base en datos proporcionados por Ingresos Tributarios detalla un mecanismo financiero que podría estar vinculado a una evasión de impuestos por parte de las empresas del expresidente por un monto aproximado de USD 45 millones que fueron declarados como “reservas”.

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