Los valores anuales del endeudamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad del Instituto de Previsión Social reflejan el resultado de cuestionadas administraciones. Pues de tener en el 2018 un déficit de US$ 36 millones, al cierre del año pasado llegó a US$ 111 millones.

Aunque ya es de público conoci­miento las obliga­ciones que el Instituto de Pre­visión Social (IPS) tiene con sus proveedores, no es menos importante resaltar que esta situación tuvo una exponen­cial ascendencia en los últi­mos cuatro años del gobierno de Mario Abdo Benítez. Hoy la deuda acumulada es de US$ 240 millones.

Durante los últimos años el IPS tuvo a tres personas al frente del Consejo de Admi­nistración, el primero fue Armando Daniel Rodríguez Franco, el segundo presi­dente fue Andrés Gubetich Mojoli, y el último y actual titular es Vicente Mario Bata­glia Araújo. Cada uno de los presidentes de la previsional tuvieron un escándalo y fue­ron bastante criticados por la forma en que administraron la institución.

El área de salud viene teniendo diferencias sus­tanciales entre los ingre­sos y egresos anuales, según informes económicos globa­les del Fondo de Enfermedad y Maternidad. De hecho, el último año que no se regis­tró un déficit fue en el 2017 cuando quedó un saldo posi­tivo de G. 243.164 millones, que en moneda americana representan US$ 34 millo­nes (al cambio actual).

Sin embargo, en el 2018 el défi­cit del IPS fue de G. 256.369 millones, unos US$ 36 millo­nes. Este consecutivo endeu­damiento fue subiendo año a año en el último período, donde ya no hubo vuelta atrás al déficit.

Para el año 2019 el cierre fue de nuevo en negativo con menos G. 453.483 millones, duplicando al año anterior. La misma situa­ción se volvió a dar en el 2020, cuando el déficit cerró en G. 904.206 millones, cerca de US$ 126 millones, doblando de nuevo a lo contraído con el anterior ejercicio fiscal. Este fue el año con mayor diferencia entre el egreso total y el ingreso declarado.

El mismo informe refiere que en el 2021 el Instituto de Pre­visión Social tuvo en el área de salud un saldo negativo de G. 792.478 millones; es decir, unos US$ 111 millones.

De esta forma vemos que com­parativamente desde el 2018 hasta el año pasado se triplicó el endeudamiento que tiene el Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS para con los proveedores de servicios tercerizados, farmacéuticas, equipos médicos y otros.

Recordemos también que el pasado miércoles el gerente administrativo de la pre­visional, José Luis Urizar, explicó a La Nación/Nación Media que, tras reprograma­ciones de cumplimientos de compromisos, al cierre del mes de setiembre la deuda total con los proveedores asciende a US$ 240 millones. Sin embargo, también indicó que, así como se está presen­tando, el actual ejercicio fiscal cierre con la misma tendencia.

Otro de los puntos claves es que, de mantenerse esta situa­ción de tan grande déficit del área de salud, los afectados serían los asegurados, puesto que están en riesgo las pres­taciones de atención médica y/o la provisión de medica­mentos.

Datos del Observatorio Ins­titucional del IPS reflejan que a setiembre hay un total de 1.513.941 asegurados, que al decir del alto funcionario, podrían verse afectados en los servicios.

En este punto es impor­tante resaltar que actual­mente unos 5.000 pacientes siguen algún tipo de trata­miento contra el cáncer en los hospitales dependientes de la previsional. Esta pobla­ción requiere medicamentos oncológicos y hematológicos de los más costosos y de pri­mera línea para la terapia del tratamiento contra el cáncer, que es la segunda causa de muerte en adultos luego de los accidentes cerebrovasculares y la primera causa de muerte infantil.

Al analizar el universo de la realidad del IPS, un dato no menor es observar también quiénes son los que adeudan a la institución. En primer lugar hay una deuda histórica del Estado paraguayo que sería de aproximadamente US$ 450 millones, que se generó por el incumplimiento del aporte del 1,5% por carga de trabajo, que está en la estructura norma­tiva de creación del sistema de seguro social.

Pero, por otro lado, tam­bién existe una deuda de los empleadores. Según informes oficiales, hasta julio del 2022 se tenía un total de 69.233 empresas aportantes, pero solamente 42.340 estaban al día en sus compromisos.

Esta situación es una que debería ser atendida porque no solamente arriesga el ser­vicio para el trabajador, sino que además se puede hablar de una contravención a la norma.

Por último, es relevante señalar que la Ley 5655/16 establece en el artículo 3 punto 2 que si el empleador, luego de haber descontado del salario el monto corres­pondiente al aporte debido por el trabajador para la seguridad social no ingresa u omite ingresar al IPS dicho monto, será castigado con pena privativa de la liber­tad de 1 hasta 5 años o con multa. Pero en el siguiente articulado agrega que en los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años.