El uruguayo supuestamente contó con gran cooperación de organismos estatales para agilizar el montaje de la estructura durante el período en que Paraguay se colocó como epicentro de la narcoexportación. La organización logró establecer conexiones relevantes para los fines ilícitos, accediendo a cooperación e información sensible.

Unidad de Investigación Nación Media

Las transcripciones de las escuchas telefóni­cas remitidas al Minis­terio Público como parte del informe de inteligencia de la operación A Ultranza Py dan cuenta de cómo una organi­zación dedicada al tráfico de cocaína desde Paraguay al mundo logró permear varias secretarías de Estado para su beneficio.

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Estas beneficencias que supuestamente obtenía el uruguayo Sebastián Mar­set al parecer contribuye­ron para que de forma ace­lerada y con suma eficiencia logre montar una estructura que se presume coordinaba envíos de droga a través de contenedores contaminados.

Los registros de entrada al país de Sebastián Marset se inician en abril del 2018.

Para entender el contexto es importante señalar que durante los últimos cuatro años del gobierno de Mario Abdo Benítez, como nunca, en los puertos europeos se incau­taron de aproximadamente 50 toneladas de “cocaína made in Paraguay”. Sin olvidar que el valor de los cargamentos deco­misados por agencias interna­cionales asciende a unos US$ 5.056 millones, según referen­cia de precios de destino.

Volviendo al investigado, los registros de la Direc­ción General de Migraciones mencionan que el uruguayo Sebastián Marset empezó a frecuentar nuestro país desde el 2018, y su primera entrada se registró unos días antes de las elecciones generales de aquel año.

Buscando una salida al problema que generó el pasaporte paraguayo en Dubái, Marset es alertado de una organización en su contra y, según escuchas, un allegado del Vicepresidente le dijo que ahora no le pueden ayudar.

“El objetivo Sebastián Marset tendría una participación activa en cada una de estas etapas en las que se desarrollan las acti­vidades ilícitas, por lo cual se lo considera el principal ideólogo, organizador y supervisor de las operaciones ilícitas. Además, sería uno de los destinatarios mayoritarios de las ganancias generadas por el esquema de tráfico internacional de dro­gas”, revela el informe de inte­ligencia de A Ultranza Py.

Es importante mencionar que los miembros de la organización califican al uruguayo como “El Jefe”; sin embargo, se presume que por encima de él estaría “El Jefe Mayor”, que en el proceso de la investigación no fue iden­tificado, refieren fuentes.

Tampoco es un dato menor que el Departamento de Identifi­caciones de la Policía Nacional haya otorgado a Marset y miem­bros de su familia cédulas para­guayas, de manera “agilizada” y en cuestionable proceso. Incluso el indagado lograba permear controles migrato­rios utilizando documentos bolivianos de contenido falso en ocasiones, revela el informe de inteligencia.

Pero como si faltaran sorpresas, según el documento del SIU, la organización logró obtener información sensible sobre un despliegue táctico en el Chaco, que tenía como fin la incau­tación de una narcoavioneta cargada de cocaína. Se manejó la hipótesis que el aviso a los narcos se dio en la fase previa al operativo y la aeronave no descendió.

El secretario del uruguayo ya le informa cuál es la unidad policial que lo investiga, el Comando Tripartito.

Además, ya estando Marset detenido en Dubái por proble­mas con un pasaporte para­guayo adulterado, la orga­nización buscó ayuda para solucionar el impasse del jefe contactando a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, e incluso llegando supuestamente a un colabora­dor del número dos del Palacio de López, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

Al día de hoy, la historia sigue con el uruguayo en libertad. Existe un elemento clave por el cual se presume que Sebas­tián Marset decide no regresar más al Paraguay, y es porque fue avisado de una investiga­ción del Ministerio del Interior y del Comando Tripartito de la Policía Nacional. En los fac­símiles se pueden observar en detalle las filtraciones, que se dieron durante la administra­ción de Arnaldo Giuzzio.

Hasta el momento los supues­tos mayores referentes de la organización criminal siguen prófugos de la Justicia, e incluso la Senad y el Ministe­rio Público aún no determi­nan la identidad del elemento superior por encima del uru­guayo, llamado por todos como “El Jefe Mayor”.

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