Desde el Viceministerio de Trasporte insisten en una campaña en redes y otros medios, alegando supuesto “ahorro” para presionar por la suspendida convocatoria a licitación de las 130 paradas de buses a precios “de oro”. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas había iniciado una investigación que llevó a la orden de suspensión del proceso ante primeras irregularidades detectadas. Mediatizaron un estudio de prefactibilidad de hace 5 años atrás, pero no explican sobre compras reiteradas previstas ni las denuncias de posible direccionamiento.

• Por Santiago Rodríguez
• santiago.rodriguez@nacionmedia.com

Luego de la suspensión del llamado a licita­ción para la “Adqui­sición de bienes y servicios para la aplicación de tecno­logías avanzadas en paradas de buses y ómnibus para la fiscalización y seguridad del servicio de trasporte público de Asunción y del Área Metropolitana” por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Viceministerio de Trasporte presiona para darle continuidad al proceso, acudiendo a la mediatización de un estudio de prefactibi­lidad que data de hace cinco años atrás.

El “Estudio de prefactibili­dad para el Centro de Con­trol de Tráfico Integral del Paraguay” forma parte de un plan maestro para el mejo­ramiento integral del sis­tema de trasporte público, que abarca desde la correcta señalización de las calles hasta un uso coordinado de los semáforos para el descon­gestionamiento del tránsito en Asunción y todo el depar­tamento Central, mientras que en el actual llamado se reduce a la construcción de 130 paradas de buses para ser minadas de tecnología en su mayoría ya compradas, lo que implica un despilfarro.

El llamado de las “paradas de oro” es por US$ 12 millo­nes y es muy cuestionado por coincidir con la cam­paña electoral.

A través de su portal, el Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) promociona un supuesto “ahorro” al que incurren con la megalicita­ción de las “paradas de oro”; sin embargo, contemplan elementos como cámaras, equipos de GPS, un centro de control y monitoreo, una aplicación de geoposiciona­miento de las distintas uni­dades de trasporte público, mismos que eran necesa­rios hace cinco años atrás por su ausencia en el sis­tema de trasporte, pero que hoy día sí ya están presentes; sin embargo, son incluidos nuevamente en el llamado a licitación en cuestión.

Por otra parte, el Vicemi­nisterio de Transporte hace presión para la aprobación ciudadana de dicho llamado mediante el uso de sus redes sociales. “La seguridad en el trasporte público es una de nuestras prioridades. Es por eso que, además de reforzar la seguridad en las paradas en conjunto con la Policía Nacional, estamos trabajando en la implemen­tación de tecnología en los refugios y buses”, menciona una publicación realizada en la cuenta de Facebook de la institución.

Hay que recordar que justa­mente esta inclusión de ele­mentos reiterados es uno de los puntos cuestionados den­tro de las numerosas denun­cias presentadas en contra de este llamado a licitación tanto en la Dirección Nacio­nal de Contrataciones Públi­cas (DNCP), en la Contraloría General de la República (CGR) como en la Secretaría Nacio­nal Anticorrupción (Senac), donde está siendo investigado por un supuesto direccionamiento hacia la empresa TSV del Paraguay. El llamado tam­bién es objetado por los esca­sos 30 días de tiempo que se prevén para el desarrollo del software de posicionamiento de buses, dejando ver la forma apresurada con la que se pre­tende asegurar el desembolso del 20% del anticipo antes de las elecciones previstas para diciembre.

Debido a estas acusaciones, la CGR resolvió exigir a la convocante los documen­tos de justificación donde se explique la necesidad de gas­tar esta fortuna en la construcción de 130 paradas de buses; la disponibilidad pre­supuestaria, siendo que hasta la fecha no se conoce de dónde saldrán los fondos para esta licitación; los métodos para la estimación de costos por los cuales presupuestaron, por ejemplo, un escritorio de madera con dos cajones en G. 17 millones, entre otros.

Cabe mencionar que, jus­tamente este escritorio fue el detonante que sirvió para que la DNCP resuelva suspender mediante reso­lución este llamado a lici­tación, al menos mientras duren las investigaciones, debido al hallazgo de “indi­cios de irregularidades” en el mismo.

El viceministro de Finanzas del MOPC, Carlino Velázquez, anunció que los costos de peaje aumentarán entre G. 2.000 y G. 8.000, aproximadamente, para automóviles.

En medio de una fuerte cri­sis económica en la que todo sube y la pesada herencia de la pandemia, el viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, Carlino Velázquez, anunció el aumento gradual en la tarifa de entre G. 2.000 y G. 8.000 para los peajes en sus 14 puestos de cobranza.

Al respecto, no se hicieron esperar las protestas, por ejemplo en Minga Guazú donde el puesto de peaje divide la ciudad en dos, por lo que los lugareños deben abonar la tarifa cada vez que tengan que movilizarse al otro lado de su ciudad, motivo que los llevó a realizar una serie de mani­festaciones, buscando la exo­neración de este pago.

Este aumento se da con la excusa de ayudar a saldar la deuda de US$ 400 millones con las constructoras; sin embargo, esta misma cartera de Estado, mientras habla de escasez a la hora de saldar sus compromisos, también se encuentra buscando des­embolsar fortunas en otras licitaciones como son los US$ 12 millones que se pre­vén para la construcción de 130 paradas de buses y los G. 7.350 millones que se prevén para un nuevo software de interconexión entre casetas de peajes.