El Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezado por el cuestionado Vicente Bataglia, reparte multimillonarios contratos entre sus mimados oferentes, muchos de esos contratos son mantenidos con ilegales “extensiones” y operan prácticamente en negro. Todo este escandaloso escenario se da en plena campaña política.

Estos son los casos de las empresas Potî, de Alberto “Pulpo” Palumbo, amigo del vicepresidente Hugo Velázquez, que reclama ya a la previsional G. 30.000 millones por seis meses de servicios de limpieza sin adenda y sin contrato; es decir, de manera informal.

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A esto se le suma también la cuestionada licitación, también por servicios de limpieza, adjudicada a la firma Cevima por G. 50.367 millones y que está claramente viciada, según un contundente informe técnico de la Contraloría General de la República.

Más allá de las falencias de los recursos públicos por parte de la administración pública, también es cuestionable que estas firmas abonan migajas a sus empleados contratados para los servicios de limpieza del Instituto de Previsión Social.

Según los informes técnicos, estas firmas presentan un costo por persona de limpieza que ronda entre los G. 6 millones y G. 7 millones, cuando los empleados de las firmas adjudicadas (con suerte) perciben el salario mínimo.

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