El director general de Control de Contrataciones Públicas de la Contraloría General de la República (CGR), Paul Ojeda, confirmó en comunicación con Universo 970 AM-Nación Media las irregularidades en la contratación de servicios de limpieza que realizó el Instituto de Previsión Social (IPS) y reveladas por una investigación de nuestro medio.

Incluso, el funcionario fue más allá al señalar que se podría decir que es un llamado dirigido y agregó que “lo llamativo es que declararon desiertos los demás lotes”. El mismo dictamen técnico de la CGR revela además que ya desde el pliego de bases y condiciones (PBC) se ha limitado la participación de oferentes en el proceso de contratación.

Recordemos que el IPS llamó a licitación de limpieza por G. 109.000 millones, pero solamente pudo adjudicar una parte correspondiente a G. 50.367 millones. La otra mayor parte que estaba lista para ser concedida a proveedores de Alberto “Pulpo” Palumbo, amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, pero todo quedó estancado tras las sucesivas irregularidades que salpican al presidente de la previsional Vicente Bataglia.

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En cuanto al personal contratado, el informe concluyente de la CGR menciona que se realizó una comparación entre la Planilla de Declaración Jurada de Salarios del IPS del mes de marzo del 2022 de la empresa Cevima con el formulario del personal contratado presentado por dicha firma.

Si bien la cantidad de personal contratado coincide con la cantidad requerida, hay que mencionar que en el cotejo de personas declaradas por la empresa contratante se ha detectado que también figuran personas que prestan servicios en la función pública. “Se verificó que funcionarios públicos figuran como limpiadores. Antes del llamado se debió verificar esta situación”, sentenció Ojeda.

El director de Control de la Contraloría se refirió a la “extensión” de contrato que el administrador del IPS le hizo a Palumbo para asegurarle adjudicación de dos megalotes de limpieza y remarcó que este acuerdo en negro es claramente una contravención a las normativas legales.

“Un contrato debe estar basado en un proceso licitatorio. Si no hay adenda, contrato, o si simplemente se trata de un acuerdo de palabra, es una situación irregular”, mencionó Ojeda, quien recalcó claramente que el “IPS debe asumir la responsabilidad administrativa” por estas maniobras de Bataglia.

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