Por Santiago Rodríguez, santiago.rodriguez@nacionmedia.com
La no provisión de los documentos torna más dudoso el apresurado interés del Ministerio de Obras en licitar la construcción de 130 casetas por valor de G. 84.000 millones sin que se cuente con fuente de financiamiento y en la pesca de manotear parte del préstamo de US$ 100 millones para pago de deudas a constructoras.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ignoró el plazo establecido por la Contraloría General de la República (CGR) para la remisión de los documentos pertinentes a la megalicitación de las “paradas de oro” que se licita por US$ 12 millones.
El pasado 7 de julio la CGR emplazó a la convocante a presentar en 5 días hábiles los documentos pertinentes en donde se detallen la necesidad de realizar este llamado en medio de una crisis económica y justo meses antes de las elecciones partidarias; la disponibilidad presupuestaria cuando hasta la fecha se desconoce de dónde saldrán los fondos; el estudio por el cual se llevó a cabo la estimación de los precios referenciales ya que incluyen compras de muebles que nada tienen que ver con la parada de un bus como, por ejemplo, escritorio de madera a G. 17 millones.
Sin embargo, al haber pasado ya más de 8 días hábiles desde este requerimiento de la Contraloría y el MOPC no remitió hasta el día de ayer ni un solo papel, tampoco pedido de una prórroga con lo que ningunea al ente de control.
Cabe recordar que desde la publicación del llamado el MOPC esquiva consultas sobre el tema, la falta de transparencia genera muchas sospechas sobre la licitación y las finalidades de esta porque se desconoce un plan integral que merezca gastar G. 84.000 para construir paradas con miles de cámaras y botones de emergencia.
LOS INFORMES
El requerimiento de informes es en el marco de la apertura de investigaciones por parte de la CGR por las denuncias de irregularidades en el pliego de bases y condiciones (PBS). Las quejas también fueron notificadas a la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Vale aclarar que en estas denuncias se señalan al viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, por supuesto direccionamiento de la megalicitación a favor de la empresa TSV del Paraguay, con la que se atribuye un vínculo que, supuestamente arrastra desde sus tiempos como asesor de tecnología ad honórem en el Ministerio del Interior.
TSV es la que se adjudicó la compra de las “comisarías móviles de oro” en la época de Juan Ernesto Villamayor y el desarrollo, mantenimiento del Sistema 911 de la Policía Nacional a la mencionada empresa, con la administración de Arnaldo Giuzzio.
Varias son las dudas que quedan pendientes alrededor de esta compra millonaria: ¿De dónde saldrán los US$ 12 millones?; para qué se quieren comprar cámaras y equipos de GPS nuevos si en los buses ya están instalados?; Por qué pretenden que el sistema de navegación esté listo en apenas 30 días?; mientras el MOPC avanza sin mayores explicaciones.