Por Rossana Escobar M., rossana.escobar@nacionmedia.com
Un poco tarde, pero en el momento más candente del IPS y cuando el presidente, como todo el Consejo de Administración, se encuentran en el ojo de la tormenta, la Contraloría General de la República realizó un duro cruce sobre las limitaciones que pusieron al síndico del organismo de control en la previsional por resolución hace ya más de tres años.
El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y todo el Consejo de Administración se encuentran en su peor momento y tras ellos arrastran a la entidad emblemática del seguro social.
En medio de escraches por denuncias de negligencia, desidia, corrupción en licitaciones como la trascendida en el rubro de limpieza, cuestionamientos desde el Congreso de la Nación y manifestaciones que comenzaron a tomar fuerza, la Contraloría General de la República (CGR) abre un nuevo frente para Bataglia y el Consejo, con una férrea notificación en la que recuerda las atribuciones que tiene el síndico asignado por el ente de control y las posibles acciones en caso de limitaciones.
Si bien la Contraloría reaccionó 3 años y 8 meses después de que IPS “ajustara” las funciones de su síndico, la notificación que remitió a la previsional refiere una dura advertencia que genera otro golpe para la ya gastada gestión de Bataglia.
Por resolución del Consejo de Administración de fecha 1 de noviembre del 2018 se habían aprobado “los ajustes en la Estructura Organizacional del Gabinete de la Presidencia del Instituto de Previsión Social”, se establece, entre otros puntos, que “la representación de la Contraloría General de la República ante el Instituto de Previsión Social (Sindicatura) constituye un órgano externo a la institución, por lo que el síndico no forma parte del Consejo de Administración ni de los procesos internos del instituto”. Es decir, una de las primeras decisiones dadas en la institución con este gobierno fue cercenar la transparencia, limitando los controles administrativos.
La mencionada resolución se trajo a colación el 26 de agosto del 2021, cuando el Consejo aprobó, entre otras cosas, el traslado de los cargos, categorías salariales y asignaciones complementarias asignados a la sindicatura representante de la CGR en el IPS, según reza el documento que acompaña este artículo. Esta decisión estaba a conocimiento del ente de control que, en este momento de puro fuego en la previsional, también lanzó dardos al presidente Bataglia sobre las atribuciones que tiene el fiscalizador asignado.
Tras fuertes declaraciones brindadas por el contralor general, Camilo Benítez, a la prensa, remitió una nota al presidente Bataglia en la que se explayó sobre las atribuciones del síndico asignado de pedir informes, fiscalizar todos los trámites administrativos, pagos, etc. La misiva se remata con el recordatorio de que la falta de provisión de insumos requeridos dará lugar al inicio de acciones judiciales previstas en el artículo 20 de la Ley de la Contraloría.