Por Santiago Rodríguez, santiago.rodriguez@nacionmedia.com
La Contraloría General de la República se suma a las investigaciones de la megalicitación de US$ 12 millones y requirió al Ministerio de Obras informes que justifiquen el llamado para la construcción de las casetas, la compra de tecnología, etc.
Luego de varias denuncias presentadas en contra de la megalicitación de las paradas de buses a precios “de oro”, la Contraloría General de la República (CGR) en la tarde de ayer emplazó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a que remita los documentos que justifican tanto la necesidad de este llamado como el gasto de los US$ 12 millones que se tienen previstos para la contratación.
“Al respecto, este organismo superior de control solicita la remisión de los antecedentes que respaldan la licitación de referencia”, indica el documento emitido por la CGR y firmada por su titular, el doctor Camilo Benítez.
Asimismo, la CGR solicita a la convocante los documentos del procedimiento llevado a cabo para la estimación de los precios referenciales, en donde se pueden encontrar ítems como un escritorio de madera con un costo de G. 17 millones; un certificado de disponibilidad presupuestaria cuando hasta la fecha de hoy en la que se tiene prevista la apertura de sobres, aún no se sabe de dónde saldrán los fondos para llevar a cabo esta compra.
Contraloría también requiere la resolución de aprobación de adendas, modificaciones que llevaron a este llamado a postergar su apertura de ofertas del 26 de junio pasado hasta la fecha de hoy; entre otros documentos que deberán ser entregados en un plazo de 5 días.
Vale recordar que este llamado está minado de denuncias presentadas primeramente ante la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), luego en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y una última en la CGR. Todos los reclamos giran principalmente en torno a un supuesto direccionamiento a favor de la empresa TSV del Paraguay.
Además, las denuncias remitidas a los organismos de control refieren numerosas irregularidades dentro de su pliego de bases y condiciones como es el desarrollo de un sistema de navegación, más complejo que el utilizado por el sistema de billetaje electrónico en apenas 30 días.
Un dato no menor es que en todas las denuncias presentadas se sugiere un vínculo entre el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, hecho publicado por nuestro medio y que enervó al viceministro al punto de comunicarse de manera prepotente para cuestionar “para qué se insiste en algo que ya aclaró”.