Por Santiago Rodríguez, santiago.rodriguez@nacionmedia.com

Cuestionada megalicitación denunciada por La Nación/Nación Media para comprar tecnología que en su mayoría ya se tiene, como cámaras, equipos de GPS y centro de monitoreo, además de suspicaz requisito que favorece a proveedor de las comisarías, generó investigación de oficio por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El viceministro de Transporte, promotor del llamado, es muy cuestionado en denuncias arrimadas a la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Contraloría y al ente regulador de compras del Estado.nece

La serie de cuestionamientos evidenciados con las investigaciones de nuestro medio respecto al exorbitante llamado a licitación para las “paradas de oro” del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, generó una investigación de oficio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). En dicha compra se contempla el gasto de unos US$ 12 millones para la construcción y adecuación de 130 casetas repletas de tecnología en varios casos ya existente hoy día en el sistema de transporte público.

Invitación al canal de WhatsApp de La Nación PY

El llamado paró la oreja de varios interesados y tras las publicaciones de La Nación se realizaron varios reclamos contra el pliego de bases y condiciones (PBC). Hasta la fecha se presentaron ya tres denuncias en contra de esta licitación, la primera el 10 de junio en la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), luego el 30 de junio pasado ante la DNCP y el 4 de julio ante la Contraloría General de la República (CGR), todas acusando de direccionamiento de dicha compra a favor de la empresa TSV del Paraguay SRL. Además de cuestionamientos sobre requisitos súper acelerados imposibles de cumplir, la compra de insumos ya disponibles como cámaras de seguridad para los ómnibus, GPS y hasta el centro de monitoreo cuando el MOPC cuenta con uno inaugurado hace un par de años.

“De las denuncias recibidas a través del Módulo de Investigaciones Electrónicas, se desprende que existen indicios de irregularidades en los procedimientos de licitación en cuestión. Por lo que esta Dirección Nacional considera oportuno actuar en el ámbito de sus competencias a fin de investigar que los actos de los procedimientos de contratación se ajustan a las disposiciones de la ley”, reza la resolución número 2241/22 de fecha 4 de julio del 2022 emitida por la DNCP, que da inicio al análisis del llamado. La abogada Gabriela Santacruz es la funcionaria asignada para el efecto.

El titular de la DNCP, Pablo Seitz, comentó que la investigación no debería durar más de un mes y que “antes de la apertura definirán si es necesario suspenderla”.

SOSPECHAS

Se especula entre las denuncias acerca de las intenciones con la apresurada licitación en la que se omiten cuestiones elementales sobre el tiempo que lleva la instalación del software, la falta de datos como las ubicaciones de las paradas a ser construidas o comisarías en donde serán instalados los puestos de monitoreo, además de especificaciones necesarias como el tipo de servicio de internet que se requerirá, el lugar en donde deberán ir tanto los botones de pánico como las bocinas del sistema de audio para invidentes en las casetas, entre otros, dejando ver la forma apresurada en la que se elaboró el pliego de bases y condiciones del llamado.

Vale recordar que la empresa a la que sindican de potencial adjudicada es la misma que fue contratada por el Ministerio del Interior para la recordada compra de las “comisarías de oro”, bajo la administración de Juan Ernesto Villamayor. Asimismo, TSV fue seleccionada durante la gestión de Arnaldo Giuzzio en la citada cartera de Estado para la adquisición y actualización del Sistema 911 por el valor de G. 6.439 millones en diciembre del año pasado.

Justamente esta última contratación, según la denuncia presentada por afectados ante los organismos de control, es la que otorga una aparente ventaja a TSV en comparación con otros oferentes, debido a que posee las llaves de código del sistema al que se dispone para la transmisión de toda la información a ser recolectada por las miles de cámaras, cientos de botones de emergencia y equipos de geolocalización que están contemplados dentro del nuevo llamado.

Otro aspecto es que dentro del pliego de bases y condiciones de la compra se contempla la adquisición de elementos con precios totalmente ridículos como un escritorio de madera con dos cajones presupuestado por G. 17.596.725 y la provisión e instalación de una puerta de 1,80 x 2,10 por el valor de G. 5.214.750, además de otras tres puertas metálicas antifuego de 1,20 x 2,10 tarifadas en G. 15.720.750.

“Según los datos que recibimos, el viceministro Víctor Sánchez ya era asesor del Ministerio del Interior durante la época en que la empresa TSV del Paraguay SRL y sus empresas asociadas a los mismos accionistas venían ganando contratos con modalidades casi idénticas al de esta licitación. En el rubro de la tecnología se comenta que el viceministro Sánchez mantiene una cercana relación con la referida empresa”, dice parte de la denuncia presentada ante la DNCP.

Por otra parte, la denuncia señala la forma apresurada en la que se está llevando este llamado a licitación, la cual pretende un desembolso de G. 84.032 millones a escasos cinco meses de las elecciones partidarias de diciembre próximo, haciendo que sea bastante alevoso y prácticamente anunciando que se trata de una compra “procampaña”. Al menos de esta forma cobraría total sentido el hecho de que aun sin conocer la fuente de financiamiento ya se prevé para la misma un adelanto del 20% para quien resulte ganador.

Vale aclarar que, si bien aún no se define de dónde saldrá el dinero para esta compra, todo apunta a otro endeudamiento. Documentos que forman parte del llamado refieren que la licitación tiene expectativas en el crédito internacional de US$ 100 millones que está siendo estudiado en el Congreso, aunque Walter Recalde, de la Unidad de Contrataciones, planteó posible reprogramación presupuestaria del MOPC.

Resolución de investigación de Contrataciones Públicas contra licitación de las “paradas de oro”.

Dejanos tu comentario