El senador Enrique Riera presentó otro proyecto de declaración para que Petropar desista del despilfarro en licitaciones, concerniente al ingreso de personal vía consultora, debido a que sigue vigente un contrato anterior. La iniciativa generó un pedido de informe sobre cómo y a quién se va a beneficiar con los US$ 7 millones; si Denis Lichi no justifica, pedirán cancelación del llamado.

Nuevamente el sena­dor Enrique Riera presentó un pro­yecto de declaración en el que insta a Petropar, es decir a la administración de Denis Lichi, a suspender el llamado a licitación para la contrata­ción de una firma especia­lizada en gestión de talento humano de forma tempo­ral, que generó un escándalo luego de que nuestro medio publicara el caso.

Tras el debate tratado sobre tablas ayer, se resolvió pedir todos los informes sobre la cantidad de funcionarios que requiere la petrolera en el lla­mado de G. 48.600 millones, así como las asignaciones de cada personal y sus lugares de trabajo. Todo esto antes del 15 de julio próximo, fecha en que se volverá a tocar este tema y se definirá si se justi­fica o no.

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La licitación de casi G. 50.000 millones que no convence y que Lichi deberá argumentar.

Riera cuestionó, además, el porqué no se solicita al Minis­terio de Hacienda la crea­ción de rubros estatales que permitan a sus operadores seguir trabajando de forma directa con la petrolera, en lugar de hacerlo a través de una empresa intermediaria. Argumentó su observación en que esta práctica demues­tra la falta de voluntad polí­tica de parte del presidente de la República, Mario Abdo, para asegurar el empleo de los funcionarios afectados, ya que “si él maneja tanto al ministro de Hacienda, como a Petropar, entonces está en sus facultades el crear estos puestos para asegurar la mano de obra que requiere la institución”, aseveró.

Por su parte, el senador Abel González señaló que “Petro­par tiene actualmente un contrato activo de G. 36.000 millones de donde se ejecu­taron G. 30.000 millones y queda un saldo en caja de G. 6.000 millones que se tiene que ejecutar”. Este comen­tario deja en evidencia que el pedido no es urgente tal como alegaron desde la Dirección de Gabinete de la petrolera la semana pasada, y aseguraban los funcionarios sindicalistas de la estatal.

Uno de los puntos más cues­tionados dentro de la sesión fue la cantidad de funciona­rios a ser contratados por medio de esta licitación y si estas contrataciones tam­bién corresponden al per­sonal que prestará servicios en los distintos surtidores privados con el emblema de Petropar o si contemplan a un plan masivo de habilita­ción de nuevas sedes propias.

Según el senador González, “de los G. 36.000 millones del contrato anterior, aún quedan disponibles G. 6.000 millones para contrataciones hasta junio del 2023”.

Al respecto, el director de Gabinete de la petrolera, Wiliam Wilka, comentó en su momento que para cada estación de servicios se nece­sitan al rededor de 20 ope­radores y, sin embargo, el nuevo contrato que buscan llevar a cabo contempla la contratación de 500 colabo­radores cuando el emblema tiene solo cuatro surtidores propios hasta la fecha.

El senador Amado Florentín añadió que: “Esta es una exce­lente oportunidad de saber cuántos funcionarios tienen y dónde están trabajando estos empleados”. Aclaró, además, que la empresa estatal tiene cuatro estaciones de servicios propias, con cuatro turnos en cada una. Entonces, más de 100 empleados “no deberían estar operando”, según sus cálculos.

DEBE RENUNCIAR

El senador Riera recriminó nuevamente a Denis Lichi por no apartarse de su cargo siendo que es candidato para la Gobernación de Cordillera con vistas a las elecciones del diciembre próximo. “El presi­dente de Petropar tiene que pedir permiso por lo menos. Si no lo hace, entonces lo mínimo que podemos hacer es evitar que el dinero de los paraguayos sea usado para un sector de un partido político”, resaltó Riera.

Vale recordar que la licitación tratada ayer en la sesión de Senadores es solo una de las que vino publicando recien­temente la petrolera. Por otra parte, está el llamado por el cual prevé el gasto de unos G. 1.500 millones para alqui­ler de impresoras, y también los G. 4.435 millones para la contratación de un servicio de limpieza, 54% más caro desde la última contratación similar hace apenas un año y medio atrás.

Sindicalistas presionan para contratación de firma tercerizada y tienen familiares favorecidos con la licitación.

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