Tras la candidatura a gobernador de Cordillera del presidente de Petropar, Denis Lichi, funcionarios y personal contratado por vía tercerizada de la petrolera se embarcaron en un traslado masivo a locales de votación de este departamento. Las “movidas” se dieron en medio de beneficios extras y aumentos que en algunos casos duplican ingresos de los privilegiados. Estos hechos sugieren el gran interés en licitación de G. 48.600 millones, para seguir incorporando gente.

• Por Santiago Rodríguez
• santiago.rodriguez@nacionmedia.com

Unos 50 funcionarios de Petropar y perso­nal tercerizado rea­lizaron una fuga acelerada de sus distritos de votación al departamento de Cordi­llera, donde es precandidato a gobernador, el presidente de la petrolera estatal, Denis Lichi, según pudimos consta­tar con los registros del Tri­bunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

El éxodo masivo de estos 50 funcionarios “monos” (como son popularmente llamados quienes votan en una ciu­dad distinta en la que viven) se dio principalmente entre los años 2020 y 2021, período en el que pegaron el “salto” a las urnas de Cordillera, principalmente en la seccio­nal número 109 donde el pre­sidente de la estatal es uno de sus conocidos dirigentes. Las planillas del TSJE reve­lan que 37 de estos “monos” cayeron en la seccional de Lichi.

El fanatismo de los funciona­rios “monos” es tan extraor­dinario que, en un solo día, puntualmente, el 23 de diciembre del 2020, víspera de Nochebuena, 18 suscribie­ron traslado de local de vota­ción y fueron reinscriptos en la seccional 109 de Lichi.

La gran huida se dio princi­palmente de Central, en su gran mayoría de Villa Elisa lugar de residencia de gran parte del funcionariado de Petropar, como es el caso de Vicente Raúl Aquino, quien según los datos del TSJE votaba en Villa Elisa hasta el 23 de diciembre del 2020 cuando fue movido hasta la seccional 109. Otros éxo­dos a Cordillera se dieron de Mariano Roque Alonso, Lam­baré, Fernando de la Mora, Luque, etc.

De los migrantes, 30 son identificados como funcio­narios directos de la petro­lera y otros 23 son emplea­dos tercerizados a través de la empresa Dynamus. Coinci­dentemente, con el “salto” de local de votación que pegaron estos funcionarios “monos’, en las planillas salariales aparecen beneficios como aumentos salariales, boni­ficaciones, complementos salariales, entre otros.

Una mirada rápida a la lista de funcionarios “monos”; encontramos que Irma Lucía Cáceres González, una licenciada en nutrición que figuraba con ingreso de G. 7.100.000 en el Ministerio de Salud hasta marzo se sumó a la nómina de la petrolera en abril de este año y ahora cobra G. 14.890.491. Pegó el salto de local de votación y también en salario ya que el privilegio se da luego de que la nutricionista fuera trasla­dada para votar en la seccio­nal número 109 Juan Domín­guez, en la ciudad Arroyos y Esteros, el 27 de diciembre del 2020 según indica la fecha de su última inscrip­ción al Registro Cívico Per­manente (RCP).

Otro caso, por ejemplo, es el de Hugo Arnaldo Ayala Argüello, funcionario de Petropar con un ingreso de G. 14.166.394 antes de su tras­lado a la seccional número 151 de Nueva Colombia en Cordi­llera en diciembre del 2021, ahora figura con ingreso de G. 16.262.814.

Emigdio Coronel Torales, otro empleado de la petro­lera que en comparación con sus ingresos antes de diciembre del 2020, cuando fue trasladado para votar en Cordillera, recibió un aumento de G. 4.594.130 hasta la fecha. Igualmente Norman Willians Safstrand Ojeda, conocido sindicalista de Petropar, percibía sueldo de G. 11.523.469 y después del 23 de diciembre del 2020, cuando fue transferido, tam­bién a la seccional 109, pasó a ganar G. 20.306.752.

Luego de las publicaciones del diario La Nación / Nación Media con respecto al llamado a licitación de Petropar por la que busca una firma especializada en contratación de recursos humanos temporales, el Consejo Intersindical de la empresa estatal convocó a una asamblea general extraordinaria para el día de hoy, 23 de junio para “debatir” temas como la situación actual de los trabajadores tercerizados de la institución y plantear medidas a ser tomadas en el caso de ser frenada. Anuncian paralización e incluso cierre de portones en las plantas de la estatal en un abierto con­tubernio con el derroche de G. 48.600 millones que Denis Lichi prevé en licitación de personal tercerizado, en plena campaña electoral.

Mediante nota al presidente del Congreso de la Nación, Óscar Salomón, los sindicalistas aseguran que: “si se deja de lado la continuidad de estas contrataciones, la empresa se verá forzada a desvincular a los ya mencionados 260 trabajadores calificados” y que esto provocará graves consecuencias en el funcionamiento de la empresa por lo que prevén el cese de “algunas actividades”.

Esta desesperación desmedida obedece a lo dicho por los senadores Eusebio Ramón Ayala y Enrique Riera, quie­nes días atrás expresaron su intención de frenar esta licitación hoy, jueves, en la Cámara de Senadores.

El viernes pasado, 17 de junio, Petropar publicaba en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) un llamado para contratación de una “firma espe­cializada para el apoyo en gestión de recursos humanos temporales” por el monto de G. 48.600 millones, aun cuando la misma convocante ya cuenta con un contrato con la empresa Dynamus vigente hasta junio del año que viene por el monto de G. 36.600 millones para el mismo fin.

“Lo que pasa es que crecimos demasiado rápido” había expresado al respecto el director de gabinete de Petropar, Wiliam Wilka.

Mientras la administración Lichi habla de expansión, los contribuyentes son acogota­dos por la suba del precio del combustible. La millonaria licitación para meter gente por la ventana mientras no termina de ejecutarse un contrato anterior y con un pre­supuesto mucho más alto con casi US$ 2 millones de diferencia genera mucha roncha en la ciudadanía y torna blanco de escraches al presidente de Petropar.