Una empresa brasileña se quedará con la producción total de municiones fabricadas por la Dirección de Material Bélico (Dimabel), según el convenio firmado entre la institución castrense y la firma Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC Mercosur). Si bien desde la Dimabel afirman que se trata de un acuerdo previo, el convenio firmado no es otra cosa que la entrega de un 100% de la fábrica al capital brasileño. Esta semana el Senado convoca el Gral. Aldo Ozuna. Piden su destitución inmediata y que sea investigado por la Justicia.

• Por Jorge Torres Romero

Hace unas semanas se dejó al descubierto que existe un avan­zado plan para entregar recur­sos y mano de obra de la Dima­bel a la empresa Compañía Brasileña Cartuchos (CBC), que vendrá a producir muni­ciones para su posterior venta y cuyas ganancias solo bene­ficiarán a la firma extranjera. Se habló de una entrega de soberanía, pero desde la ins­titución militar salieron a des­mentir tal situación.

En su derecho a réplica los representantes de la Dima­bel señalaron que el Acuerdo Previo de Entendimiento fir­mado por la institución con la empresa brasileña CBC Mer­cosur SA le generará cuan­tiosos beneficios económi­cos al país (hablaron de unos 6 millones de dólares) deriva­dos del aumento de la produc­ción a 100% de su capacidad fabril y la comercialización a cargo de la empresa en el mer­cado externo.

Sin embargo existen muchos puntos oscuros en la explica­ción que dieron los represen­tantes de la Dimabel, cuyo titular el general de División Aldo Daniel Ozuna Recalde, todavía no dio la cara con rela­ción a este caso.

En el acuerdo se apunta que CBC Mercosur contratará: “A la Dimabel para la industria­lización por encomienda de municiones en las instalacio­nes de la Dimabel, de manera que esta última pueda utili­zar el 100% de su capacidad fabril. En dicho caso, la CBC Mercosur proveerá de mate­rias primas e insumos nece­sarios y será responsable por la comercialización de las cita­das municiones”

Lo que hace suponer que los productos terminados lleva­rán la marca de CBC y las ven­derá en el mercado externo, sería absurdo que la empresa brasileña produzca muni­ciones que lleven la marca de Dimabel y compitan en el mercado con su propia pro­ducción.

Según manifestaron los representantes de Dimabel, la contraprestación a favor de la institución será acor­dada en contratos específicos, conforme a lo previsto por las cláusulas 2.2 y tercera.

Sin embargo, la cláusula ter­cera en sus partes relevantes señala que la Dimabel podrá “presentar peticiones forma­les por escrito a CBC Merco­sur (”Petición”), con los requi­sitos técnicos y comerciales necesarios para el análisis de la viabilidad técnica y elabo­ración de la propuesta finan­ciera por parte de CBC Mer­cosur para el suministro de componentes o prestación de servicios por la misma CBC Mercosur o por las entidades CBC”. Se habla de una peti­ción, que puede ser aceptada o rechazada, en ninguna parte dice que hay un compromiso.

De esta manera, se entiende que no solamente el asesora­miento técnico respecto a la adecuación y equipamiento de la fábrica de la Dimabel estará a cargo de CBC Mer­cosur, sino también de la pro­visión del equipamiento e ins­talación de las maquinarias y que todo ello será parte de la negociación del modelo de distribución de utilidades; aunque no lo diga explícita­mente asumimos tal conclu­sión basados en las afirmacio­nes de los representantes de la Dimabel de que en estas cláu­sulas se encuentran las bases para los beneficios a ser acor­dados a favor de la institución.

La administración de los bienes del Estado en todas sus modalidades tiene como principios rectores la trans­parencia, publicidad y com­petencia que están previstos en la Ley Nº 2.051/03 “De con­trataciones públicas”, Ley Nº 1.618/00 “De concesiones de obras y servicios públicos” y –no es la excepción– la Ley Nº 5.102/13 “De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejo­ramiento de los bienes y servi­cios a cargo del Estado”.

Teniendo todo esto en cuenta está más que claro que el acuerdo leonino que firmó el general Aldo Ozuna, no puede ser llevado por cuerda separada, cuando existe una ley de contrataciones públi­cas que rige la manera y tér­minos en que se deben hacer estos acuerdos y también está vigente la Ley Nº 5.102/13, por lo que este acuerdo debe ser anulado. Es más, el sim­ple hecho de estar firmando un acuerdo por encima de las leyes debería ser razón suficiente para que la Fisca­lía tome cartas en el asunto e investigue las oscuras aris­tas de todo lo que se viene dando desde fines del año pasado cuando se presentó el acuerdo como un negocio para el Estado, cuando en la prác­tica no lo es.

La Dimabel puede estable­cer mecanismos de inver­sión privada para adecuar su infraestructura y producir los bienes que son objeto de su cometido institucional, pero no lo puede hacer a su antojo, discrecionalmente y de manera directa con quien considere “líder en el rubro”, sino que existe un ineludi­ble procedimiento público, competitivo, previo a la adju­dicación del contrato de par­ticipación público-privado, en un marco de igualdad entre los interesados.

Pero de la mano del general Aldo Ozuna y apresurada­mente la Dimabel se compro­metió con CBC Mercosur a lle­var adelante el gran negocio de las municiones dejando de lado todos los procedimientos legales dejando en abierta des­ventaja a la institución mili­tar y al Estado paraguayo. A las claras este acuerdo debe ser anulado cuanto antes y llamar a una licitación clara bajo las reglas que las leyes tie­nen previstas para que se pre­senten las empresas públicas o privadas a competir en igual­dad de condiciones y no tor­cer los procesos rayando con el delito para darle una mano a los “amigos”.