Alberto Palumbo como firma unipersonal y su empresa Potî SA presentaron el Formulario de Informes de Servicios Personales (FIS) de la ejecución del contrato de limpieza con el Instituto de Previsión Social (IPS), declarando en el documento a Miguelina Brítez de Martin en relación de contratista, estado activo y que cumplió con las funciones de la licitación. Sin embargo, la mujer de 65 años, aquejada por problemas de salud y beneficiaria de un programa social del Gobierno, se dedica a labores domésticas en su casa.

Una de las primeras sorpresas que salie­ron a la luz en la investigación de los limpia­dores “mau” del Instituto de Previsión Social (IPS) presentados por Alberto Palumbo a la Dirección de Contrataciones Públi­cas (DNCP) fue el caso de la señora Miguelina Brí­tez viuda de Martin, quien declaró que fue cocinera en la casa de Jorge Palumbo, hijo del contratista amigo del Vicepresidente, conocido como “Pulpo” por acaparar licitaciones en la previsional.

En aquella ocasión el equipo de investigación del diario La Nación/Nación Media se comunicó con la señora de 65 años, quien negó rotun­damente haber trabajado como limpiadora en IPS. La misma es además beneficia­ria del Programa Ñapu’ãke de la Oficina de la Primera Dama dejando entrever que no cuenta con un ingreso fijo como sería el de las limpia­doras que realmente tra­bajan para las empresas involucradas y que en teo­ría debieran contar con el seguro social.

El nombre de doña Migue­lina, sin embargo, estaba en el número 197 de los funciona­rios presentados en el Formu­lario de Información Perso­nal (FIP) por el señor Alberto Palumbo. Este documento es una declaración de identidad de los empleados vinculados al contrato; es decir, los asig­nados para la prestación del servicio, en este caso de lim­pieza en el IPS.

Asimismo, existen otros documentos aparte del FIP por los cuales se pueden verificar la asistencia de los funcionarios, los cuales son los Formularios de Informa­ción de Servicios Personales (FIS), en donde la empresa contratada declara los datos de los servicios prestados por cada persona física que conforma el plantel.

En el (FIS) se consigna si la persona cumplió o no con la función en su calidad de con­tratista. Y es aquí donde la señora Miguelina aparece que “cumplió” como con­tratista en la licitación que costó a los asegurados G. 73.364 millones.

Desde el mes uno, la señora Miguelina figura lim­piando el IPS; sin embargo, la mujer comentó tener problemas de salud que le impiden hacer este tipo trabajos. En las planillas remitidas por la DNCP, se muestran incluso que hasta marzo del 2022 seguían utilizando el nombre de la ex cocinera de la fami­lia Palumbo como activa contratista del IPS.

Vale recordar que tras mucha presión el IPS había libe­rado la nómina de limpia­dores activos en la institu­ción correspondiente al mes de enero de este año. Sin embargo, después del escán­dalo generado por el caso de los limpiadores “mau”, entre los que hicieron figurar a la ex doméstica de la familia del proveedor, el nombre de esta desapareció de las marcacio­nes, pero aparece en los for­mularios de información de servicios que “cumplió'.

Varios fueron los nombres que ya fueron eliminados de estos formularios FIS, que habían sido declarados parte del plantel y entre los que aparecen los profeso­res Arnaldo Sosa, Herme­negildo González Torres, Gloria Raquel Maciel, pero nada tienen que ver con la contratista.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó una inves­tigación de oficio del pro­cedimiento de adjudica­ción de G. 73.364 millones otorgados por el Instituto de Previsión Social (IPS) a firmas del empresario Alberto “Pulpo” Palumbo y de Claudio Escobar Bri­zuela, titular de la empresa Cevima, también involu­crada en la misma lici­tación de limpieza, tras conocerse la presencia de limpiadores “mau” en los formularios de personal.

“Se va a verificar por sobre todas las cosas, que el per­sonal incluido en la nómina de la empresa prestadora de servicios de limpieza del IPS, efectivamente haya prestado el servicio a la institución”, señaló en su oportunidad el director de Contrataciones Públi­cas, Pablo Seitz. Desde su institución señalaron que estiman tener dictamen al respecto en 15 días, aproxi­madamente.