La Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Baja dictaminó que el subsidio alimentario es solo para los guardiacárceles, no así para administrativos. El proyecto que presentó Arnaldo Samaniego busca volver a incluir a todos los funcionarios como beneficiarios del mencionado subsidio, aunque cumplan horas mínimas de trabajo.
La propuesta Samaniego fue dictaminada el pasado martes 19 de abril por la Comisión de Control y Cuentas de la Cámara de Diputados donde aconseja aprobar el proyecto, pero con una modificación: no se incluyen a administrativos.
El proyecto que también está en manos de la Comisión de Presupuesto de la misma Cámara busca volver a repartir subsidios sin excepción a todos los funcionarios penitenciarios del país, incluso a aquellos que cumplen 8 horas o menos de trabajo.
Días atrás conversábamos con el diputado Celso Kennedy, uno de los miembros de la Comisión de Cuentas y Control, quien nos comentó que se podía ampliar la posibilidad de que puedan recibir los que son merecedores, pero en la dimensión justa, refiriéndose nuevamente a quienes cumplan 12 horas de guardia, excluyendo a los administrativos y a quienes trabajen 8 horas o menos.
El dictamen que había emitido el Ministerio de Hacienda es contundente y expresamente solo incluye a los guardiacárceles como beneficiarios del subsidio de alimentación.
Arnaldo Samaniego había presentado el 22 de marzo pasado el proyecto que modifica el clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto. El mismo pretende revertir la disposición del pago bimestral de “ayuda alimenticia” de G. 1.700.000 a los guardiacárceles que cumplen una jornada laboral de 24 horas dispuesto este año para incluir a todos los funcionarios sin excepción dentro del beneficio.
Recordemos que la cuestionada propuesta de Arnaldo Samaniego reivindica el acuerdo conocido como “acuerdo JJ”, de la época del ex ministro Julio Javier Ríos que se había dado como muestra de paz en el 2019 en medio de una violenta huelga, y se autorizó una repartija de subsidio alimentario a todos los funcionarios de las penitenciarías del país, sin exclusión. Sin embargo, fue suprimido por el Congreso Nacional a inicios de este año.
Los sindicalistas respaldados por Samaniego, iniciaron una fuerte presión entre manifestaciones y amenazas de huelga para ser nuevamente incluidos como beneficiarios de la ayuda alimentaria, pese a que existe una postura en contra por parte del Ministerio de Hacienda. De igual manera, siguen insistiendo.
De 1.364 penitenciarios, solo 563 cumplen la jornada laboral de 24 horas, los demás no cargan con esa cantidad de horas en el trabajo, sin embargo, están a la expectativa de un guiño político. Precisamente, los más ansiosos son los mismos sindicalistas devoradores que llenaron de familiares los centros penitenciarios, quienes con la presión que ejercen, aguardan lo que se decida finalmente en la Cámara de Diputados.
El proyecto Samaniego se da en un año electoral en el que el propio ministro de Justicia Edgar Olmedo intentó rifar contratos y nombramientos en puestos claves para algunos leales de Mario Varela, y en un contexto donde las penitenciarías están en manos de los propios reclusos.
En las propias narices de las autoridades y a la vista de todos, se muestran los privilegios con que cuentan unos cuantos que dominan toda la cárcel de Tacumbú. Los perfiles de Facebook de los propios reclusos están colmadas de fotografías y videos que comparten la manera en la que viven dentro del penal, burlándose de los guardiacárceles y de toda norma dentro del penal.