Tras las publicaciones de nuestro diario sobre alevosas infracciones como el consumo de bebidas alcohólicas, comodidades extras a las permitidas, celulares de alta gama, riñas de gallos, etc., que ostentan los reclusos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, el viceministro de Política Criminal y el director anticorrupción del Ministerio de Justicia apresuraron una reunión en la que divagaron sobre procedimientos de verificación. Sin embargo, terminaron condenándose más al ser encarados sobre ingreso de camiones y productos que no figuran en el libro de control. Además, confirmaron que dentro hay 37 comercios manejados por fuerzas delictivas, que es sabido funcionan mediante tratos oscuros con los jefes de los penales.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

tratar de mitigar el incendio que genera­ron las publicaciones sobre reclusos que burlan la seguridad penitenciaria con­sumiendo alcohol, portando armas blancas, haciendo riñas de gallos y exhibiendo el uso de celulares de alta gama en las cárceles, el ministro de Justi­cia, Édgar Olmedo, ordenó una apresurada reunión de prensa en Tacumbú en la que sus voce­ros, en vez de aclarar la corrup­ción imperante, terminaron hundiendo más a su adminis­tración.

En la misión estuvieron el vice­ministro de Política Criminal, Daniel Benítez; el director de Asuntos Internos y Antico­rrupción, René Alvarenga, y el recomendado del ministro Mario Varela, inspector gene­ral César Kriskovich, quie­nes se vieron superados por las denuncias de corrupción que sacuden a todo el funcio­nariado de establecimientos penitenciarios y las versiones que ensayaron confirman aún más el poder que tiene el líder del clan Rotela y director de facto de Tacumbú, Armando Javier Rotela.

En el primer mes de adminis­tración del ministro Olmedo, a quien hay que reconocer su sinceridad al admitir al asumir el cargo que no tiene experien­cia en temas penitenciarios ni de seguridad, los privilegios irregulares como la gran farra de cumpleaños de Armando Rotela, las transmisiones en vivo vía Facebook, las fotogra­fías con armas blancas, con­sumo de alcohol en los pena­les y riñas de gallos minaron las redes sociales.

Ninguno de los voceros plan­teó soluciones para la porta­ción de armas, consumo de alcohol y comodidades intro­ducidas a través de coimas, ya que no supieron respon­der sobre las denuncias de los ingresos irregulares.

El viceministro Benítez se limitó a decir que se presentó al penal a verificar el manejo de la carnicería y la panadería. Y al ser consultado sobre las can­tina instaladas, aseguró desco­nocer la existencia de las mis­mas. “Yo no pude acceder al lugar donde están las cantinas. Personalmente no conozco. Estuvimos viendo la carni­cería y la panadería, cómo se manejan de acuerdo también a la denuncia de los medios”, remarcó. Sin embargo, sus declaraciones fueron contra­dictorias respecto a las del director de Tacumbú, Manuel Garay Romero, quien con­firmó que existen alrededor de 37 cantinas manejadas por los reclusos, donde se surten y venden todo tipo de produc­tos de consumo. “Los internos tienen sus cantinas, nosotros les autorizamos. Hay un personal encargado de contro­lar el ingreso de las mercade­rías para las cantinas”, señaló.

Garay confirmó el comercio informal que ya se conoce den­tro de Tacumbú y que mueve millones sin que ingrese un solo guaraní al Estado.

Ambos altos funcionarios com­prometieron aún más a la admi­nistración de Olmedo y eviden­ciaron la desidia en la seguridad a favor de los grupos delicti­vos. Camiones fotografiados por nuestro equipo de investi­gación no figuran en el regis­tro de movimiento de vehícu­los consignados en la portería.

Cuando comentamos al vice­ministro Benítez sobre el camión blanco, chapa HDZ 419, que ingresó el pasado miércoles a las 10:10 y que no está en la planilla de ingreso a la penitenciaría, el mismo pidió los datos para inves­tigar. “Si me pasan la fecha de ingreso, yo voy a hacer la averiguación”, respondió.

Por otra parte, el director Manuel Garay piloteó diciendo que el mencionado camión per­tenece a una empresa deno­minada Granos y Aceite. Sin embargo, el vehículo no se encuentra registrado a nom­bre de ese proveedor.

El descontrol y corrupción imperante cada vez más alevosos desacreditan las exigencias de los sindicatos penitenciarios de volver al pago de ayuda alimentaria a discreción, en tanto que en Diputados dilatan estudio.

Tras una modificación en el clasificador presupuestario, el beneficio se limitó a guardiacárceles con carga laboral de 24 horas. No obs­tante, el proyecto de Arnaldo Samaniego pretende favorecer a los administrativos con horario de trabajo básico, así como se vino haciendo desde la época del ex ministro Julio Javier Ríos. A medida que salta la corrupción dominante en las penitenciarías, pierden fuerza las exigencias que pretenden imponer los funcionarios de los penales.

Esta situación desfavorable viene dilatando decisiones en la Cámara Alta, donde aprietan con un proyecto de ley para retornar al pago de subsidio alimentario discrecional a través del diputado Arnaldo Samaniego. Los sindicatos penitenciarios tienen la intención de recuperar el acuerdo JJ, convenio de la época del ex ministro de Justicia Julio Javier Ríos, mediante el cual se estableció pagar subsidio alimentario bimestral a todos los funcionarios.

Sin embargo, desde el 2022 esta historia cambió al reducirse a los guardiacárceles que cumplen 24 horas corridas de trabajo y excluyen a los que están 8 horas o menos en la institución, que bien pueden almorzar en sus casas. Ayer se tenía previsto el tratamiento en Diputados luego de la petición de la diputada Esmérita Sánchez, quien puso la cara por el proyecto electoralista de Samaniego, que se maneja tras bambalinas. Mientras continúa la presión de los sindicalistas penitenciarios, las cárceles, principalmente la de Tacumbú, se encuentran a la deriva, sin control de lo que ingresa.