Reclusos pierden cuidado y llenan sus redes sociales con fotos consumiendo bebidas alcohólicas, con armas blancas; comodidades extras que introducen en los penales gracias a la vista gorda del personal de seguridad. Nuestro equipo de investigación confirmó que a Tacumbú ingresan camiones sin revisión en el portón de entrada. Es un secreto a voces que esta flojera en el control se debe a incentivos que se reciben por debajo de la mesa y que sirven para esquemas de recaudación en negro. Mientras todo esto ocurre, funcionarios penitenciarios están apretando al Congreso para volver al pago de subsidio alimentario a discreción.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

La intensa campaña política con aspira­ciones parlamenta­rias para el 2023 que ocupa al nuevo ministro de Justicia, Édgar Olmedo, más la presión de los funcionarios peniten­ciarios por discrecionalidad de beneficios que desde este año están limitados con­forme a carga horaria, lejos de resolver los problemas, propician mayor corrupción en las cárceles.

Históricamente es un secreto a voces que en los penales el dinero manda a la hora de acceder a privilegios extras al régimen estable­cido; sin embargo, hoy esta situación avasalló los lími­tes y las ostentaciones que hacen los reclusos ridiculi­zan a las autoridades peni­tenciarias como al Estado. Redes sociales están lle­nas de presos que se burlan de las normas, se muestran consumiendo bebidas alco­hólicas, comodidades extras a las precarias infraestructu­ras de las cárceles, celulares, hasta armas blancas y los ya sabidos espectáculos sacri­ficando animales, como son las riñas de gallos.

Tacumbú prácticamente es de dominio de fuerzas delic­tivas que tienen la concesión de protección a los reclusos, quienes rinden pleitesía y se subordinan temiendo por sus vidas. Facebook y otras redes sociales muestran que el director de facto en la penitenciaría nacional es Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela, que hace lo que quiere allí. Los internos agradecen al gran Rotela los privilegios que les autoriza dentro.

En una suerte de resumir la corrupción imperante en Tacumbú, el ex viceministro de Política Criminal Rubén Maciel Guerreño nos decía semanas atrás que allí “todo tiene un precio”.

El ex alto funcionario de Justicia comentó que el comercio informal den­tro de la penitenciaría es el esquema perfecto de la recaudación en negro debido a que los internos pagan por la explotación de los nego­cios a los jefes, directores de los penales, reduciendo este vínculo a intereses persona­les en vez de institucionales y generando lo que a la vista está: descontrol, circulante en negro y corrupción. Los roles se invierten y los guar­dias que son los brazos eje­cutores para el cobro de los “cánones” se vuelven presos del negocio de los jefes.

En la penitenciaría de Tacumbú existen alrededor de 30 cantinas pequeñas, además de lavanderías, con­fiterías, quioscos de carga de saldo para telefonía e incluso restaurantes. Se estima que solo en insumos de las canti­nas, el movimiento en negro ronda los G. 300 millones. Este contexto tiene en el afán de ocupar altos car­gos en los centros de reclu­sión a los leales del ministro Mario Varela, aliado político de Édgar Olmedo.

Pesquisas que realizamos en las últimas semanas en la entrada a Tacumbú nos per­mitieron captar imágenes de camiones, algunos con plo­teados y otros directamente sin distintivos, que ingresan como “Juan a su casa” den­tro de la penitenciaría. Si bien los proveedores tanto de la institución como de las can­tinas informales que ope­ran en el interior de la cárcel deben surtirse, lo que se cues­tiona es el nulo control en la entrada por parte del perso­nal de seguridad.

Esta situación de relajo es la que también permite que ingresen alcohol, armas, animales para espectácu­los miserables y celulares que están totalmente pro­hibidos porque son nocivos para la seguridad. Si existe un control riguroso, cómo es que pululan celulares den­tro de todas las penitencia­rías del país.

Recorridos que hicimos en redes sociales nos hicieron ver comodidades extras a las permitidas en estos lugares como notebook, split, hela­deras, gigantescos equipos de sonido, parlantes, televisores plasma. Todo lo mencionado es una realidad de ahora, no del pasado y es producto de la corrupción en el control.

La Cámara de Diputados trata hoy el proyecto de ley presentado por el diputado Arnaldo Samaniego que se prendió del acuerdo de la época del ex ministro Julio Javier Ríos consistente en pago a discreción de subsi­dio alimentario a funciona­rios penitenciarios.

Este año hubo un cambio en el clasificador presupues­tario y previo dictamen del Ministerio de Hacienda se limitó el pago de G. 1.700.000 bimestral en concepto de ayuda alimentaria a los guar­diacárceles que cumplen 24 horas corridas de trabajo. Sin embargo, los privilegia­dos funcionarios de los esta­blecimientos penitenciarios que cumplen 8 horas y menos no se resignan de haber que­dado fuera y los sindicalistas están apretando para que se reabra la canilla.

Legisladores consultados no están muy conformes con el pedido de Samaniego. En la Comisión de Cuentas y Control dijeron que exami­nan la posibilidad de exten­der la lista de beneficiarios, máximo hasta los que traba­jan 12 horas corridas y con pago proporcional a la asis­tencia. Sin embargo, no se descartan maniobras en la administración de Olmedo para maquillar la carga hora­ria y beneficiar de vuelta a todos.

Tras publicaciones de La Nación Investiga, se dilatan los decretos de nombramientos de algunos de los leales de Mario Varela, que incluso ya habían realizado oficina en el Ministerio de Justicia. Recordemos que el ministro Olmedo tiene previsto otorgar un combo de puestos claves de recaudación a su aliado del departamento de Caaguazú; sin embargo, en Presidencia están manejando los pedidos con cautela y hasta ahora no confirman las asignaciones.

César Raúl Kriskovich, conocido como “el secretario de Varela”, funcionario de confianza del Ministerio de Desarrollo Social de la oficina regional de Coronel Oviedo, fue uno de los primeros comisionados a Justicia como director de la inspectoría gene­ral de la cárcel de Coronel Oviedo. Ante el alevoso cuoteo evi­denciado, queda en lista de espera Raúl Vera, quien busca ser el jefe de gabinete de Olmedo. Mientras que Julio Balbuena, otro político de Oviedo, cambió de bando con la promesa de premio como director de Establecimientos Penitenciarios, pero hasta el momento sigue esperando.