Grosero cuoteo en las cárceles no escatimó recursos de emergencia por el covid-19. Sindicalistas y funcionarios oportunistas aprovecharon para llenar de familiares los establecimientos penales, a esto se suma el arribo de la administración de Édgar Olmedo que comenzó con vito de cargos entre operadores políticos de su departamento y el plan de pago discrecional por ayuda alimentaria de la mano del diputado Arnaldo Samaniego.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Con los nuevos nom­bramientos de ope­radores políticos que realizó el ministro de Justicia, Édgar Olmedo, entregando el manejo de las penitenciarías a leales del ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, surgie­ron más datos y nombres del clientelismo imperante den­tro de las cárceles.

Un momento más denso que de costumbre se vive dentro del sistema penitenciario a raíz de exigencias que quie­ren imponer sindicalistas apoyados por políticos avi­vados como el caso del dipu­tado Arnaldo Samaniego, que busca reabrir la canilla para pago discrecional de subsi­dio alimentario a todos los funcionarios de los estable­cimientos penales, lo que gol­peará fuerte al presupuesto del Ministerio de Justicia en un año de severa crisis econó­mica y en medio de todo tipo de urgencias.

En un año electoral en el que el propio ministro se ubicó y comenzó a rifar contratos y nombramientos en puestos claves que sirven para recau­daciones en negro, aparecen proyectos prebendarios y requerimientos de sindica­listas con clanes enteros ins­talados en el sistema peni­tenciario, muchos de ellos se aprovecharon de rubros auto­rizados por emergencia peni­tenciaria (ver infografía).

Es así que aparecen hijos del cuestionado sindicalista Juan Velázquez, ex direc­tor del penal de Pedro Juan Caballero, destituido del cargo en su momento por fuga de reclusos. Sus hijos se colgaron de contratos de emergencia sanitaria.

La mayoría de los privilegia­dos figura como agentes peni­tenciarios, pero hacen tra­bajos administrativos, una muestra de cómo se bastar­dean cargos de seguridad en los penales mediante el cuo­teo político.

Celeste Jazmín Velázquez y Alexis Ariel Velázquez, hijos de Velázquez, sindicalista más conocido como “gua’i”, ingre­saron en agosto y setiembre del 2020, meses pico de la pan­demia del covid-19.

Otra sindicalista con hijos acomodados en la penitencia­ría es Idelina Elizabet Millán. Sus hijos Gessica Elizabet y Enrique David Vera ingresa­ron a su institución en el 2019.

Así también, está el sindica­lista Vicente Ruiz Díaz, otro con dos hijos ubicados como guardias penitenciarios.

Entre los administradores surge el nombre de Ama­lio Mora, coordinador de Talento Humano. Su hija Camila Mora Domínguez ingresó como funcionaria penitenciaria en el 2019 y figura en planilla como asis­tente de suministro.

Este carnaval de rubros peni­tenciarios es apenas una parte del manejo oscuro y descontrolado dentro de las penitenciarías. El ex vice­ministro de Política Crimi­nal, Rubén Maciel Guerreño, confirmaba en estos días a La Nación el millonario circu­lante en negro dentro de las cárceles producto del comer­cio que se explota con total ilegalidad.

Estadísticas en las que vinie­ron trabajando en busca de un proyecto de ley para regu­larizar negocios dentro de los centros de reclusión estiman ingresos de unos G. 300 millo­nes al mes solo en provisión de insumos para las cantinas en el penal de Tacumbú.

En las penitenciarías, principalmente en Tacumbú, “todo tiene su precio”, nos decía hace poco el ex viceministro. Lo cierto es que al mes de asu­mir la nueva administración en el Ministerio de Justicia, de la mano de Édgar Olmedo, más bien se abocaron en repartir puestos de recaudación antes que formalizar el comercio dentro de las penitenciarías.

Una estrategia proselitista de la que se agarró el diputado Arnaldo Samaniego es el proyecto de ley para revertir el filtro que aplicaron al pago de subsidio alimentario en el clasificador presupuestario de este año en el Ministerio de Justicia.

Previo parecer del Ministerio de Hacienda, el Congreso redujo el pago de dicho subsidio bimestral de G. 1.700.000 a los guar­diacárceles que cumplen horario continuado de 24 horas, no a los administrativos y demás que trabajan 8 horas o menos en los establecimientos penitenciarios.

Sin embargo, la presión que ejercen los sindicalistas que tie­nen el dominio de las cárceles al punto que las han copado en familia más el momento político pueden ser variables de peso al momento de que la Comisión de Cuentas y Control tome postura. Cabe remarcar que de 1.364 penitenciarios, solo 563 cumplen la jornada laboral de 24 horas, los demás tienen hora­rio mínimo de 8 horas, algunos incluso menos, pero están a la expectativa de un guiño político.