Una caja registradora en negro es la que entregó el ministro de Justicia, Édgar Olmedo, a incondicionales al ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, mediante puestos de recaudación que tienen el control de negocios como cantinas, lavanderías y hasta restaurantes que funcionan dentro de las penitenciarías y que no generan un solo centavo al Estado paraguayo. Directores y jefes de los penales se quedan con las regalías, dice Rubén Maciel Guerreño, ex viceministro de Política Criminal, quien renunció a su cargo al asumir Olmedo.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Puestos de recauda­ción en negro en la estructura más sen­sible de la institución, que son las penitenciarías, fue­ron cedidos a recomendados de los ministros de Desarro­llo Social, Mario Varela, y de Justicia, Édgar Olmedo. Estas movidas resultan imposibles de disociar de la intensa cam­paña proselitista en la que se encuentran embarcados ambos secretarios de Estado.

Es así que operadores políti­cos de Varela, equipo del que también forma parte Olmedo en Coronel Oviedo, copan car­gos que son claves en el sistema de recaudación dentro de los penales, donde circulan millo­nes en negro, con treintena de negocios dentro manejados con cobro de cánones que no ingresan a las cajas del Estado paraguayo.

El ex viceministro de Política Criminal Rubén Maciel Gue­rreño, quien renunció hace un mes con el cambio de admi­nistración en el Ministerio de Justicia, señaló en conversa­ción con La Nación que en las cárceles, principalmente en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, “todo tiene un pre­cio”. Recordó cómo se nego­ciaban dentro de los penales los nombres de reclusos para vender un lugarcito dentro de las planillas de beneficiarios para aislamientos afuera por casos de covid.

Esta comunidad penitenciaria cerrada dentro del Estado es la que pasa bajo el mando de lea­les a Varela. César Raúl Krisko­vich, conocido como “el secre­tario de Varela”, funcionario de confianza del Ministerio de Desarrollo Social de la oficina regional de Coronel Oviedo, fue comisionado al Ministe­rio de Justicia como director de la inspectoría general de la cárcel de Coronel Oviedo, uno de los puestos considerados de oro en el sistema penitenciario debido a que controla el ingreso de comodidades dentro de las cárceles.

De los ojos de Kriskovich dependerá que los reclusos disfruten de lujos, ya sean en las conocidas como celdas vip o fuera de estas, que ingre­sen televisores, computado­ras, bebidas caras, etc. Con el salario y las bonificaciones, la remuneración del nuevo direc­tor de Inspectoría General de Oviedo asciende a G. 14 millo­nes al mes.

Raúl Vera, ex concejal de la Municipalidad de Coronel Oviedo, también del equipo político de Olmedo y Varela, aterriza como jefe de gabi­nete del Ministerio de Justi­cia tras quedar fuera en las últi­mas elecciones municipales. Mientras que Julio Balbuena, otro político de Oviedo, migró de bando y ya fue confirmado en el apetecible cargo de direc­tor de Establecimientos Peni­tenciarios, aunque espera el decreto presidencial para ofi­cializar su mando.

Balbuena perdió en las últi­mas elecciones municipa­les de Oviedo, pero ganó un puesto con sueldazo de G. 19 millones y, además, manejará la administración de todas las cárceles del país. Si bien en Presidencia hay mucha resis­tencia a su nombramiento, es un hecho que el amigo asume el cargo debido a que ya está mar­cando presencia en las oficinas del ministerio.

Detrás de leales en puestos claves hay una decena de ope­radores de poca monta que están en proceso de contrata­ción temporal en las cárceles, coincidentemente con la cam­paña proselitista de Varela y Olmedo.

En la penitenciaría de Tacumbú existen alrede­dor de 30 cantinas pequeñas, además de lavanderías, con­fiterías, kioskos de carga de saldo para telefonía e incluso restaurantes.

Si bien el ex viceministro Maciel no quiso confirmar números cerrados, se estima que solo en provisión de insu­mos para estos negocios de minutas hay un ingreso en negro de G. 300 millones men­suales. La cadena comercial a la que se suman ganancias pre­sume volúmenes de circulante que pueden duplicar y hasta triplicar la cifra mencionada.

“Los internos pagan por esa explotación, pagan una regalía al director o jefe de seguridad. Nosotros llegamos a elaborar un proyecto de ley para regu­larizar esas actividades y que ingresen fondos como Fuente 30 al Ministerio de Justicia, considerando que el ministe­rio solo cobra por estampillas del Registro Civil. Puede ser una fuente de ingreso impor­tante para la institución”, dijo el ex viceministro.

Es sabido que los reclusos pagan cánones de entre G. 200 mil, G. 500 mil y G. 1 millón, sostuvo Maciel. En este con­texto, los privilegiados nue­vos jefes, políticos serviles a la campaña del dúo Vare­la-Olmedo con miras al 2023, advierten voraces recauda­ciones dentro de un sistema penitenciario carcomido por la corrupción.

La Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados comenzó a pedir informes como el listado de guardiacárceles que cumplen horario continuado de trabajo de 24 horas debido al cambio introducido desde este año en el clasificador de la Ley de Presupuesto, que establece que solo ellos percibirán el subsi­dio alimentario bimestral de G. 1.700.000.

Tras el filtro que se aplicó en el presupuesto del Ministerio de Justicia, el diputado Arnaldo Samaniego adoptó el papel de sin­dicalista y presentó un proyecto de ley para reabrir el grifo del pago discrecional de subsidio alimentario a todo el funciona­riado vinculado al sistema penitenciario, aunque cumplan carga laboral mínima de 8 horas de trabajo y hasta menos.

Ante consultas, técnicos de dicha comisión señalaron que mane­jan el tema con cautela y que los integrantes están a la espera de informes para dar sus respectivos pareceres. Otras fuentes mencionan que ante las publicaciones de la rifada que preten­den volver a implementar los diputados están dando lugar al tiempo para que el escándalo no pase a mayores.