Proyecto de ley de Arnaldo Samaniego, que busca continuar con pago discrecional de un subsidio alimentario de G. 1.700.000, heredado de la administración del ex ministro Julio Javier Ríos, no es del agrado de la cartera responsable de las finanzas públicas.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
El proyecto de ley con fuerte tufo clientelista del pago de subsidio alimentario a todos los funcionarios vinculados al sistema penitenciario, que presentó hace unos días el diputado Arnaldo Samaniego, no es del agrado del Ministerio de Hacienda, que ya había dado su parecer el año pasado de que este beneficio corresponde solo a los guardiacárceles.
Una consulta previa al Ministerio de Hacienda limitó en el clasificador presupuestario de la ley de Presupuesto de este año, el pago bimestral del subsidio alimentario de G. 1.700.000 en el Ministerio de Justicia que se venía manejando a discreción desde la época del ex ministro Julio Javier Ríos, conocido como “acuerdo JJ”, firmado en el 2019 como prenda de paz para levantamiento de huelga.
El cambio que se introdujo es que el beneficio tenga alcance solamente a los guardiacárceles que cumplen horario continuado de 24 horas y no a los demás administrativos que tengan carga laboral básica de 8 horas o menos, considerando que el margen de tiempo que pasan en la institución es el mínimo establecido y bien pueden alimentarse en sus casas.
Esta reducción más los ánimos candentes en un año electoral en los que de alguna manera todos buscan privilegios fueron aprovechados por el diputado Samaniego para presentar el proyecto de ley contra el filtro dentro del clasificador presupuestario.
En su dictamen y en respuesta a la consulta del Ministerio de Justicia sobre el cobro bimestral del subsidio alimentario, el ente rector de las finanzas públicas, en este caso Hacienda, concluye que “solo los guardiacárceles podrán percibirlo en la forma estipulada. Los demás funcionarios se deben regir por la regla general de un pago hasta la suma de G. 2.192.839″. Sin embargo, Samaniego quiere reabrir la canilla “para todos los funcionarios vinculados al sistema penitenciario y al Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor”, según reza su proyecto elevado el 22 de marzo pasado.
El diputado Samaniego alega que el Ministerio de Justicia cuenta “con los recursos financieros suficientes para cubrir dichas erogaciones”. En otra parte de su proyecto resalta “la baja remuneración que perciben los funcionarios asignados a prestar servicios en los centros de reclusión, así como en dependencias administrativas directamente vinculadas, las cuales manejan información sensible relativa a las mismas”.
De reabrirse la canilla, además de sacrificarse importantes inversiones que urgen en las penitenciarías, se arriesga la solidez financiera considerando los personales que deben ser incorporados a los nuevos centros y que también deberán acceder a este beneficio extra, a los que se suman subsidio escolar, defunción, nacimiento.
Cabe recordar que el año pasado el Ministerio de Justicia gastó G. 14.000 millones en concepto de subsidio pagado al personal, de los cuales cerca de la mitad, es decir, G. 7.000 millones, corresponde a ayuda alimentaria, que de volver a la discrecionalidad seguirá embargando miles de millones del presupuesto institucional.
En el Ministerio de Justicia prácticamente están en una actitud complaciente a las intenciones del diputado Samaniego, según había respondido el director general de finanzas de la institución. Mientras tanto, el ministro Édgar Olmedo, quien también está en plena campaña política tras sus aspiraciones a diputado por la chapa oficialista y a quien de entrada el clan Rotela le impuso un recomendado como jefe de seguridad, esquiva consulta sobre el tema, evita polémica, corta las llamadas y acude a la estrategia del silencio.