En la antesala de un año electoral candente, el diputado Arnaldo Samaniego se esmera en revertir la disposición del pago bimestral de “ayuda alimenticia” de G. 1.700.000 a los guardiacárceles que cumplen una jornada laboral de 24 horas, dispuesto este año en el clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto. El legislador quiere que se les subsidie el alimento a todos, incluidos los que tienen una carga horaria básica y que bien pueden servirse la comida en sus casas. Alegó que “el Ministerio de Justicia tiene los recursos financieros suficientes para cubrir dichas erogaciones”.
- POR ROSSANA ESCOBAR M.
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Un pequeño filtro se aplicó al clasificador presupuestario de la Ley Nº 6873/2022 de Presupuesto para que en el Ministerio de Justicia se beneficie con el subsidio bimestral de ayuda alimentaria a los guardiacárceles que realmente trabajan horario continuado de 24 horas y de esta forma se excluye del beneficio a los administrativos, así como otros funcionarios que se privilegian cumpliendo un horario laboral de 8 horas o menos en la institución.
“Que coman en sus casas” fue el criterio que tuvieron con relación a la gente que debe trabajar 8 horas o menos.
Este ajuste representa un importante ahorro para un ministerio que arrastra urgencias penitenciarias y que tiene un montón de carencias por resolver. Es así que el Congreso aprobó este año pagar subsidio de alimentación bimestral (que es uno de los 4 que perciben todos los funcionarios del Ministerio de Justicia) solamente a los guardias que cumplen 24 horas corridas de trabajo intercalado con 48 horas de descanso.
El subsidio de ayuda alimenticia es de G. 1.700.000 por cada beneficiario y los sindicalistas atribuyen este privilegio a una conquista tras la huelga que habían realizado los funcionarios penitenciarios en el 2019. El pequeño detalle es que este subsidio no se reduce solamente a los guardiacárceles, ya que funcionarios administrativos incluso con salarios diferenciados registran estos cobros bimestrales, según un rápido repaso del portal de transparencia de la institución.
Se estima que, con el recorte, este subsidio de G. 7.000 millones se puede reducir a G. 4.000 millones. Además, con los nuevos centros penitenciarios y la necesidad de nuevas contrataciones de guardiacárceles, la medida representa un blindaje para que no se reviente el presupuesto institucional, considerando que al año la citada cartera gasta unos G. 14.000 millones en pagos de diferentes subsidios como el escolar, defunción, nacimiento.
REABRIR LA CANILLA
Un ambiente de malestar trajo el recorte del subsidio de alimentación y en este escenario de mayor austeridad apareció el diputado Arnaldo Samaniego con un proyecto para reabrir la canilla para todos los funcionarios vinculados al sistema penitenciario y al Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor.
Samaniego, quien ya presentó el proyecto de modificación del clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto el 22 de marzo pasado, alega la baja remuneración de los funcionarios asignados a los centros de reclusión, además de que el Ministerio de Justicia cuenta con los recursos para el subsidio en disputa.
En su proyecto, Samaniego refiere que mantuvo reuniones con sindicalistas, directivos “y la “máxima autoridad institucional de dicha institución; esta última se comprometió a arbitrar los trámites correspondientes para el pago de dicho subsidio para todos los funcionarios con categoría AP, vinculados al sistema penitenciario y al Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor”. Es sabido que el legislador está en constante lobby en el Ministerio de Justicia y no es precisamente un “sindicalista” accidental considerando los operadores políticos que tiene en las diferentes penitenciarías.
Al parecer, en el Ministerio de Justicia están básicamente alineados al proyecto de Samaniego. El director general de Administración y Finanzas, Jorge González Cabello, señaló que es volver a pagar lo que se pagaba antes, básicamente. Sostuvo que hay crédito presupuestario; sin embargo, se sabe que al inflarse de nuevo los gastos, más las futuras incorporaciones de personal penitenciario, se arriesgan los recursos financieros.
Cabe recordar que el acuerdo que intentan reivindicar es el conocido como “acuerdo JJ”, de la época de Julio Javier Ríos, ex ministro en cuya administración los centros penitenciarios explotaron en violencia. Esta situación también es la que se dibuja de alguna manera en la gestión del recientemente nombrado ministro de Justicia, Édgar Olmedo, quien ya está preso del clan Rotela, que le impuso un jefe de seguridad en Tacumbú hace unas semanas.