La senadora Lilian Samaniego plantea que los vehículos incautados y que pasaron a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), sean redireccionados a instituciones que realmente necesitan. La propuesta de la legisladora es dejar sin efecto acuerdos y retirar el uso a otras instituciones, como el Senado.

“El proyecto que yo presenté es para que estos vehículos sean utilizados donde realmente se necesita que son, por ejemplo, emergencia, en salud pública, en instituciones que le van a dar el uso requerido a este tipo de vehículos y no en las instituciones donde no necesitan”, expresó en conversación con los medios.

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Indicó que el Senado actualmente cuenta con algunos vehículos, pero que en este caso no se requieren. “El Senado tiene su staff de vehículos que hacen a la utilización de la institución, entonces cada senador tendría que comprar para su vehículo en todo caso, y también hablo de otras instituciones que no sean realmente que se necesite”, apuntó.

Agregó que, existen otras instituciones que realmente requieren de más herramientas para la asistencia a la ciudadanía, en diferentes puntos del país, plantea incluso que los móviles puedan ser utilizados como ambulancias.

“Lo más lógico es que estos vehículos sean utilizados donde hay carencias de las instituciones que hacen a la atención del ciudadano común, acá no se necesita, ni en la Corte, ni en el IPS, ni Petropar, y buscar un poco de objetividad a nuestras gestiones y hacer lo que la gente está esperando de nosotros”, sentenció.

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Las oficinas administrativas del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) se mudarán a la ciudad de Ñemby, en una propiedad cedida provisoriamente por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). El proyecto también está siendo analizado por el municipio local considerando que hay reticencia ciudadana hacia la instalación de la nueva sede.

“Efectivamente, nosotros hemos entregado en uso provisional un inmueble a los efectos de que algunas oficinas administrativas del Indi puedan cumplir sus funciones en esa ciudad”, confirmó Gonzalo García, asesor jurídico de la Senabico a la 1080 AM. Aclaró que el despacho de la presidencia no funcionará en ese nuevo local.

Explicó que el trámite de traspaso del edificio de la Senabico al Indi no necesariamente tiene que concretarse con intervención de la Municipalidad de Ñemby. “Conforme a la experiencia que tenemos en todos los municipios del país donde entregamos inmuebles a la Policía, al Ministerio Público, al Infona, al Ministerio de Salud, nosotros nunca informamos eso a la Intendencia”, refirió.

Sin embargo, el abogado indicó que desconoce si las instituciones públicas beneficiadas han realizado esa comunicación a las autoridades comunales previamente a la transferencia de la propiedad.

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“Nuestro trabajo es entregar bajo la figura de acuerdo de uso provisional. Eso se firma entre ambas autoridades y la institución beneficiaria es la que se encarga del mantenimiento y el cuidado, respectivos. Las gestiones municipales en caso que requieran no corren por cuenta de Senabico”, mencionó. Afirmó que no existen antecedentes en la institución que se haya hecho la notificación al municipio afectado.

Consultado sobre la resolución de la Junta Municipal de Ñemby que está en contra de la mudanza del Indi, el doctor García expresó que en todo caso se debería analizar la legalidad y si efectivamente esta instancia está facultada para tomar dicha determinación.

“La institución beneficiaria en caso de que no esté de acuerdo con esa resolución podría recurrir ante el Tribunal de Cuentas”, manifestó al aludir que actualmente el edificio en cuestión está vacío.

El acta de entrega del inmueble ya está firmada por las autoridades de la Senabico y del Indi. “Ese acuerdo ya se remitió a las autoridades, ahora la suscripción del acuerdo específico tiene su trato. Generalmente los acuerdos son por uno o dos años, salvo en casos excepcionales en que se utilice para una campaña de vacunación un vehículo por tres meses. Pero generalmente suele ser de uno a dos años el acuerdo”, significó.

La institución beneficiada tiene que ocuparse del mantenimiento del local. “En este caso es un edificio nuevo, no se utilizó aún, es una construcción bastante moderna. Tiene todas las comodidades como para que pueda funcionar como oficina pública”, remarcó.

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La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incauta­dos y Comisados (Senabico) expuso ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) el caso que envuelve a las propiedades decomisa­das de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. La ins­titución lamenta la falta de resolución de este caso y la falta de una investigación del juez que ordenó el remate de los bienes.

“Gracias a estas reunio­nes que está organizando la Comisión, aprovechamos la ocasión para poner a cono­cimiento de las autoridades este tipo de situaciones”, expresó Gonzalo García, ase­sor jurídico de la Senabico en contacto con “Arriba hoy”, emitido por GEN/Universo 970 AM/Nación Media.

García relató que dichos inmuebles, es decir, las estan­cias vinculadas al entorno de Cabeza Branca, fueron incautadas por el Ministerio Público y puestas a disposi­ción del Juzgado del Crimen Organizado y de la Senabico. Luego, se dictaron medidas cautelares sobre estas pro­piedades que prohibían la posibilidad de innovar, con­tratar o cualquier otra modi­ficación registral.

“En este último remate que se intentó, el juez Édgar Rivas Laguardia tenía pleno cono­cimiento porque la Senabico había intervenido dos años antes en ese juicio civil y el día que él dictó hacer las publica­ciones del remate, él tenía a la vista el informe de condicio­nes de dominio de la Direc­ción General de los Registros Públicos en el que taxativa­mente hablaba que esta pro­piedad tenía esas medidas cautelares, ni de innovar ni de contratar”, detalló García.

El asesor indicó que a pesar de esto, de todas formas se intentó ejecutar la subasta y teniendo en cuenta todos estos hechos, la Senabico se llevó una sorpresa cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ordenó el archivo de la investigación preliminar que iba a ser apli­cado sobre el magistrado, pese a la gravedad del asunto. “Lastimosamente que una conducta así quede impune genera un poco de frustra­ción”, manifestó.

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) expuso ayer jueves ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) el caso que envuelve a las propiedades decomisadas de Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. La institución lamenta la falta de resolución de este caso y la falta de una investigación del juez que ordenó el remate de los bienes.

“Gracias a estas reuniones que está organizando la Comisión, aprovechamos la ocasión para poner a conocimiento de las autoridades este tipo de situaciones”, expresó Gonzalo García, asesor jurídico de la Senabico en contacto con “Arriba hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media.

García relató que dichos inmuebles, es decir, las estancias vinculadas al entorno de Cabeza Branca, fueron incautadas por el Ministerio Público y puestas a disposición del Juzgado del Crimen Organizado y de la Senabico. Luego, se dictaron medidas cautelares sobre estas propiedades que prohibían la posibilidad de innovar, contratar o cualquier otra modificación registral.

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“En este último remate que se intentó, el juez Édgar Rivas Laguardia tenía pleno conocimiento porque la Senabico había intervenido dos años antes en ese juicio civil y el día que él dictó hacer las publicaciones del remate, él tenía a la vista el informe de condiciones de dominio de la Dirección General de los Registros Públicos en el que taxativamente hablaba que esta propiedad tenía esas medidas cautelares, ni de innovar ni de contratar”, detalló García.

El asesor indicó que a pesar de esto, de todas formas se intentó ejecutar la subasta y teniendo en cuenta todos estos hechos, la Senabico se llevó una sorpresa cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ordenó el archivo de la investigación preliminar que iba a ser aplicado sobre el magistrado, pese a la gravedad del asunto. “Lastimosamente que una conducta así quede impune genera un poco de frustración”, manifestó.

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