El Ministerio de Desarrollo Social informó en la fecha que ha procedido a multar a la empresa “Distribuidora del Paraguay”, de Rosa Mabel Capli, que es la segunda empresa sancionada por el incumplimiento detectado en la provisión del almuerzo escolar en el marco del Programa “Hambre Cero”.

A través de un comunicado informó que mediante la resolución MDS 1.339/2024, el ministro Tadeo Rojas autorizó al Viceministerio de Administración y Finanzas, la aplicación de una multa por valor de G. 1.720.498.903.

Le puede interesar: Oenegés se resisten en informar a la Comisión Antilavado sobre uso del dinero público

En la citada resolución se detalla que, de acuerdo a un trabajo de verificación realizado por funcionarios de la Dirección de Auditoría Interna del MDS, constataron que en varios municipios del departamento de Presidente Hayes hubo incumplimiento, la Dirección General de Asesoría Jurídica dictaminó a favor de esta sanción, debido a que se cumplían con las condiciones legales para la aplicación de esta multa.

En comunicación con el programa Tarde de Perros, que se emite por Universo 970/Nación Media, el ministro Tadeo Rojas recordó que desde un principio han sentado como postura que no se iba a tolerar ningún incumplimiento de contrato, ni la deficiencia en el servicio.

Precisó que el equipo de fiscalizadores del ministerio realizó una visita in situ para constatar las denuncias recibidas. Señaló que los distritos visitados fueron General Bruguez y Puerto Pinasco, donde encontraron las irregularidades, corroboradas con los testimonios de los docentes.

“Siempre dijimos que íbamos a hacer todo el esfuerzo para controlar el cumplimiento estricto tanto del contrato establecido en la provisión de alimentación escolar en tiempo y forma, así como en su calidad. En consecuencia, tras los reportes recibidos fueron intervenidas varias escuelas de General Bruguez y Puerto Pinasco del departamento de Presidente Hayes porque se encontró incumplimiento de contrato con la empresa adjudicada”, explicó.

El ministro Rojas enfatizó que la historia ha cambiado y que no permitirán volver a la historia pasada, porque eso fue lo que se criticaba mucho, por ellos serán implacables en el cumplimiento del contrato. Por tanto, ratificó que de ninguna manera se puede considerar esta situación como debilidad, ya que esta millonaria sanción a la segunda empresa en menos de dos meses de aplicación del proyecto de ley es totalmente ejemplificadora.

“Esto demuestra que estamos haciendo las cosas correctamente y que se está interviniendo, controlando, fiscalizando, y que cambió la historia, porque ya no es cargar en una bolsa los víveres y entregarle a la directora para que cocine. Las empresas están obligadas y firmaron contrato para servir comidas elaboradas y de calidad, en tiempo, forma y cantidad de manera diaria, conforme a la cantidad de alumnos que tiene la institución”, remarcó.

El ministro Rojas señaló que esta es la segunda decisión drástica que están tomando, pese a que no es una situación agradable. Indicó que lo mejor hubiera sido salir a decir que todo está bien, pero mientras existan errores les compromete a seguir procurando para que todo sea corregido.

“Apenas hace un mes y unos días que implementamos el proyecto de Hambre Cero en las Escuelas, y esta ya es la segunda empresa sancionada y esta será la línea que seguiremos”, concluyó.

Siga informado con: Fallo judicial permitirá recuperar a Copaco de cuantiosos embargos, afirmó Stark

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Francisco Ruiz Díaz, aclaró sobre algunas confusiones que están sucediendo y generan reclamos ante la institución agraria, sobre todo en el ámbito de las colonias rurales del Indert.

A través de un video divulgado en redes sociales del Indert, explicó que no se puede fraccionar un lote a pedido de los campesinos, para construir una segunda vivienda del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) en un mismo lote, porque la ley impide el fraccionamiento del inmueble, antes de los 10 años de su cancelación.

Le puede interesar: Justicia Electoral promueve la inclusión de pueblos indígenas en política

“Existen muchas solicitudes de gente para la construcción de una segunda vivienda dentro del terreno, siendo que ya fueron beneficiados con la construcción de una vivienda. Entonces, piden por ejemplo, construir una segunda vivienda para su hija dentro del mismo inmueble. Pero existe la limitante que el MUVH no puede construir dos viviendas en un inmueble matriculado”, comentó.

Por otra parte, indicó que tampoco se puede cobrar con celeridad el 3% solicitado por los ocupantes de los lotes para acceder a una vivienda del MUVH, para quienes aún no tienen el título, debido a que el INDERT, primeramente debe asegurarse de a quién pertenece el inmueble, en los casos en los cuales el ente agrario aún no posee el título.

“Toda esa impaciencia se debe a que estamos en un proceso de fortalecimiento de la economía rural y desde ese punto de vista el Gobierno está dando respuestas y un fuerte impulso al campo, en la construcción de viviendas y otro tipo de intervenciones, como la política Hambre Cero y en un énfasis muy fuerte de la regularización de la tierra”, remarcó.

Pese a todo, el titular del Indert indicó que actualmente, están con algunos grandes resultados, como por ejemplo, se ha aumentado la titulación de las tierras en un 500 % en comparación a lo que se hacía en otros gobiernos. “Estamos entregando 6.500 títulos de propiedad, cuando anteriormente se entregaban alrededor de 900 títulos de propiedad por año”, precisó.

Finalmente, insistió en señalar que pese a que están recibiendo algunos pedidos por parte de la gente, que busca tener su vivienda propia, pero existen restricciones de la ley que deben ser respetadas, por ello salen a dar estas aclaraciones. “No se puede revertir toda la operación que hizo el INDERT, que es el levantamiento de toda la colonia; no podemos eliminar la matrícula y fraccionar el inmueble”, concluyó.

Siga informado con: Presentan proyecto de ley en casos de sustracción o traslados ilícitos de menores

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, aseguró que los llamados para el programa Hambre cero en las escuelas se dan en un marco competitivo entre todas las empresas que se presentaron en este proceso. El mismo señaló que fueron elevados los estándares para la provisión de alimentos, y no todas las empresas que anteriormente lograban ser adjudicadas cumplen con todos los requerimientos.

“Acá hay que ver si es que las empresas realmente tienen todas las condiciones al día de hoy para poder abarcar el 100 % de los llamados. No es lo mismo que 9 o 10 empresas puedan alimentar solamente al 9 % de los niños en edad escolar y otra cosa es tener la capacidad de poder dar la alimentación escolar al 100 %”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Podes leer: Evaluarán expulsar a Chaqueñito del Senado: su conducta “es antiética”, dice Paredes

Explicó que no todas las empresas tienen la capacidad de agrandarse, o la capacidad para tomar todos los procesos de licitación, presentarse a todos los procesos, teniendo en cuenta que con este nuevo programa se elevaron los estándares para las adjudicaciones correspondientes.

“Nosotros hemos observado los pliegos, hemos subido el estándar de calidad, eso tampoco es una cuestión menor, antes se presentaba cualquiera sin tener un solo hito, sin tener alguna certificación de calidad alimentaria. Lo que se quiere es que las empresas sean de un buen nivel y tengan una capacidad de prestación de servicios, a partir de ahí no cualquiera se puede presentar”, apuntó.

En este momento, todas las gobernaciones y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), menos la gobernación de Alto Paraná, ya subieron sus adjudicaciones al sistema de compras públicas, algunos con los contratos firmados y otros con algunos detalles a definir para la firma de los contratos. Esto en los primeros distritos considerados de prioridad en una primera etapa.

“Al día de hoy, tenemos prácticamente el 99 % ya de los procesos licitatorios en estado de adjudicación, falta solamente la suscripción de los contratos, pero lo concreto es que todavía falta llegar a algunos distritos porque este es un proyecto gradual. Ahora tenemos la primera tanda de procesos licitatorios para cubrir parte del global de lo que se quiere cubrir”, sentenció.

Leé también: Colegio de Abogados del Paraguay homenajeó la trayectoria del Dr. Manuel Riera

Integrantes de la Contraloría Ciudadana presentaron ante el Ministerio Público, otra denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El jefe comunal habría adjudicado a una empresa de maletín, obras (empedrado y aulas) por un monto total de G. 10.700 millones.

Se trata de la constructora SCDE SA, que era un club nocturno y cuyas accionistas son gente del mismo equipo político del jefe comunal. Aparecen como socias de la firma supuestamente de fachada, Lilian Gregoria Benítez Villalba y Samara Clarice Aguirre Benítez, según los documentos verificados por los denunciantes.

La licenciada Magdalena Montiel, una de las firmantes de la denuncia, explicó que en el seno de la Contraloría realizaron una investigación y encontraron que la empresa era una discoteca y luego se convirtió en constructora; no tiene la antigüedad ni experiencia requeridas para ser adjudicada y no cumplió con los plazos de terminación de obras. Igualmente, refirió que la comuna no aplicó la falta por incumplimiento de contrato.

Manifestó que en la investigación, la prueba más contundente sobre la adjudicación a una firma de maletín es el hecho que Lumma Magdalena Silva Battochi era socia de la empresa Golden Rouse, que explotaba el night club, que luego cambió de razón social para ser constructora SCDE SA. La misma es funcionaria municipal desde diciembre de 2021 como auxiliar en Gestión de Cobranzas.

Puede interesarle: Incremento de efectivos en el grupo Lince es crucial para disminuir índices de inseguridad

Según el escrito de denuncia, “esta es la prueba más contundente de que la empresa es de fachada, de maletín, dirigida desde la Municipalidad de Ciudad del Este”. Silva Battochi está hoy en la Dirección de la Vivienda. Los denunciantes, además de las documentaciones, presentaron imágenes en las que se ve a los supuestos responsables de la firma de fachada compartiendo con dirigentes del equipo político de Prieto.

“Se ha podido constatar que bajo la dirección del intendente Miguel Prieto Vallejos han creado una organización estructurada jerárquicamente, bien organizada, destinada a desviar recursos financieros de la municipalidad, al crear comisiones barriales a las que debían entregar recursos para la construcción de empedrados, a favor de quienes se libraban los cheques”, refiere el escrito de denuncia.

Además de Magdalena Montiel, firmaron la denuncia José Víctor Vázquez Leguizamón, Sergio Alejandro Sánchez Mereles y Gricelda Fernández, bajo patrocinio del abogado Víctor Enríquez. La Contraloría Ciudadana ya presentó seis denuncias contra Miguel Prieto, quien tiene dos imputaciones.

Puede interesarle: Ñacunday: poblador falleció ayudando a concejal a sacar una canoa con un tractor