La empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), que pertenece al amigo del vicepresidente Hugo Velázquez, Alberto Palumbo, cobró un jugoso anticipo de G. 6.475 millones para la construcción y reparación de 79 escuelas durante la pandemia; sin embargo, a pesar de este desembolso del MEC, las obras no concluyeron en 65 escuelas y en 14 ni siquiera empezaron.
Alberto Raúl Palumbo, a través de su firma y otros consorcios, se adjudicó G. 472.616.187.489 en licitaciones de construcciones, esto sin contar las adjudicaciones con que cuenta también en el rubro de limpieza, donde se contabilizan contratos que están próximos a los G. 200.000 millones.
La constructora Estructura Ingeniería SA (EISA) se alzó con varios contratos en instituciones públicas en pandemia, y una de ellas fue en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde en diciembre del 2020 firmó cinco contratos para la construcción, reparación y ampliación de 79 escuelas en cinco departamentos del país. Lo que pudo ser una solución para el retorno a clases termina en una pelea judicial.
Estas adjudicaciones forman parte de la licitación de G. 88.220.134.736 que fue distribuida en 10 lotes, de los cuales EISA se llevó la mayor la cantidad entre los adjudicados, quedándose con cinco de dichos lotes; no obstante, el MEC tuvo que rescindir el contrato porque las obras nunca se entregaron y ahora están en disputa legal con la firma por la recuperación del anticipo.
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EISA incumplió el contrato
El MEC desembolsó el anticipo de G. 6.475 millones, tal y como lo establecía el contrato; sin embargo, EISA no cumplió con su parte y no concluyó las obras en 65 escuelas y en 14 ni siquiera empezó.
“El contrato se rescindió en setiembre y el caso está judicializado. La denuncia y el trámite de la póliza se hicieron todo en su debido tiempo y ahora están siguiendo su curso”, expresó Dalila Arza, directora de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) del MEC, respecto a la rescisión del contrato y a la intención del ministerio de recuperar lo desembolsado a EISA en concepto de anticipo.
Este clavo que dejó EISA al MEC afecta a más de 24.000 niños. “Son 79 escuelas, en realidad no iniciaron en 14 y las demás tienen diferentes niveles de avance, pero ninguna está culminada”, señaló Zarza. Cabe destacar que las otras cuatro constructoras adjudicadas en esta misma licitación sí cumplieron con la entrega de las obras, por lo que EISA fue la única que incumplió con el contrato.
El director jurídico del MEC, Manuel Arce, añadió que EISA interpuso una acción judicial en contra de la resolución de rescisión del contrato, motivo por el cual el caso está judicializado y ahora se encuentra en el Tribunal de Cuentas.
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Nueva adjudicación
A pesar de haber incumplido con el ministerio, la constructora del amigo de Velázquez continuó adjudicándose contratos en el sector público. Tal es el caso de la adjudicación que le fue otorgada en Petropar, donde se alzó con una licitación de más de G. 195.290 millones.
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Presentan nueva denuncia contra Prieto, por asociación criminal y lesión de confianza
Integrantes de la Contraloría Ciudadana presentaron ante el Ministerio Público, otra denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El jefe comunal habría adjudicado a una empresa de maletín, obras (empedrado y aulas) por un monto total de G. 10.700 millones.
Se trata de la constructora SCDE SA, que era un club nocturno y cuyas accionistas son gente del mismo equipo político del jefe comunal. Aparecen como socias de la firma supuestamente de fachada, Lilian Gregoria Benítez Villalba y Samara Clarice Aguirre Benítez, según los documentos verificados por los denunciantes.
La licenciada Magdalena Montiel, una de las firmantes de la denuncia, explicó que en el seno de la Contraloría realizaron una investigación y encontraron que la empresa era una discoteca y luego se convirtió en constructora; no tiene la antigüedad ni experiencia requeridas para ser adjudicada y no cumplió con los plazos de terminación de obras. Igualmente, refirió que la comuna no aplicó la falta por incumplimiento de contrato.
Manifestó que en la investigación, la prueba más contundente sobre la adjudicación a una firma de maletín es el hecho que Lumma Magdalena Silva Battochi era socia de la empresa Golden Rouse, que explotaba el night club, que luego cambió de razón social para ser constructora SCDE SA. La misma es funcionaria municipal desde diciembre de 2021 como auxiliar en Gestión de Cobranzas.
Según el escrito de denuncia, “esta es la prueba más contundente de que la empresa es de fachada, de maletín, dirigida desde la Municipalidad de Ciudad del Este”. Silva Battochi está hoy en la Dirección de la Vivienda. Los denunciantes, además de las documentaciones, presentaron imágenes en las que se ve a los supuestos responsables de la firma de fachada compartiendo con dirigentes del equipo político de Prieto.
“Se ha podido constatar que bajo la dirección del intendente Miguel Prieto Vallejos han creado una organización estructurada jerárquicamente, bien organizada, destinada a desviar recursos financieros de la municipalidad, al crear comisiones barriales a las que debían entregar recursos para la construcción de empedrados, a favor de quienes se libraban los cheques”, refiere el escrito de denuncia.
Además de Magdalena Montiel, firmaron la denuncia José Víctor Vázquez Leguizamón, Sergio Alejandro Sánchez Mereles y Gricelda Fernández, bajo patrocinio del abogado Víctor Enríquez. La Contraloría Ciudadana ya presentó seis denuncias contra Miguel Prieto, quien tiene dos imputaciones.
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Liberales a la carga: USD 46 millones en adjudicaciones por alimentos
Empresas cercanas a dos legisladores liberales fueron beneficiadas con millonarios montos para la provisión de alimentos a instituciones públicas y particularmente para la entrega de merienda y almuerzo escolar. En total, tres firmas ligadas a los opositores se alzaron con contratos por más de G. 341.000 millones.
- Por Juan Carlos Lezcano
Más de G. 341.000 millones (unos USD 46,7 millones) en contratos para la provisión de alimentos a instituciones públicas recibieron las empresas LF Latin Food SA (ex-Arcáncel SA), Pinoty SA y Villa Madrid. Las primeras dos son firmas cercanas a la senadora Celeste Amarilla, mientras que la tercera está vinculada al diputado Pedro Gómez Silva, ambos del Partido Liberal.
De acuerdo con lo que consta en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), estas tres firmas cercanas a los políticos opositores se alzaron con un total de 103 contratos con instituciones estatales desde el 2010 hasta el presente año.
LOS AMIGOS DE CELESTE
La firma que más dinero recibió por parte de instituciones públicas es LF Latin Food SA (ex-Arcáncel SA). De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.
Del total, el Ministerio de Salud Pública es el que más veces contrató a LF, con un total de diez adjudicaciones. En segundo lugar, entre los “mejores clientes” aparece la Gobernación de Central, con un total de ocho contratos.
En total , esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.
LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavilán y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal Celeste Amarilla. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.
Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Amarilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.
MIMADOS EN CENTRAL
Volviendo a los contratos, como ya señalamos líneas más arriba, el Ministerio de Salud Pública fue el que más contratos entregó a Latin Food. Sin embargo, la Gobernación del departamento Central es la que más dinero adjudicó a la firma.
De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accionaria.
De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.
El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.
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La firma Pinoty SA es la segunda que más dinero recibió entre las tres firmas. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).
Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la senadora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma representante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.
Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amarilla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como diputada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.
De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.
La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Central, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.
En términos de contratos individuales, la Gobernación de Caaguazú fue la que le entregó la mayor adjudicación. Fue en 2015 cuando la administración de Mario Varela le entregó un contrato de G. 18.763 millones para la provisión de alimentos para el almuerzo escolar.
De hecho, el gobierno del quinto departamento es la institución que más dinero entregó en contratos a Pinoty SA: un total de G. 27.230 millones. Le sigue la Gobernación de Central, con G. 14.008 millones.
PROTEGIENDO EL NEGOCIO FAMILIAR
La lista se cierra con la firma Villa Madrid SA, empresa ligada al diputado liberal por el departamento Central, Pedro Gómez Silva.
La firma tiene como representantes legales a María Ana Silva y Mónica Gómez, madre y hermana, respectivamente, del legislador liberal. De hecho, la empresa tuvo como uno de sus primeros accionistas a Roberto Pedro Gómez Verlangieri, fallecido padre del diputado.
Según los datos que constan en la web de la DNCP, la firma recibió un total de 46 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicaciones por más de G. 75.052 millones desde el 2013 en adelante.
Más de la mitad de las adjudicaciones, 26 en concreto, fueron otorgadas por el Ministerio de Salud Pública. Seis contratos fueron con la Gobernación del departamento Central y cuatro fueron con la Senad.
Sin embargo, la mayor cantidad de dinero provino de la Gobernación de Central, institución que le entregó también el contrato más jugoso a la empresa de la familia del diputado.
En una sola oportunidad, el gobierno centralino le entregó un contrato de más de G. 24.000 millones a la firma. Más concretamente, fue en 2017, durante la administración del liberal Blas Lanzoni, cuando la empresa de la familia Gómez fue beneficiada con una adjudicación para la provisión de pan lacteado, cereales y otros, para la merienda escolar.
Dos años antes, la administración de Lanzoni también había entregado otro contrato de G. 18.000 millones a la empresa de la familia de su correligionario liberal.
En total, la Gobernación de Central entregó contratos por más de G. 67.613 millones a Villa Madrid SA.
DEFENDIÓ PEDIDO DE AUMENTO
Gómez Silva fue uno de los legisladores que defendió el pedido de aumento presupuestario presentado por el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia, cuando el año pasado el Congreso estudiaba el Presupuesto General de la Nación para el 2024.
El estudio del pedido de ampliación presupuestaria solicitada por la administración de Estigarribia tuvo lugar en el pleno de Diputados el 11 de octubre de 2023, fecha en la que el planteamiento fue rechazado.
Para ese entonces, la Gobernación de Central ya había iniciado la licitación para la provisión de alimentos para las escuelas del departamento. Más concretamente, según la web de Contrataciones, la licitación fue publicada ya el 30 de agosto del año pasado. Entre los oferentes apareció Villa Madrid SA, la empresa de la familia del diputado Gómez, que votó a favor de la ampliación solicitada.
La justificación de Estigarribia fue entonces que, sin más dinero, no habría más alimentos para niños. Alimentos que son proveídos, entre otros, por la empresa de la familia de uno de los diputados que votó a favor de la ampliación.
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LN PM: edición mediodía del 5 de marzo
Raúl Latorre es reelecto como presidente de Diputados
El diputado Raúl Latorre fue reelecto como presidente de la Cámara Baja, con 72 votos a favor y 8 abstenciones en la sesión extraordinaria desarrollada este martes en la Cámara Baja, donde el único punto del orden del día es la conformación de la Mesa Directiva. El parlamentario Hugo Meza, del movimiento Fuerza Republicana, manifestó que la conformación de la Mesa Directiva del nuevo periodo parlamentario no representa ningún acto divisionista entre las bancadas coloradas, sino una situación de acuerdo entre cada una de las bases de la Cámara de Diputados.
“Actualmente hay un escenario diferente al cual veníamos conversando. Anteriormente éramos 17 representantes y actualmente nos encontramos entre seis parlamentarios de Fuerza Republicana; no se incumple en ningún tipo de acuerdo porque nuestra bancada lleva la vicepresidencia primera”, señaló el congresista.
Catalogaron a Latorre como un titular que supo cómo priorizar el pluralismo en la Cámara de Diputados. “La sesión de hoy se lleva adelante para dar una imagen de estabilidad política que buscamos priorizar en la Cámara”, puntualizó el diputado Carlos Núñez Salinas, en referencia a la convocatoria de una sesión extraordinaria para conformar la Mesa Directiva de Diputados.
Gobierno suma fuerzas en la lucha contra el dengue en seis departamentos
Este martes, con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, la entidad binacional Itaipú otorgó al Ministerio de Salud Pública el aporte de G. 35 mil millones para la lucha contra la epidemia del dengue en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Central, Presidente Hayes, Guairá y Caaguazú. El acto se realizó esta mañana en el Palacio de Gobierno, en Asunción.
“Las necesidades son enormes, estamos muy agradecidos con la Itaipú que realizó toda la gestión administrativa y financiera para proveer de equipamientos y luchar con más herramientas contra un flagelo que es enorme. Esto se ha vuelto algo crónico”, manifestó Peña, e instó a la ciudadanía a colaborar en el combate contra la enfermedad y a las instituciones encargadas del sistema sanitario a realizar una mayor difusión sobre la importancia de la eliminación de los criaderos y el impacto negativo que puede tener en la salud de la población.
“Todos sabemos que el mosquito no discrimina barrios, ciudades ni estatus social. La educación es fundamental, necesitamos de la colaboración de la ciudadanía que controlen los reservorios donde se acumulan agua, esto es fundamental. Es muy importante generar conciencia, que todos juntos podamos combatir el dengue, esta enfermedad tiene temporadas donde aumenta de manera tremenda, entonces tenemos que prepararnos mejor, hacer un trabajo más amplio en materia de difusión”, puntualizó el mandatario ante la prensa, tras el acto oficial.
Por pedido fiscal archivan denuncia contra exvicepresidente y exdirector jurídico de la EBY
El juez Humberto Otazú por pedido del Ministerio Público hizo lugar al pedido de desestimación de la denuncia realizada en su momento contra el exvicepresidente de la República Hugo Velázquez, quien fue investigado por el delito de soborno junto al abogado y exdirector jurídico de la EBY Juan Carlos Duarte.
Con la resolución del citado magistrado se archiva la presente denuncia penal que en su momento se había iniciado por la declaración de significativamente corrupto declarada por el gobierno de los EE. UU. Primeramente los fiscales Diego Arzamendia, Abg. Francisco Cabrera, Alma Zayas y Abg. Jorge Arce pidieron al juez archivar la causa porque no se ha encontrado elementos de prueba contra Velázquez y Duarte.
Ante este pedido el juez Otazú se opuso a dicha solicitud y remitió la carpeta fiscal para que la Fiscalía General decida si seguir con la presente investigación o no. Posteriormente, la fiscala adjunta Matilde Moreno ratificó la determinación inicial de los fiscales del caso y recomendó al magistrado hacer lugar a la desestimación de la denuncia y al correspondiente archivo del caso.
Asfixiaron a un menor, madre dice que fue un asalto, pero hay dudas
La Policía recibió la denuncia de un caso asalto ocurrido en un inquilinato de Asunción, donde supuestamente los ladrones asfixiaron a un niño pequeño porque no paraba de llorar. Sin embargo, la Policía hasta ahora no halló indicios de un asalto y todas las pertenencias están intactas.
Agentes de la Comisaría 18ª de Asunción, con apoyo del Grupo Lince, acudieron hasta un inquilinato situado sobre la Avda. Perú y Santo Domingo, ante la denuncia de un asalto con derivación fatal.
Testigos señalaron que una mujer identificada como Shirley Paola Santacruz salió corriendo de la casa y pidió auxilio para socorrer a su hijito, quien, según dijo, fue asfixiado por ladrones porque no paraba de llorar. El menor de cinco años fue trasladado al Hospital General de Barrio Obrero, donde lastimosamente se constató su deceso, según explicaron los efectivos de Criminalística.
Convención de ANR no tratará expulsión de Abdo Benítez
Autoridades de la Asociación Nacional Republicana (ANR) comunicaron a sus afiliados, dirigentes y la ciudadanía en general, a través de una conferencia de prensa, que en la agenda de la convención ordinaria prevista para el sábado 9 de marzo no figuran como puntos de tratamiento la reelección presidencial y el pedido de expulsión del exmandatario Mario Abdo Benítez.
“Debo ser categórico, contundente, no se tratará el tema referente a la reelección presidencial. Esto es algo que surgió de la imaginación de algunos actores políticos fuera del Partido Colorado y algunos medios de comunicación”, manifestó el vicepresidente tercero del Partido Colorado, José Alberto Alderete.
“En representación de la propia Junta de Gobierno, la Comisión Ejecutiva y del propio presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, somos determinantes en decir que no será tratado ningún tema referente a la reelección”, precisaron.
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Juez Otazú se opone a rechazo de denuncia contra expresidente y exasesor de la EBY
El juez Humberto Otazú se opuso al pedido de desestimar la denuncia contra el ex vicepresidente Hugo Velázquez y el exasesor de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY), Juan Carlos Duarte, declarados significativamente corruptos por EE. UU. Ahora, la Fiscalía adjunta es la que decidirá si se ratifica el pedido de archivar la denuncia o decide seguir con la investigación por supuesto hecho de soborno a un alto funcionario público a fin de impedir una indagación en su contra que amenazaba a sus intereses financieros.
El Ministerio Público había ratificado el pedido de desestimación de la denuncia contra estos dos exfuncionarios. El equipo de fiscales que llevan la causa, se había ratificado en que no se pudo avanzar en la atribución de los hechos, teniendo en cuenta que las pruebas recabadas no las permitía seguir con la investigación.
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En agosto del año pasado, la fiscalía abrió un proceso de investigación contra el vicepresidente de la República Hugo Velázquez, tras la denuncia formulada por los Estados Unidos, sobre un supuesto soborno a un alto funcionario público con el fin de obstruir una indagación en su contra que amenazaba a sus intereses financieros.
El país norteamericano había afirmado que el segundo del Poder Ejecutivo junto con el exasesor jurídico de la EBY Juan Carlos Duarte habían ofrecido USD 1 millón como coima.
El 29 de diciembre del año pasado, los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Alma Zayas y Diego Arzamendia, ya habían solicitado la desestimación de esta denuncia, que había sido formulada en contra del exvicepresidente y el exasesor de la binacional.
El Ministerio Público también había solicitado información complementaria sobre los supuestos hechos, y al no contar con tal información se realizó una investigación para obtener indicios sobre los hechos denunciados, sin embargo, no se lograron obtener datos suficientes para llevar adelante la causa.