Desvío de fondos, estafa, lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, pago indebido, entre los antecedentes de aliados del precandidato y vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, con miras al continuismo en el 2023. Varios de ellos lograron congelar sus causas mientras buscan zafar de la Justicia.
Un listado de imputaciones cargan sobre las espaldas quienes buscan, atornillados en cargos públicos, colgarse nuevamente del Estado en el próximo período mientras maniobran sus causas en la Fiscalía.
Algunos ya lograron el blanqueo de sus causas, como el diputado Tomás Rivas y sus caseros de “oro”. El legislador fue imputado por estafa y por cobro indebido de honorarios en carácter de cómplice luego de que saliera a la luz que hizo figurar a tres de sus empleados particulares como funcionarios de la Cámara Baja.
El pasado diciembre, el Tribunal de Sentencia resolvió la extinción de su causa y menos de un mes después ya hizo pública su militancia a favor de Velázquez, por lo que su blanqueo se dio en medio de su pase al equipo del Vicepresidente.
El diputado Miguel Cuevas, aspirante al Senado, fue imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. La Fiscalía señaló que existe un perjuicio de G. 1.700 millones y la causa, que ya data del 2019, avanza a pasos de tortuga gracias a las múltiples chicanas del legislador.
Sergio Coscia, ex procurador y actual apoderado de Velázquez, fue imputado en enero de este año por lesión de confianza, prevaricato y usurpación de funciones públicas en el caso que investiga irregularidades en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
El ex procurador fue el firmante del acuerdo entre Petropar y la empresa argentina Text Oil, mediante el cual se pagaba a la firma extranjera US$ 7 millones como “acuerdo extrajudicial”. Ante la inminente apertura de un sumario, Coscia renunció a la Procuraduría, pero ahora se acomodó con Velázquez.
El diputado Éver Noguera, aspirante a la Gobernación de Guairá, fue imputado en el 2020 por administración en provecho propio y asociación criminal por ser socio comercial de la firma que se llevaba todas las adjudicaciones de la merienda escolar en dicho departamento. La causa continúa abierta, aunque no se sabe de mayores avances.
Denis Lichi, actual presidente de Petropar y quien puja por la Gobernación de Cordillera, fue el firmante del acta entreguista con Text Oil. Lichi supo blindarse y se salvó de la imputación.
El gobernador de Presidente Hayes, Rubén Roussillón, pudo congelar su causa de manera sorprendente. Hace más de siete años que está imputado por el desvío de G. 30.000 millones, pertenecientes a los fondos de la gobernación, y mediante chicanas pudo suspender 29 veces su audiencia preliminar. Además, junto con Coscia fue imputado en el caso de Conajzar.
El diputado miembro del clan Samaniego, Esteban Samaniego, cuenta con dos procesos en su contra, una investigación por el faltante de G. 10.000 millones en la Municipalidad de Quyquyhó, donde fue intendente entre 2010 y 2017 y el supuesto vaciamiento de los fondos del municipio, además de una querella por difamación y calumnia.
A pesar de que se hicieron allanamientos en la municipalidad, la Fiscalía nunca se animó a formular imputación en contra de Samaniego.