El historial del ahora ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, refleja su cualidad artística para las cámaras y la mediatización de aparatosos procedimientos en su carrera como fiscal y otros puestos de alto rango. Sin embargo, los flashes se apagan a la hora de llegar a los resultados y este mismo mecanismo es el que utiliza en estos momentos el cuestionado secretario de Estado, quien hace ruidosas denuncias para blindarse de los escraches por la crisis en la seguridad interna.
De fiscal de casos inconclusos a inoperante ministro del Interior se puede resumir el legajo de Arnaldo Giuzzio. En el 2003 ingresó a la función pública como fiscal, cargo que aprovechó para realizar aparatosos procedimientos y muchas cámaras, ya que siempre fue mediático. De hecho, es una estrategia de supervivencia que le resulta hasta hoy considerando la escasa efectividad y falta de resultados positivos en sus diferentes cargos.
Los archivos periodísticos cuentan que, en sus manos, sonados casos quedaron en la nada. Una causa emblemática, desafiante mediáticamente, que estuvo a cargo de Giuzzio es la investigación a Heriberto Galeano, ex jefe del Regimiento Escolta Presidencial, un peso pesado en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos que había sido acusado por Giuzzio por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, logró ser sobreseído precisa mente por apreciaciones desatinadas, según los jueces.
Malos procedimientos favorecieron para que denunciados por narcotráfico zafen de la Justicia. A propósito, también fue partícipe de una reunión con el supuesto capo narco Ezequiel de Souza y fue denunciado por apoderarse de dinero incautado en diferentes procedimientos anticorrupción en el 2006. Favorecido con clientelismo político, su hijo ingresó a la función pública en el 2019 con salario de G. 14 millones; también nombró con sueldazo en la Senad a funcionario sin título. En las últimas semanas, Giuzzio volvió a su vieja práctica de realizar escandalosas denuncias para desviar la lluvia de cuestionamientos que recibió por la compra de una granja en Caaguazú por G. 1.200 millones mediante préstamos con cuotas más altas que su sueldo, hecho que fue opacado por el fatal suceso en San Bernardino, que reflotó estadísticas lamentables de inseguridad.
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Fiscalía podrá presentar acto conclusivo pese a la recusación de la defensa, sostiene Preda
El abogado penalista, Ricardo Preda explicó que independientemente a la chicana que interponga la defensa de los imputados en el caso de Filtración de Seprelad, el Ministerio Público está en el derecho de presentar el requerimiento conclusivo en la fecha. Indicó que en el eventual caso que no lleguen a presentarlo, el código procesal penal establece que el juzgado puede fijar un nuevo plazo de 10 días.
El especialista mantuvo una charla en el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970am/Nación Media, donde explicó sobre el procedimiento que se llevará a cabo ante la nueva chicana interpuesta por la defensa del expresidente Mario Abdo y Daniel Farías Kronawetter en el citado caso.
Al respecto, el abogado señaló que en primera medida la Fiscalía General podría confirmar de vuelta a los fiscales que fueron recusados o bien, establecer a los fiscales que podrían presentar el requerimiento conclusivo.
Ahora bien, atendiendo a que el propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón fue recusado igualmente por la defensa, señaló que existe una veintena de fiscales adjuntos que podrían obrar en su reemplazo y que no hayan sido recusados. “Habría que ver quién de los fiscales adjuntos que no hayan sido recusados pueden resolver el caso, en sustitución del fiscal general que fue recusado”, acotó.
Mencionó, además que, en sus años de experiencia, desconoce que exista una causa o proceso, que no se haya presentado requerimiento conclusivo por causa de recusaciones a los fiscales investigadores. Indicó que la Fiscalía siempre ha resuelto este tipo de cuestiones, porque obviamente no es la primera vez que sucede un hecho similar, en que los fiscales son recusados hasta el último plazo límite.
“No creo que sea un tema que ni la Fiscalía General actual, ni administraciones anteriores, desconozcan que se presenten recusaciones masivas, ante la inminente presentación del acto conclusivo, estimo que será el día a día del Ministerio Público, ya que en la práctica es algo común esto”, explicó.
Código Procesal Penal
Al respecto, Preda no cree que las recusaciones tengan un impacto final en la decisión a partir de la presentación del requerimiento conclusivo, donde los agentes fiscales deberán solicitar elevar el caso a juicio oral o el sobreseimiento de los procesados.
“Desconozco que exista algún caso, en el que el Ministerio Público no haya presentado su requerimiento conclusivo, por causa de las recusaciones. Pero en la peor hipótesis, que esto no ocurra, se aplica un trámite que se basa en el artículo 139 del Código Procesal Penal, que de no presentarse el acto conclusivo, el juez tiene que correr traslado a la Fiscalía General, con un plazo de 10 días para que emita finalmente su posición al respecto”, explicó.
Con ello, remarcó que el proceso no termina hoy si es que la Fiscalía no presenta sus requerimientos conclusivos en la fecha establecida como límite el cual, en este caso de filtraciones de Seprelad, vence a las 23:59 de este martes 11 de marzo. Preda, agregó que está seguro que de una u otra forma la Fiscalía va a presentar sus actos conclusivos, porque desconoce que exista un antecedente en donde no se haya presentado por causa de las chicanas.
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Fiscalía sospecha que Giuzzio tendría nexos con narco Lindomar
La Fiscalía requirió que en el juicio oral y público que enfrenta el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, por cohecho pasivo agravado, sea incluido como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. El pedido fue realizado ayer al Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos conformado por Adriana Planas, Matías Garcete y Yolanda Morel.
El requerimiento surge teniendo en cuenta que Reges Furtado formaría parte del grupo criminal del también capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien contaba con la intención de contratar con el Estado paraguayo durante el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez, valiéndose de su amistad con Giuzzio.
EXTRACCIÓN REALIZADA EN BRASIL
“Se trata de una extracción realizada en Brasil y solicitamos la obtención de datos de los teléfonos incautados de Lindomar Reges Furtado. Nosotros creemos que existe información que podría valorarse dentro del marco de este juicio”, mencionó el fiscal de la unidad anticorrupción Jorge Arce, al programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El agente que impulsó junto a su colega Diego Arzamendia la imputación contra el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) señaló que el requerimiento fue realizado a la Justicia brasileña vía exhorto. “Solicitamos esta información para que pueda ser valorado por el tribunal. Lo que esperamos es que se pueda revelar cierta información que haga también a la participación del acusado”, manifestó.
DETENIDO EN BRASIL
Reges Furtado fue detenido en enero en un condominio ubicado en Recreio dos Bandeirantes, un lujoso barrio de Río de Janeiro, Brasil. En su contra pesa una orden de captura emitida por Paraguay en febrero de 2022, luego de que el investigado por nexos con el narcotráfico lograra fugarse de las autoridades tras una intervención de la Senad y la Fiscalía en el Paraná Country Club.
Se sospecha que Giuzzio recibió obsequios por parte de Reges Furtado y que habría colaborado en su fuga del barrio cerrado en el marco del fallido operativo Turf. La solicitud realizada por los agentes fiscales deberá ser estudiada por el Tribunal de Sentencia.
Chicanas no frenan juicio: proceso a exministro sigue este mes
El exministro del gobierno de Mario Abdo Benítez se sentó finalmente ayer en el banquillo de los acusados.
El juicio oral y público contra el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio se inició ayer martes, pese a las múltiples acciones dilatorias presentadas por su defensa. El Ministerio Público lo investigó por cohecho pasivo agravado (coima), luego de reunir múltiples elementos en que lo vinculan con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
A lo largo de 2024, Giuzzio presentó una serie de chicanas con el objeto de posponer el juicio. Hasta la fecha, el abogado que encabeza su defensa, el también exministro Emilio Fuster, no ha presentado elementos que desacrediten la acusación de la Fiscalía y las acciones planteadas solo apuntaban a seguir posponiendo el inicio de la audiencia.
Y esta misma estrategia se repitió antes del inicio del juicio, cuando su defensa solicitó la suspensión por un plazo de 10 días, argumentando que el pedido de declaración para que pueda declarar Vinicius no había sido aprobado, lo cual fue rechazado por el Tribunal de Sentencia integrado por Adriana Planas, Yolanda Morel y Mathías Garcete.
En el pedido de posposición de la audiencia también se fundamentó en que Giuzzio no cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos de un traductor, y ante este hecho, el Tribunal de Sentencia fue categórico al manifestar que si el exministro carece del dinero necesario se solicitará a la Corte Suprema de Justicia a que designe un perito matriculado.
De esta forma, las artimañas de Giuzzio quedaron deshechas ante la firmeza del tribunal y se dio inicio al juicio, donde el agente del Ministerio Público Jorge Arce realizó el pedido de incluir como elementos probatorios los datos extraídos del sindicado narcotraficante, Lindomar Regis Furtado, quien fue detenido en Brasil en enero de este año. Cabe mencionar que Lindomar está vinculado al esquema delictivo de Vinicius.
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Entregan copias de pericia de teléfono de exdiputado Lalo Gomes y otros
Tras casi 12 días de retraso y luego de la presentación de un urgimiento por parte de la fiscala Ingrid Cubilla, el juez Osmar Legal entregó este martes la copia espejo de los resultados de la pericia que se realizó a los teléfonos celulares incautados durante el allanamiento realizado a la residencia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y la de su hijo Alexander Gomes, así como otros dispositivos incautados en otros procedimientos en el marco del operativo Pavo Real 2.
La fiscala Ingrid Cubilla, en representación del Ministerio Público, y el abogado Óscar Tuma, representante de la familia Gomes, fueron los que ya recibieron el resultado de la pericia.
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Por su parte, la agente fiscal Cubilla señaló que los dispositivos fueron objeto de pericia, entre ellos incluyen tres dispositivos celulares, uno de ellos es el aparato celular del fallecido diputado Eulalio Gomes. Cubilla describió que son tres celulares, más una notebook y algunos pendrives, pero no pudo precisar la cantidad.
Denuncia de juez Legal
Asimismo los fiscales Francisco Cabrera y Luis Piñánez accedieron a una copia del resultado de la pericia del teléfono celular del exdiputado Eulalio Gomes. El caso es en relación con la denuncia formulada por el juez Osmar Legal sobre algunos mensajes entre Gomes y el hoy día exdiputado Orlando Arévalos.
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Narcovínculos, el legado más funesto de la administración de Abdo Benítez
- Unidad de Investigación
- Nación Media
A lo largo del gobierno de Mario Abdo Benítez se sucedieron diferentes episodios en los que su gestión y la de sus colaboradores estuvieron ligadas a personajes asociados al crimen organizado. Desde tiempos de Reinaldo “Cucho” Cabaña, luego Marcus Vinicus Espíndola, Lindomar Reges Furtado o, últimamente Eulalio “Lalo” Gomes, son solo los nombres más notables que tuvieron acceso a ministros y funcionarios. Del financiamiento dudoso de la campaña, a la filtración de datos y la liberación de zonas de paso de cargamentos de drogas, el gobierno anterior se distinguió por sus vínculos con el crimen organizado, particularmente a través de uno de sus hombres más cercanos: Arnaldo Giuzzio.
Arnaldo Giuzzio, ex superministro abdista, y una extraña fascinación con pasearse en vehículos blindados prestados por personas investigadas por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El exsecretario de Estado volvió al centro del escándalo luego de que los chats filtrados del fallecido exdiputado Lalo Gomes, investigado por sus vínculos con el hampa, revelaran una cercana relación con Giuzzio.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el exsenador del Partido Democrático Progresista (PDP) – del que también forman parte el senador Rafael Filizzola y la exlegisladora Desirée Masi– es señalado por vínculos de este tipo.
EQUIPOS DESAPARECIDOS
La denuncia más alarmante involucra modernos equipos de espionaje, como el software espía FinFisher (también conocido como FinSpy), decomisados en operativos contra el contrabando. Estos dispositivos permiten interceptar comunicaciones, acceder remotamente a dispositivos y realizar actividades de vigilancia avanzada. Sin embargo, en lugar de ser utilizados para reforzar la seguridad y combatir el crimen, los equipos terminaron en manos de personas vinculadas al narcotráfico.
Según documentos oficiales, estos equipos fueron entregados de forma irregular a un agente especial de la Senad, quien, de acuerdo con la acusación del fiscal Deny Yoon Pak, filtraba información sobre operativos al narcotraficante Miguel Insfrán, alias Tío Rico. Esto permitió a Insfrán evadir operaciones clave de la Senad, desarticulando los esfuerzos del Estado para detenerlo.
La Dirección de Inteligencia de la Senad, bajo la gestión de Giuzzio, nunca registró los equipos ni dejó constancia de su decomiso. En el memorándum n.º 407/2022, remitido por la propia Dirección, se admitió que el entonces ministro Giuzzio entregó los dispositivos “sin ningún documento”. Este vacío documental refleja una grave negligencia, que facilitó el uso indebido de los equipos por parte de redes criminales.
FILTRACIONES Y VÍNCULOS PELIGROSOS
La implicación de Giuzzio en actividades que favorecieron al crimen organizado no se limita al caso de los equipos de espionaje. Durante su gestión, hubo filtraciones constantes que beneficiaron a narcotraficantes. Uno de los episodios más notorios ocurrió el 15 de febrero de 2022, cuando Lindomar Reges Furtado, un pez gordo del narcotráfico, huyó del Paraná Country Club minutos antes de un operativo policial-judicial que buscaba arrestarlo.
Esa misma red de filtraciones facilitó la fuga de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, otro capo narco brasileño que mantenía una relación cercana con Giuzzio. Espíndola llegó incluso a prestar una camioneta blindada al exministro cuando su vehículo sufrió un desperfecto en Brasil. Ambos eventos demuestran la cercanía de Giuzzio con figuras clave del narcotráfico y cómo su gestión contribuyó a la evasión de estos criminales.
COMUNICACIÓN CONSTANTE CON SUPUESTO NARCO
Hablando de Marcus Vinicius, la Fiscalía reveló una serie de mensajes de WhatsApp intercambiados entre el exministro Arnaldo Giuzzio y el presunto narcotraficante brasileño. Estos mensajes, provistos por Brasil, comenzaron en julio de 2021. En agosto de ese mismo año, Vinicius envió noticias y enlaces sobre “inversiones empresariales” realizadas en Brasil, que tanto él como el Dr. Pablo Rivas ya habían mencionado a Giuzzio, quien respondió con un escueto: “Perfecto”. Más tarde, Marcus solicitó a Giuzzio que enviara una “camioneta Hyundai Santa Fe blindada” a Ciudad del Este para realizarle “cambio de suspensión, mantenimiento de blindaje y retoques de pintura”, a lo que Giuzzio respondió: “Veo”.
En octubre de 2021, continuaron las conversaciones, y Marqués de Padua envió a Giuzzio un enlace y una captura de pantalla de una noticia sobre el caso Lava Jato, un procedimiento en Brasil. Giuzzio respondió con un “gracias Marcus” y luego añadió: “Les hablo”.
En noviembre, Vinicius se comunicó nuevamente con el entonces ministro del Interior para informarle que estaba en Asunción y que tenía muestras para pruebas balísticas de materiales para chalecos. En diciembre, Marcus hizo referencia, a través de un mensaje reenviado, a tres vehículos de las Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE). Además, Vinicius consultó a Giuzzio sobre la posibilidad de enviar un vehículo averiado a su empresa para revisión, ofreciendo este servicio como “cortesía” y adjuntó varias fotografías de los vehículos. En esa época, Giuzzio planeaba vacaciones en Brasil.
La Fiscalía sospecha que Marcus Vinicius no solo proveía servicios de reparación y blindaje a vehículos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, sino que también estaba en tratativas con Giuzzio, en su rol de ministro, para la provisión de materiales a estas instituciones.
EL PRECIO DE LA NEGLIGENCIA
Las fallas en la gestión de Giuzzio al frente de la Senad y el Ministerio del Interior no se limitan al manejo de los equipos de espionaje. En mayo de 2020, Giuzzio dispuso el cierre de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), encargada de fiscalizar puertos privados y controlar el tránsito fluvial, debilitando significativamente los controles antidrogas. A partir de entonces, las incautaciones de grandes cargamentos de cocaína vinculados a Paraguay se volvieron frecuentes en Europa, con cifras alarmantes como los 16.174 kilos decomisados en Hamburgo, Alemania, en febrero de 2021.
Además, durante su periodo como ministro del Interior, Giuzzio enfrentó otro escándalo al utilizar una camioneta registrada a nombre de una empresa de Espíndola, quien aspiraba a convertirse en proveedor de chalecos antibalas y blindajes para la Policía Nacional. Este vínculo expone un conflicto de intereses y una falta de ética en el manejo de sus responsabilidades públicas.
DE PASEO CON VEHÍCULOS DE “DON LALO”
El más reciente escándalo revela cómo Giuzzio mantenía contacto con Lalo Gomes, asesinado exlegislador, mientras el primero era titular de la Senad. La conversación entre ambos data de noviembre de 2019 y de acuerdo con los medios que publicaron los mensajes filtrados, ya hubo una conversación anterior con Gomes, quien en ese momento no era legislador, pero era presidente de la Asociación Rural del Paraguay en Amambay. Recordemos que el fallecido diputado está vinculado a varios referentes del narcotráfico.
LALO FINANCISTA
El fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes admitió en un chat filtrado haber donado USD 1 millón de origen dudoso a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez. Carlos Arregui, entonces titular de Seprelad en 2021, conocía esta información y habría optado por ocultarla para proteger a Gomes, quien posteriormente fue electo diputado por Amambay con el respaldo del abdismo.
En una conversación con el extitular de la Dinac, Édgar Melgarejo, Gomes expresó su preocupación por las repercusiones que podría tener la revelación de esta donación, ya que afectaría al Gobierno. Además, mencionó que Arregui había solicitado informes sobre el dinero, lo que le generó inquietud.
Melgarejo mostró disposición para intervenir y frenar cualquier investigación que pudiera comprometer al Gobierno. Este caso plantea dudas sobre la transparencia en el financiamiento de campañas políticas y el papel de Arregui al ocultar información clave. También genera interrogantes sobre la relación de Gomes con organizaciones vinculadas al narcotráfico en la frontera y si se emitió algún reporte de operación sospechosa sobre el origen del dinero.
A pesar de estas irregularidades, meses después, Gomes lanzó su propia candidatura y en 2023 fue electo diputado por el movimiento Fuerza Republicana, obteniendo una banca en la Cámara de Diputados.
ABDISMO SABÍA DE VÍNCULOS
El gobierno de Mario Abdo Benítez contaba con informes de inteligencia que vinculaban a Lalo con Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Esto pudo saberse mediante el informe que se remitió a la Comisión Bicameral de Investigación el 8 de noviembre de 2021, en el cual se detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera de Seprelad había enviado informes de inteligencia a varias instituciones. El escrito refiere que “el señor EULALIO GOMES está vinculado en la causa investigada por el Ministerio Público “LUIS CARLOS DA ROCHA Y OTROS S/ LEY 1340/88; ASOCIACIÓN CRIMINAL, LAVADO DE DINERO Y OTROS”, según lo reportado por un sujeto obligado del sector seguros en fecha 03/12/2019. Al respecto, “la UIF-SEPRELAD elaboró varios INFORMES DE INTELIGENCIA (II) remitidos según detalle”.
CUCHO, OTRO CUESTIONADO FINANCISTA
El gobierno de Abdo no tardó demasiado en sumar su primer escándalo por vínculos con el narcotráfico. Y es que en setiembre de 2018 caía detenido el supuesto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña. Poco después de la detención de Cucho, se revelaron fotos del mismo y una mochila en el domicilio del entonces presidente Abdo, quien intentó desconocer la imagen y hasta a quien habría aportado a su campaña.
En diciembre de 2018, Marcial Valdez, defensor del supuesto narcotraficante de Ciudad del Este, tildó a Abdo de “malagradecido” alegando que su cliente le había solicitado un favor tras haber financiado presuntamente su campaña política.