El historial del ahora ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, refleja su cualidad artística para las cámaras y la mediatización de aparato­sos procedimientos en su carrera como fiscal y otros puestos de alto rango. Sin embargo, los flashes se apagan a la hora de llegar a los resultados y este mismo mecanismo es el que utiliza en estos momentos el cuestionado secretario de Estado, quien hace ruidosas de­nuncias para blindarse de los escraches por la crisis en la seguridad interna.

De fiscal de casos inconclusos a inope­rante ministro del Interior se puede resumir el legajo de Arnaldo Giuzzio. En el 2003 ingresó a la función pública como fiscal, cargo que aprovechó para realizar aparatosos procedimientos y muchas cámaras, ya que siem­pre fue mediático. De hecho, es una estrategia de supervi­vencia que le resulta hasta hoy considerando la escasa efec­tividad y falta de resultados positivos en sus diferentes cargos.

Los archivos periodísticos cuentan que, en sus manos, sonados casos quedaron en la nada. Una causa emble­mática, desafiante mediáti­camente, que estuvo a cargo de Giuzzio es la investigación a Heriberto Galeano, ex jefe del Regimiento Escolta Pre­sidencial, un peso pesado en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos que había sido acusado por Giuzzio por enriqueci­miento ilícito. Sin embargo, logró ser sobreseído precisa mente por apreciaciones des­atinadas, según los jueces.

Malos procedimientos favore­cieron para que denunciados por narcotráfico zafen de la Justicia. A propósito, también fue partícipe de una reunión con el supuesto capo narco Ezequiel de Souza y fue denun­ciado por apoderarse de dinero incautado en diferentes proce­dimientos anticorrupción en el 2006. Favorecido con cliente­lismo político, su hijo ingresó a la función pública en el 2019 con salario de G. 14 millones; también nombró con sueldazo en la Senad a funcionario sin título. En las últimas sema­nas, Giuzzio volvió a su vieja práctica de realizar escanda­losas denuncias para desviar la lluvia de cuestionamientos que recibió por la compra de una granja en Caaguazú por G. 1.200 millones mediante préstamos con cuotas más altas que su sueldo, hecho que fue opacado por el fatal suceso en San Bernardino, que reflotó estadísticas lamentables de inseguridad.