Según el dictamen de Contrataciones Públicas, entre el 2016 y el 2020 Casimiro González no cumplió en ningún llamado con el proceso licitatorio. El político efrainista, que de agricultor se convirtió en próspero empresario, se maneja por encima de la ley.
- Por Silvia Aguilar
- silvia.aguilar@gruponacion.com.py
Casimiro González Moreno, el mago que logró un brillante incremento patrimonial junto con su esposa, no solo guarda la fórmula para hacer maravillas con las finanzas sino, también, mantiene bajo la mesa los procesos de licitaciones que realiza en la municipalidad. Con una gestión cargada de denuncias e irregularidades donde hasta el Juzgado de Instrucción de Contrataciones Públicas había instado al jefe comunal a proveer las documentaciones que guardan relación a 56 llamados realizados entre el 2016 y el 2020, sin que se remitan las informaciones sobre el proceso de adjudicación, sin embargo, no hubo respuestas al requerimiento.
Ante dicha situación, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) abrió una investigación de oficio por resolución 6076/20 y declaró que todos los llamados referidos se encuentran viciados de inconsistencias administrativas y derivó los antecedentes a la Contraloría General de la República (CGR).
La falta de comunicación por parte del municipio en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) sobre las distintas etapas del procedimiento de adjudicación transgrede el artículo 4 inciso C de la Ley 2051/03, que obliga a todas las instituciones del Estado a remitir toda la información relacionada con la actividad de contratación pública realizada.
La Contraloría General de la República, por su parte, ante los hechos sugirió al municipio realizar en tiempo y forma los llamados a licitación para garantizar la legalidad de las adjudicaciones.
MANEJO DISCRECIONAL
En conversación con los concejales municipales (ANR) Andrés Gastón y Julián Cantero, señalaron que el intendente no rinde cuentas ni siquiera a la junta municipal de los trabajos que realiza en la ciudad, ninguneando a los ediles y esquivando totalmente transparentar su gestión ante los mismos, lo que evidencia aún más que Casimiro González utiliza la comuna como una empresa suya.
Casimiro González, de origen modesto y de las carpas efrainistas, nos contaba que trabajó en el Ministerio de Obras Públicas desde el 2009 hasta el 2010, tiempo en el que Efraín Alegre estaba al frente de la cartera estatal. Asumió la Intendencia de Ybytymí en el 2010 y fue reelecto por tercer periodo consecutivo.
Lleva una vida de inmensa prosperidad con importantes propiedades y una constructora que interviene en obras de la municipalidad que administra. Esta prosperidad también alcanzó a la esposa, Estela Ayala, que de cobrar G. 500 mil en viáticos en la municipalidad del marido pasó al frente de una miniinmobiliaria y de un edificio en etapa de culminación valuado en G. 1.200.000.000.
Obrar SRL, empresa creada en el 2008, perteneciente al intendente, llamativamente, es una firma que religiosamente es invitada a las licitaciones en Ybytymí, es decir, González se invita a sí mismo en los llamados, los mismos que justamente no completaron el proceso en la DNCP.
Según denuncias del ex concejal Félix Galeano, el jefe comunal incurrió en supuestos hechos de malversación de fondos, adjudicaciones y pagos irregulares.
La denuncia presentada en la Fiscalía por Félix Galeano señala que existen cinco empresas que llamativamente se quedaron con la mayoría de las licitaciones, todas del distrito de Itá. Valiéndose de maniobras, González siempre evitó que pase a estudio de la Junta Municipal los llamados realizados en la comuna.
Fondos covid en manos del sobrino del gobernador
Unos G. 233 millones tuvieron como destino final la comisión integrada por Marcelo Adorno, sobrino del gobernador de Alto Paraguay, José Domingo Adorno.
Los fondos para la reactivación económica, entregados a los 17 departamentos del país, terminaron en grandes repartijas a comisiones integradas por familiares de los gobernadores y autoridades municipales.
Tal es el caso de la gobernación de Alto Paraguay que benefició a la “Comisión de Fomento de Puerto Casado”, con millonarios recursos de los fondos covid. Esta asociación está integrada por el sobrino del gobernador José Domingo Adorno. Esto sin mencionar que de esta comisión también forma parte una concejala municipal.
Marcelo Julián Adorno es sobrino del gobernador, a su vez ocupa el cargo de “protesorero” en la Comisión de Fomento de Puerto Casado. Esta comisión presentó en total cuatro proyectos de obras para construcciones de puentes, de murallas e incluso de un taller. En total, la gobernación repartió a esta comisión G. 233.428.176.
La tesorera de esta comisión es otro elemento llamativo, dado que se trata de la concejala de la Municipalidad de Puerto Casado, María Lourdes Cabrera de Pereira.
Además de Marcelo Julián, la comisión tiene como miembro a Juan de Dios Adorno Díaz, quien también es sobrino del gobernador y funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS).