El proyecto de resolución para solicitar la auditoría fue presentado por la diputada Del Pilar Medina a raíz de las numerosas denuncias de compras covid direccionadas y amañadas en la Municipalidad de Ciudad del Este y ante el nulo avance de las investigaciones en la Fiscalía, pese al sin fin de evidencias.

El pedido de auditoría integral a la admi­nistración de Miguel Prieto al frente de la Muni­cipalidad de Ciudad del Este es un estirón de orejas princi­palmente para instituciones de control con nula gestión como la Secretaría Anti­corrupción y el Ministerio Público ante las intermina­bles denuncias que sacuden al reelecto intendente.

Las dilatadas pesquisas, pese a irrefutables evidencias de irregularidades forzaron para que ayer la Comisión Permanente del Congreso apruebe un pedido de audi­toría al Poder Ejecutivo y a la Contraloría General de la República (CGR) de los gastos del citado municipio.

“El presente proyecto de resolución tiene como objeto que las instituciones competentes del Estado realicen una auditoría integral de todo el período del intendente Miguel Prieto, atendiendo las graves denuncias de público conocimiento sobre manejo irregular, falta de transpa­rencia, falta de control, entre otras”, dice parte del pro­yecto de resolución presen­tado por la diputada Del Pilar Medina y aprobado ayer.

Los alevosos casos de corrup­ción en la era de Miguel Prieto, como el caso de la compra de alimentos a la des­pensa Tía Chela, la adquisi­ción de la clínica móvil mau, el humilde constructor que vendió miles de kilos de ali­mentos a la municipali­dad, los audios de supuestas repartijas de coimas por lici­taciones de obras son algunas de las sonadas denuncias sin investigaciones por parte del Ministerio Público.

Se espera que la Contralo­ría General de la República haga un estudio minucioso de todo lo que concierne la gestión de Prieto, quién asu­mió la intendencia en mayo del 2019 y que fue reelecto en octubre pasado. Las licitacio­nes, transferencias recibidas y realizadas, ejecución presu­puestaria, utilización de fon­dos de Fonacide y royalties deberán ser objeto de análisis por el órgano contralor.

De hecho, ya se realizaron varias observaciones de irregularidades en la Muni­cipalidad de Ciudad del Este por parte del ente contralor, entre las que resalta la adju­dicación de G. 2.949 millones a Tía Chela, un pequeño auto­service que debía proveer 25.000 kits de alimentos.

El resultado de esta inves­tigación develaba lo que era de público conocimiento en el Alto Paraná, que la lici­tación fue armada de modo a beneficiar a Tía Chela del amigo Fermín Ávalos, y para ello se redujo invitaciones a otras dos firmas (una de ellas perteneciente al padre del propietario de Tía Chela) y otra amiga con jugoso con­trato de alimentos en ese momento.

La Contraloría no pudo cons­tatar si los kits, que tenían por destino familias de escasos recursos, fueron entregados en su totalidad, puesto que no encontraron documentación que avalen la distribución. Sin embargo, el proceso reque­ría que se presenten notas de entregas para el cobro por las provisiones.

Al caso Tía Chela se suma el de don Buena Ventura Morí­nigo, un humilde construc­tor de pozo artesiano al que lo hicieron figurar como un superproveedor que vendió alimentos a la municipalidad por G. 306 millones. El hom­bre no tenía ni idea sobre la venta; sin embargo, las fac­turas emitidas por su firma Tajy SA indicaban la millo­naria provisión.

La administración de Miguel Prieto no es para nada dife­rente a la del sector zacariísta que siempre criticó, es más, al final se terminó aliando con ellos y también les garan­tizó jugosos contratos con la municipalidad.

Mal manejo de fondos, falta de transparencia, sobrefacturaciones en compra de tapabocas motivaron el pedido de auditoría.

En la primera sesión de la Comisión Permanente, la diputada Del Pilar Medina presentó el pedido para auditar la administración de Miguel Prieto. La legisladora señaló que hay más de 19 denuncias en contra del intendente de Ciudad del Este que duermen en la Fiscalía y señaló que urge darle respuestas a la ciudadanía que está hastiada de la corrupción.

Así también, indicó que la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) debería actuar de oficio ante tantas denuncias por mala gestión. El ministro de la Senac, René Fernández, se había deslindado de la responsabilidad de investigar la administración de Prieto, alegando que no es competencia de su institución; sin embargo, la diputada dijo que dicha entidad sí debería actuar de oficio sin que exista ningún pedido de por medio.

“La administración de Miguel Prieto fue muy cuestionada estos tres años y queremos que la Contraloría actúe”, expresó la diputada, y luego agregó: “Existen 19 denuncias que están dormidas en la Fiscalía y la gente está pidiendo transparencia, la Justicia debe hacer lo suyo”, aseveró Medina.