Por Jorge Torres Romero
A inicios del presente mes de diciembre había tomado estado público un hecho que en principio había indignado a toda la población, cuando Mariano Sopeña y su hermano Pedro fueron desalojados de su vivienda mediante un mandamiento judicial; sin embargo, ahora se sabe que la propiedad en realidad pertenecería a una empresa española que fue constituida en Panamá y había otorgado un poder al señor Ángel Sopeña, quien supuestamente antes de fallecer realizó una extensión de dicho poder a su hijo Mariano. Ahora, la fiscala Stella Mary Cano, quien ordenó la semana pasada el allanamiento de la vivienda ocupada por los Sopeña, sospecha que la extensión del poder podría tratarse de un documento falso y abrió una investigación al respecto.
La agente del Ministerio Público explicó que el inmueble en cuestión había sido objeto de desalojo puesto que ya se encontraba en una situación de remate por la ejecución de un pagaré. “De esa causa yo tomo conocimiento hace más de seis meses cuando el propio Sopeña denuncia al abogado que estaba llevando adelante la ejecución. Se allana la casa del abogado y se encuentra el sello de una empresa Formasa SA y en este punto quiero resaltar que un inmueble de Luque, es propiedad de una persona jurídica, de una empresa, por lo que la situación de desalojo y otras cosas más que fueron publicadas por los dichos de Mariano Sopeña a la prensa de que yo querría plantar pruebas para despojar a su familia de su propiedad es simple y llanamente imposible, en razón de que ese inmueble en particular es propiedad de una empresa no de una persona física, ni de Mariano ni lo fue del padre de éste ya fallecido ni de ninguna persona física paraguaya”, insistió la fiscal Cano a PDS Radio y TV Digital.
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Mencionó que la propietaria de ese inmueble, es una empresa constituida en Panamá por ciudadanos españoles y esa empresa es la que otorgó un poder al señor Sopeña ya fallecido y a partir de ahí empieza la investigación. Para la agente fiscal, resulta llamativo el poder supuestamente otorgado por Ángel Sopeña ya fallecido a su hijo Mariano donde hace extensivo el poder que él había recibido de la empresa.
“Con ese poder, Mariano Sopeña supuestamente en representación de Formasa SA se presenta a denunciar un sinnúmero de cosas entre ellas adulteraciones de documentos entre ellos el pagaré que se encontraba en la causa de la investigación a mi cargo. Luego, el abogado que se había hecho cargo de la ejecución comparece ante el Ministerio Público y solicita declarar voluntariamente, manifiesta que es amenazado por Mariano Sopeña y manifiesta que desea declarar lo que pasó atribuyendo a Sopeña en ese momento haber sido el ideólogo de la ejecución contra la empresa. Es decir, la causa habría sido ideada por él. Eso dio lugar al allanamiento y al momento de realizar dicho procedimiento se incautan varias evidencias”, continuó relatando la fiscala.
Una empresa con denominación diferente
Uno de los documentos más resaltantes hallados durante el allanamiento fue la propia constitución de la empresa que resulta que no se denomina Formasa sino Formosa SA. “Es decir, la empresa Formasa cuya representación es invocada por Mariano para hacer un sinnúmero de afirmaciones absolutamente desprovistas de fundamentos como el plantar evidencias, ese extremo cae de por si y surge una sospecha cierta de su participación ya que Formasa no existe, sino que existe Formosa SA que es la que había otorgado el poder a su padre y cuando éste le otorga a él se equivocan o no cual sería el motivo y se extiende el poder como Formasa, entonces la sospecha de la falsedad del poder invocado por Mariano es lo que debe ser esclarecida en esta causa por la fiscal que sea designada por la fiscala general del Estado una vez que sea resuelta la recusación”, apuntó Cano.
El poder otorgado por el padre contemplaba la potestad de vender, administrar o renegociar a nombre de la empresa Formasa. Pero los poderes, en nuestro país, así como en la mayoría de los países se extinguen con el fallecimiento de una persona, de manera automática. Sin necesidad de una orden judicial.
“Cuando el apoderado fallece, el poder queda absolutamente sin efecto, entonces, es cuando supuestamente antes de fallecer, extiende ese poder a su hijo que luego es utilizado por Mariano para invocar la representación de esa empresa. Sin embargo, la empresa que se menciona en el poder otorgado a Mariano es Formasa SA y en el allanamiento se encuentran los documentos originales de constitución de la empresa y otorgamiento de poderes a Ángel Sopeña que se encontraban en una de las casas habitadas por los Sopeña, es decir, eran de conocimiento de Mariano. Mal podría entonces yo plantar unas evidencias”, insistió.
Los dueños verdaderos de la propiedad, accionistas se encontrarían en España, pero el domicilio jurídico se encontraría en Panamá. Esta sospecha de por sí debe ser avalada y acompañada de otros documentos como el registro de la propiedad, porque los poderes aún cuando sean otorgados en el exterior deben ser legalizados e inscriptos en el registro de poderes.
Antecedentes del caso
Hace un par de semanas, los medios se hacían eco de la situación que padeció la familia Sopeña tras el sorpresivo arrebato sufrido de su terreno ubicado sobre la calle Leonismo Luqueño y Felipe González, del Cuarto Barrio de Luque. La residencia perteneció a Roberto Luque, fundador de la ciudad, y luego pasó a José Patricio Guggiari.
A principios de mes, Mariano Sopeña y su hermano Pedro fueron desalojados de su vivienda mediante un mandamiento que data del 23 de abril de este año. El documento lleva la firma de la actuaria judicial Mouriel Vera y la jueza de Paz, Fátima María Luisa Vera, del Juzgado de Asunción. Un dato no menor es que esta magistrada falleció en mayo de este año. La comunicación de desalojo a la Comandancia de la Policía tiene como fecha 20 de octubre y lleva la firma del oficial de justicia, Jorge Thompson.