El análisis de la Contraloría General de la República (CGR) concluyó que no hay documentos de remisión que garanticen la distribución de los 25.000 kits de alimentos a los beneficiarios del Alto Paraná, afectados por el covid-19. Se ratifica la gran cocinada en el caso Tía Chela, clínica móvil, licitaciones en las que la administración Prieto pisoteó la Ley de Contrataciones Públicas.
La denuncia revelada por “Tierra de nadie” fue confirmada por el ente de control, la licitación para favorecer al pequeño autoservice Tía Chela fue amañada, el mismo no contaba con la capacidad financiera para proveer esa cantidad de insumos a las familias de escasos recursos.
El informe de la Contraloría General de la República (CGR) señala que, según el requisito en las invitaciones a la licitación, la firma debía presentar las notas de remisión sobre la entrega de los productos y que la municipalidad debía exigirlas; sin embargo, estos documentos no aparecieron al momento del examen realizado por el ente de control.
“La documentación remitida por la municipalidad, en el análisis que se realizó con relación a esta contratación por excepción, no se pudo constatar esa nota de remisión”, señaló anoche, en el programa “Tierra de nadie”, Paul Ojeda, director general de Control de Contrataciones Públicas del Estado, quien además mencionó que el dictamen ya fue remitido al Ministerio Público para la investigación correspondiente.
Cabe mencionar que varias denuncias contra Prieto duermen en el Ministerio Público, pese a la serie de evidencias, hasta la fecha no ha realizado ni una sola imputación a los responsables de las irregularidades detectadas en la comuna. A un año y 8 meses la denuncia presentada por el ex concejal Celso Miranda contra Prieto está congelada en la Fiscalía, en manos del fiscal Juan Ledesma.
Según habíamos constatado mediante el trabajo de investigación de nuestro medio, el intendente Miguel Prieto maniobró el proceso de adjudicación para favorecer a los amigos. Es así que parodiaron trámites licitatorios con invitaciones a despensitas Danielito SRL de Felipe Ávalos y Tía Chela SRL de Fermín Ávalos, ambas firmas resultaron ser de padre e hijo, situación que también fue confirmada por la Contraloría.
“Lo llamativo de la cuestión ahí son las empresas y la forma en que procedieron para realizar las invitaciones, se invitaron a tres firmas, de las cuales, dos de ellas (la adjudicada) y otra, están vinculadas por parentesco, y una de ellas en particular, de acuerdo a los datos recabados, no se encontraba registrada como proveedora del Estado”, ratificó Paul Ojeda.
Danielito SRL no figuraba como proveedora, tampoco era necesario, según nos confirmaba la esposa del dueño en una de las visitas realizadas por nuestro equipo en el este del país, no tenían interés en participar. Es decir, que la invitación fue un mero trámite para el blanqueo de la licitación. Prieto había cumplido en consignar tres invitados y con ello todo parecía un proceso regular. La Municipalidad de Ciudad del Este no pudo justificar la licitación y mucho menos pudo explicar el motivo por el que se invitó a firmas sin experiencia, el negocio estaba completamente armado para el amigo.
IRREGULARIDADES EN COMPRA DE CLÍNICA MÓVIL
En diciembre del 2019, la Municipalidad de Ciudad del Este había adquirido una clínica móvil, para llevar asistencia médica a los barrios más vulnerables de la ciudad. Para el efecto, se adquirió el rodado por G. 299.531.667 de la firma R&R Export SA. Esta empresa nunca había ganado una licitación.
R&R Export SA pertenece a Aldo Rodrigo Galeano, cuñado de la electa concejala Valeria Romero, del movimiento de Miguel Prieto.
Hicieron figurar invitaciones a grandes concesionarias de vehículos, pero ninguna cuenta con acuse de recibo, una de las grandes invitadas incluso señaló que la invitación no fue realizada ni siquiera de forma extraoficial.
A la Contraloría tampoco le quedó claro cómo la oferta ganadora tomó conocimiento de la licitación ya que no consta que R&R Import Export haya sido invitada.
SEPA MÁS
Más investigaciones
El director general de Control de Contrataciones Públicas, Paul Ojeda, anunció que están programando el análisis del caso Tajy, negocio perteneciente a don Buena Ventura Morínigo, constructor de pozo artesiano, adjudicado para proveer 50 mil kilos de harina, de la cual nunca estuvo enterado. Otra de las adjudicaciones maniobradas por la administración Miguel Prieto que agrava el modus operandi porque a la resulta de que el proveedor no se dedica al rubro, existen también elevadas sospechas de producción de documentos con contenido falso.
Analizan posible daño patrimonial en CDE
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se encuentra analizando el dictamen emergente de la Contraloría General de la República (CGR).
Sobre la serie de inconsistencias halladas en el dictamen de la Contraloría, principalmente lo concerniente a los documentos respaldatorios de cumplimiento de contrato, el director de la DNCP, Pablo Seitz, señaló que cualquier pago por provisión de bienes que deba realizar un funcionario público tiene que estar respaldado en un legajo de documentos que demuestren la entrega de los mismos.
“La falta de documentos deja en ausencia de pruebas si se entregó o no el producto; entonces, quien tenga ese problema tendrá que demostrar si lo que pagó corresponde con lo que realmente se entregó”, mencionó Seitz.
Otro punto llamativo dentro del escándalo de Tía Chela en Ciudad del Este, y que confirma las maniobras en los llamados y adjudicaciones, es que la comuna no remitió todos los datos referentes al desarrollo de la contratación.
El director de la DNCP indicó que otro punto investigado fue la nula comunicación sobre el proceso de licitación a la web de la entidad. “El paso fundamental para iniciar un proceso de compra legítima es justamente comunicar al Sistema Integrado de Contrataciones Públicas, si eso no está en el portal, llama la atención poderosamente”, subrayó.
Seitz destacó el trabajo en conjunto realizado con la Contraloría General de la República ante los casos similares a lo acontecido en Ciudad del Este. “Tuvimos muy buenas experiencias en cuanto a ejercicio de control conjunto, el 100% de los casos se concluyó respecto a las posibles irregularidades como aspectos que merecerían anulaciones, sanciones a proveedores, rendiciones a otras instituciones para que activen sus distintas competencias, estamos en la misma sintonía en ese sentido”, dijo.