La ostentosa vida que llevan varios agentes de la Patrulla Caminera encendió nuevamente las alarmas de la Contraloría General de la República (CGR), que ordenó el análisis de las declaraciones juradas de 9 inspectores más. Los mismos se suman a la lista de los 6 uniformados investigados ante las sospechas de enriquecimiento ilícito.
La polémica novela de los inspectores de la Patrulla Caminera ha generado mucho revuelo en las últimas semanas. El principal ente de control del país amplió la lista de inspectores a ser investigados ante el dudoso origen de sus extensas propiedades y millonarios negocios que no se ajustan con lo que perciben como sueldo.
A través de la Dirección de Declaraciones Juradas, el ente de control solicita la ampliación de los trabajos de análisis de las declaraciones juradas de más agentes y suma al vip Domingo Méndez, a la inspectora heredera de “millones de hectáreas” y actual jefa de prensa de la institución, Clara Alvarenga, y a otros 7 más. El estudio parte de la sospecha de enriquecimiento ilícito.
Alvarenga y Méndez, en medio de un romance, incursionaron en el rubro inmobiliario y actualmente desarrollan juntos sus millonarias inversiones. La mujer aparece como propietaria de un complejo de salones de al menos 8 por cada piso en la ciudad de San Lorenzo, que adquirió en épocas en que percibía sueldo de G. 2 millones. Había declarado la tenencia de varias propiedades, de las cuales una está consignada como herencia.
Por su parte, Méndez, experto agente inmobiliario, además de percibir su salario sin ir a trabajar, se dedica a administrar el negocio de su ex pareja Alvarenga.
El abogado Armindo Torres, titular de la Dirección de Declaraciones Juradas, había dicho en el programa “Tierra de nadie” que la pesquisa que abrieron sobre los bienes de los inspectores de la Caminera también alcanza a sus cónyuges y familiares, es decir, la lista puede ampliarse si la investigación lo amerita. Y en caso de que las inconsistencias salpiquen al entorno, los datos serán puestos a cargo del Ministerio Público.
Una aplazada gestión es la que lleva Osvaldo Cabrera al frente de la Patrulla Caminera. El mismo hasta el momento sigue escondiéndose de nosotros y no nos brinda su versión de todo el escándalo que se generó en la institución. Funcionarios planilleros, agentes con rango de inspector general en el “freezer” y permisos especiales son solo algunos de los desastrosos resultados de su administración.
Dejanos tu comentario
Contraloría abre sumario a leal de Prieto ligada a disco-constructora
La Contraloría General de la República (CGR) abrió un sumario a Lumma Silva Battochi, funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, por no presentar declaración jurada de bienes. La empleada municipal aparece ligada a una firma constructora mimada por la administración de Miguel Prieto.
- Por Juan Carlos Lezcano.
Lumma Silva Battochi, incorporada a la Municipalidad de Ciudad del Este por el intendente Miguel Prieto, no presentó declaración jurada de bienes y renta ante el órgano extrapoder, obligación establecida en el artículo 104 de la Constitución Nacional y regulada por la Ley 6919/2022.
La funcionaria comunal aparece ligada a SCDE Sociedad Anónima, empresa constructora que recibió más de USD 1,5 millones de contratos con la comuna esteña en poco más de un año. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en 2021. En ese entonces, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA y era un club nocturno.
MODESTA FUNCIONARIA
Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Municipalidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000. Es decir, Silva Battochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accionista de la empresa.
La funcionaria municipal es una de las señaladas en la denuncia presentada semanas atrás por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El caso apunta también al intendente de Ciudad del Este y jefe de Lumma Silva Battochi, Miguel Prieto, por las millonarias adjudicaciones de contratos a la empresa ligada a esta última.
CIEN VECES SU SUELDO
Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capital para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como funcionaria comunal.
La accionaria mayoritaria es Lilian Gregoria Graciela Benítez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones. Básicamente, para poder cumplir con su aporte accionario, Silva Battochi debería ahorrar cien meses de su remuneración como funcionaria comunal sin gastar siquiera en comida o servicios básicos.
RELACIÓN FAMILIAR
Actas posteriores revelan que a partir de 2022, Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Battochi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez. Para ese entonces, Silva Battochi ya había ingresado a la comuna esteña. Samara declaró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por su hermanastra, la funcionaria comunal. De acuerdo con publicaciones en las redes sociales de Silva Battochi y Aguirre Benítez, ambas mantienen una estrecha relación. De hecho, se declaran “amor de hermanas” en posteos realizados sobre fechas especiales para ambas. Tampoco existen registros de que Silva Battochi haya presentado declaración de conflicto de interés alguna, esto debido a que la empresa en la que figura su familiar tiene estrechos vínculos con la institución en la que cumple funciones.
DE GOLDEN ROUGE A SCDE
SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escribana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y declaraba, entre sus actividades, el “servicio de bebidas”. Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió a mudarse a una nueva sede. Golden Rouge SA pasó a convertirse en SCDE Sociedad Anónima en 2021 y en contratista favorita de Prieto con adjudicaciones que suman G. 10.706 millones en menos de dos años.
Dejanos tu comentario
Bernal solicita a la Contraloría una auditoria de su gestión en la Essap
El presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), Luis Fernando Bernal, informó que solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoria permanente de su gestión. El mismo explicó que el objetivo es enviar una señal clara de trasparencia en su administración.
“Hace algunos días solicitamos a la CGR una auditoría permanente de mi gestión y el proceso administrativo que venimos desarrollando”, indicó en entrevista a la 1020 AM.
Podes leer: Incautación de cocaína “demuestra la intención del gobierno de eliminar estos casos”
Asimismo, refirió que con este el control del manejo de los recursos y el sistema de trabajo, la finalidad es demostrar transparencia en la institución a su cargo, y principalmente dar esa seguridad a los usuarios del servicio y a la ciudadanía en general.
“Es para transmitir señales claras de transparencia. Es importante dar señales claras a los dueños de lo público sobre cómo manejamos los recursos y qué mejor que abrirnos a los controles técnicos y especializados”, apuntó.
Por otra parte, Bernal explicó que existe un debate si la Essap está sujeto al control de la CGR al ser una sociedad anónima, sin embargo, Bernal indicó que al ser administradores públicos deben ser controlados en su gestión.
“Siempre está el debate sobre si deberíamos ser sujetos de control por parte de Contraloría, aun así, para nosotros como hombres públicos al estar al frente de una sociedad anónima con carácter público donde el mayor accionista es el Estado paraguayo”, dijo en entrevista a la 650 AM.
Refirió que, más allá del categórico control, realizó la solicitud a la Contraloría. “Nos vamos un poco más de lo taxativamente tipificado en la Ley y solicitamos a la Contraloría que haga un control permanente de nuestra gestión, desde la compra de un tornillo hasta la posibilidad de una inversión”, sentenció.
Leé también: Lucha contra el contrabando, clave para el récord de recaudaciones de la DNIT
Dejanos tu comentario
Contraloría abre sumario a modesto funcionario, socio de Líder Amarilla
La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.
- Unidad de Investigación Nación Media
De chofer en Villa Elisa a encargado de contrataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empresas con millonarios contratos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.
Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).
NO PRESENTÓ DECLARACIONES JURADAS
Espínola Villalba figura actualmente como funcionario de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millones. Su deambular por la función pública había iniciado hace un par de años, cuando su primo, entonces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.
Sin embargo, pese a su ya largo camino como funcionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cualquier persona que se encuentre en el servicio estatal.
Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los documentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.
Las publicaciones periodísticas sobre los vínculos del funcionario comunal con varias empresas y la ausencia de presentación de sus manifestaciones de bienes empujaron a que la CGR inicie un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presentación de estos documentos.
LIGADO A VARIAS EMPRESAS
Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.
Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alternaba cargos de vicepresidente y presidente en la inmobiliaria.
Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), aparece también como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Ministerio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societarias como secretario.
Tanto Espínola como Leguizamón también aparecen como accionistas y representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcionario de IPS Renán Leguizamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.
DENUNCIADOS POR USURA
En febrero pasado el concejal de Itá Fidel León había por usura, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al senador Líder Santiago Amarilla, al funcionario municipal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmobiliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una transacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millones por parte de Líder Amarilla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.
SENADOR TAMPOCO DECLARÓ
En las declaraciones juradas presentadas por Amarilla tampoco aparecen registros de Terranova.
La única empresa que figura en la última manifestación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra acciones por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.
Dejanos tu comentario
Implementarán software para detectar irregularidades en declaraciones juradas
El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, manifestó que desde la institución se busca trabajar en la elaboración de un software que permitirá detectar irregularidades en las declaraciones juradas. La iniciativa, a ser aplicada a través de un trabajo interinstitucional con la Contraloría General de República (CGR), busca combatir de manera directa los hechos de corrupción.
“Esto forma parte del plan estratégico del Gobierno, establecido luego de una cumbre de poderes, donde se definió una estrategia nacional en combate a la corrupción. Una de las iniciativas consiste en la sistematización del intercambio de información hacia la Contraloría, para lograr una labor más objetiva y eficaz a la hora de detectar casos de enriquecimiento ilícito”, explicó el ministro para el programa “Arriba Hoy”, por GEN/Nación Media.
Indicó además que se busca implementar criterios objetivos a ser implementados luego del procesamiento de datos, para trabajar de manera más integral en el procesamiento de las declaraciones recepcionadas en la Contraloría. En la primera fase del proceso, Mitic procesará todo lo referente a datos abiertos, mientras que en la fase dos se trabajará en el registro de las informaciones determinadas en diferentes instituciones, para identificar datos no correlacionados.
Lea más: IPS recuerda que sus bienes son inembargables
“Nuestra intención es que en los próximos meses podamos contar con este proceso definido y tengamos el sistema ya operativo. La idea es materializar todo esto antes de fin de año, para dejarlo de manera activa y en plena producción”, remarcó el secretario de Estado, destacando la herramienta a ser generada para filtrar los errores en las declaraciones juradas y así determinar si han sido cometidos adrede o por algún desliz técnico.
Por otra parte, el titular del Mitic manifestó también que desde la institución se planea desarrollar otro tipo de labores colaborativas con entidades como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, entre otros, con el objetivo de sistematizar su admisión de denuncias y las respuestas a las mismas. Esto no solo permitirá una trazabilidad en lo referente a la transparencia, sino también gestiones más eficientes y rápidas.
“Estamos trabajando en el sistematizado de denuncias. En ese aspecto, ya estamos con un diseño de lo que será el sistema, el cual básicamente pretende empezar a gestionar las respuestas en función al tipo de denuncia ciudadana recibida, determinando cuál es la entidad encargada para resolver el problema; si son varias las instituciones que deberían accionar, elaboraremos un listado de acciones de manera automatizada”, señaló.
Lea también: Senado dejó sin quórum estudio de desafuero de Mario Abdo Benítez