Cinco días hábiles tiene el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para responder al pedido de informe de la Contraloría General de la República (CGR) referente a los 15 inspectores de la Patrulla Caminera que mensualmente perciben G. 9,7 millones mientras descansan en sus casas o se dedican a otras actividades particulares.

La investigación de “Tie­rra de nadie” que reveló el llamativo meca­nismo que utilizó el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, para que 15 inspecto­res de la Patrulla Caminera perciban sin falta cada mes su salario de G. 9.717.785 sin ir a trabajar también encendió las alarmas a la Contraloría General de la República, que solicitó un informe referente a los agentes involucrados en el insólito procedimiento, de tal manera a explicar la escan­dalosa situación. Recordemos que en Diputados, Hugo Iba­rra, presidente de la Comisión de Obras, anunció que convo­cará al director nacional de la institución, Osvaldo Cabrera, para que explique el derroche.

Los permisos para cobrar sin trabajar en la Patrulla Cami­nera comenzaron en el 2018, desde hace tres años, cuando Arnoldo Wiens no tuvo otra mejor idea que mandar a 15 inspectores a sus casas bajo la excusa de un “permiso espe­cial” por resolución ya que, al asumir como director nacio­nal un uniformado menos anti­guo, los vip quedaron a cargo del ministro de Obras, por el artículo 16 de su ley orgánica.

Al respecto, se manifestó el principal organismo de con­trol del país exigiendo deta­lladamente al Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones copias autenticadas de los registros de marcación de entrada y salida desde el 2018 de los funcionarios a quienes cada fin de mes el Estado les deposita sus jugosos salarios sin que estos cumplan la labor y mientras se dedican a otras actividades. El pedido indica que, en caso de que Obras Públicas no cuente con esos registros de marcación, debe especificar qué procedimiento se utilizó para el control de la asistencia.

Contraloría da cinco días hábi­les para que el MOPC pueda remitir las documentaciones acompañadas de los antece­dentes que avalen las informa­ciones requeridas sobre el caso de los inspectores vip que tomó repercusión luego de la inves­tigación realizada por nuestro medio.

Esta situación, que data desde el 2018, le costó al Estado para­guayo G. 5.682 millones en 3 años. El permiso que vence este 9 de diciembre debe ser evaluado por una mesa téc­nica que se conformó para buscar una “solución legal” al caso, pero la decisión final la tiene la Junta de Calificacio­nes, que se vuelve a reunir el 25 de noviembre para retomar el debate que había quedado en cuarto intermedio, según mencionó Carlos Ferreira, director de Asuntos Jurídi­cos de la Patrulla.

Sin embargo, las primeras movidas dentro de la Patru­lla ya apuntan a rescatar a estos planilleros, buscarles un lugar para blanquear el daño al Estado paraguayo. Mientras tanto, el director nacional de la institución, Osvaldo Cabrera, principal responsable del pago inde­bido, se mantiene en severo silencio.

Ante denuncias, la Patrulla Caminera acudió a una estrategia sin precedentes de regulada de operativos para dar una “confianza al conductor”, confirmaron desde la institución.

En un audio que se hizo viral, se escucha a Florencio Var­gas, jefe operativo de la Patru­lla Caminera, dando órdenes a los jefes regionales, de zonas y de destacamentos que desde la medianoche de este jueves, los controles en ruta solo se reali­zarán ante infracciones visi­bles (exceso de velocidad, luces apagadas, faros rotos, etc.), eli­minándose de esta forma los controles aleatorios.

Según Vargas, la iniciativa no equivale a una “elimina­ción” del control, sino simple­mente “dejar por un momentito nomás de lado” de modo de darle “confianza” al conductor.

La Caminera, popularmente conocida por realizar extor­siones y coimas a los conducto­res, llamativamente ahora que goza de una impopularidad, y en el momento en que explo­tan denuncias de todo tipo, ha decidido pensar por primera vez en la ciudadanía.

Esta decisión de la Patru­lla Caminera coincide con el estallido mediático, luego de que “Tierra de nadie”, emitido por el canal GEN, revelara que un total de 15 inspectores de la Caminera siguen percibiendo su sueldo de G. 9.717.785 sin ir a trabajar. Esta situación ya data del 2018; es decir, desde hace tres años dichos agentes están en sus casas dedicándose a sus labores domésticos u otros tipos de negocios; en síntesis, unos planilleros.

“Desde este momento se pro­híbe que se le pare por parar a un ciudadano dentro de su cir­culación, cuando se encuen­tre una infracción visible, ahí recién nosotros pararemos”, dice parte del audio de Vargas.

El jefe operativo de la Cami­nera indicó que esta elimina­ción de los controles aleatorios será “por un tiempo”, pero no supo precisar hasta cuando estará vigente esta medida.

“Ciertamente pararemos a quienes van con exceso de velo­cidad, si realizan algún tipo de maniobra de adelantamiento, u otro tipo de infracciones visi­bles, pero por parar nomás por un tiempo no lo haremos”, expresó Vargas.