Por Rossana Escobar
Una de las que más se pronuncian a favor del pago de impuestos es la diputada Celeste Amarilla; sin embargo, contradictoriamente la legisladora fue sancionada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por evasión del Impuesto a la Renta Personal (IRP) y acude a todos los recursos habidos para disminuir la obligación con el Estado.
La diputada presentó un recurso de reconsideración a la administración tributaria, una especie de regateo en la evasión del IRP que ronda los G. 300 millones. Recordemos que la misma Amarilla reconoció que fue pescada por la SET en una de sus intervenciones en Diputados, en la que no escatimó argumentos de víctima.
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Empresas vinculadas a la diputada han facturado millones y millones de guaraníes a municipalidades y gobernaciones lideradas por correligionarios liberales de Amarilla. Las firmas Arcángel SA y Pinoty se alzaron con contratos que ascienden a unos G. 255.461 millones y de hecho, Arcángel, en junio de este año, se volvió a beneficiar con una adjudicación por G. 2.282 millones en la Gobernación de Caazapá.
Si hay algo que siempre tuvo falta de claridad fueron las cuentas de la diputada, recordemos que Celeste Amarilla tiene millonarias cuentas a cobrar a firmas proveedoras de almuerzo escolar y hasta la fecha no explicó sobre este vínculo con el negocio.
En la declaración de bienes del 2018 de Amarilla se detalla el registro de cuentas a cobrar por G. 3.000 millones a la empresa Arcángel SA. Un año más tarde, la cifra ascendió a G. 3.425 millones. En ese momento, la diputada manifestó que ya no tenía vínculos con dicha firma y aseguró que hubo una venta de acciones por G. 920 millones, monto bastante inferior a las cuentas pendientes de cobro. Sin embargo, todavía tiene plata a recibir de firma proveedora de la merienda escolar.
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Así como tantos otros, la diputada también es una maga de las finanzas y logró acumular una fortuna con la venta de leche e insumos para el almuerzo escolar. En sus declaraciones ante la Contraloría General de la República (CGR) consta que en el época de funcionaria municipal, Amarilla tenía G. 3.000.000 en activos. Esta cifra se disparó a G. 22.491 millones de acuerdo a su última declaración jurada.
La excusa de persecución política ya fue utilizada por la legisladora para este caso; mientras, prefiere mantener un hermetismo con respecto a su deuda con el Estado. Tanto es así que fueron ignoradas las llamadas y mensajes por WhatsApp que dejó la redacción a la diputada de modo de tener una explicación sobre el caso.