La diputada liberal Celeste Amarilla, quien está ante una posible pérdida de investidura por sus expresiones descalificativas a la Reina de España, al parecer, no es de las que dan para recibir. Al contrario, acumuló millones vendiendo merienda escolar al Estado; pese a ello, cayó en evasión por el incumplimiento del Impuesto a la Renta Personal (IRP).

• POR ROSSANA ESCOBAR M.
• rossana.escobar@gruponacion.com.py

Notable resulta que la férrea defensora del pago de impuestos, del aumento tributario para algunos rubros que le desa­gradan como el sector taba­calero, diputada Celeste Ama­rilla, haya sido sancionada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por eva­sión del Impuesto a la Renta Personal.

La parlamentaria que ahora está ante la probabilidad de perder su investidura fue san­cionada junto con su hija. Esta situación la hizo estallar en ira hace unos meses en una de sus intervenciones en la Cámara de Diputados, ocasión en la que había reconocido las faltas que les detectaron, aunque ella planteó una reconsideración.

En su alocución Amarilla se había extendido para plan­tear el ya gastadísimo dis­curso de la persecución, men­cionando que su familia, como su “ex socia” de la proveedora de merienda escolar, eran víc­timas de sumarios por parte de la SET de manera arbitraria.

En aquella ocasión también dejó entrever el estrecho vín­culo con la representante de la proveedora, de quien dijo recibir llamadas para comen­tarle el suplicio en Tributación. Sobre el punto, ayer llama­mos varias veces a la diputada Amarilla, le enviamos men­sajes de consultas vía What­sapp, pero no hubo retorno.

Amarilla es una de las par­lamentarias más privile­giadas si de negocios con el Estado se habla. Un recuento del portal de Contrataciones Públicas que habíamos rea­lizado arroja adjudicaciones por G. 255.461 millones, unos US$ 45 millones repartidos entre Pinoty y Arcángel SA, empresas vinculadas con la diputada Celeste Amarilla en la última década, gracias en gran parte a los mega­contratos otorgados desde intendencias y gobernacio­nes administradas por corre­ligionarios del PLRA.

La cifra sigue en ascenso, la firma Arcángel SA sigue adju­dicándose licitaciones con el Estado como la de G. 2.282 millones en la Gobernación de Caazapá en junio de este año.

No hay que olvidar un hecho trascendental que la diputada nunca aclaró y que se traduce en las millonarias cuentas a cobrar a las empresas pro­veedoras de merienda esco­lar, según consignó en sus últimas declaraciones jura­das de bienes.

En su declaración jurada al asumir el cargo de diputada, Amarilla registró cuentas a cobrar por G. 3.000 millones a la firma Arcángel SA. Un año después, en junio del 2019, el monto había aumentado a G. 3.425 millones. Sin embargo, la parlamentaria había señalado a nuestro medio que ya estaba desvinculada de esta empresa y remitió una factura contado de venta de acciones por G. 920 millones, monto mucho menor a sus pendientes de cobro.

Así también, declaró cuen­tas a cobrar en Pinoty SA por G. 4.500 millones. En total, el importe a cobrar consig­nado en el 2018 fue de G. 9.087 millones al asumir el cargo, a plazos de entre 24 a 36 meses, cifra que fue disminuyendo a G. 7.973 millones, según su manifestación de bienes del 2019, por lo que los cobros (al parecer) se fueron realizando a la empresa Pinoty, mientras que las deudas atribuidas a la firma Arcángel subieron G. 425 millones en un año.

Al parecer Amarilla sigue favoreciéndose de ambas fir­mas que registran millona­rias facturaciones al Estado. De hecho, ella nunca negó los millones que amasó vendiendo leche al Estado y lo que podría ser uno de los métodos que la ayudó a convertirse en una potentada que, de tener G. 3 millones en activo como fun­cionaria municipal, pasó a acumular G. 22.491 millones, según su última manifestación de bienes.