Operativo de Tributación detectó en 17 municipalidades un esquema de compras públicas que incluyen facturas falsas y empresas ficticias, elementos calcados en la adquisición de kits de alimentos por la pandemia del covid en la era de Miguel Prieto en Ciudad del Este.
Un esquema de empresas ficticias, y aproximadamente 1.600 facturas entre falsas y clonadas, que totalizan unos G. 150.000 millones, fue lo detectado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) mediante el operativo Facturación 2.0.
Este modus operandi empleado por un total de 17 municipalidades y una gobernación es la réplica de las licitaciones en Ciudad del Este durante la gestión de Miguel Prieto, administración en la que se compraron alimentos de firmas que evidentemente no contaban con la capacidad financiera para proveer la cantidad adjudicada.
“Hemos encontrado dentro de la investigación que 17 municipalidades cuentan en su contabilidad con facturas falsas de un proveedor que no puede justificar sus costos y gastos”, fue lo que señaló ayer en conferencia de prensa el viceministro de la SET, Óscar Orué.
La administración de Miguel Prieto firmó en marzo del 2020 un contrato por G. 2.949 millones, para la provisión de 25.000 kits de alimentos, con el pequeño autoservice Tía Chela SRL de Fermín Ávalos.
Esta licitación, realizada por la vía de la excepción, estuvo cargada de irregularidades, dado que había fundadas sospechas de que el comercio no tenía la capacidad financiera para proveer esa cantidad de alimentos. De hecho, la misma madre de Fermín afirmó que su hijo prestó dinero para comprar los insumos.
Además de esto, también llamó la atención la forma en la que fue armada la licitación. Uno de los comercios invitados a participar del llamado fue Danielito SRL, autoservicio que pertenece a Felipe Ávalos, padre de Fermín; es decir, padre e hijo fueron tenidos en cuenta para esta compra.
Esto sin mencionar que, de acuerdo a las declaraciones de la madre de Fermín, Danielito ni siquiera estaba interesado en participar en la licitación y, sumado a esto, tenemos el hecho que Tía Chela se inscribió al sistema de proveedores el mismo día que se enviaron las invitaciones de esta licitación.
Vanemi SA, de Vanessa Florentín, es una empresa del rubro de la construcción y fue una de las firmas que vendieron alimentos por G. 692.155.023 a Tía Chela. Hasta ahora llama la atención cómo una empresa de estas características haya sido la superproveedora de alimentos. “Todas estas personas y empresas son ficticias, hemos entrevistado a cada una y todas dijeron que nunca fueron proveedores, nunca se inscribieron al Registro Único del Contribuyente (RUC), que utilizaron de forma falsa sus identidades de tal manera a tener RUC”, agregó Orué como otro de los elementos encontrados en esta investigación.
Es importante señalar que, dentro de este esquema de compra de alimentos en Ciudad del Este, también resultó ser un supuesto proveedor del municipio Tajy Servicios Generales, firma dedicada a la perforación y mantenimiento de pozos artesianos.
Un humilde señor aparece como superproveedor. “No sé qué pasó, qué voy a vender si no tengo, yo no firmé nada, pozo artesiano y eso lo que hago”, declaró al equipo de investigación del Grupo Nación don Buena Ventura Morínigo, quien aparece como titular de Tajy. Don Morínigo también indicó en esa oportunidad que el “jefe” en realidad era Robert Florentín, quien a su vez es primo de Vanessa Florentín, propietaria de Vanemi.
Mismo esquema de empresa proveedora ficticia denunciada por Tributación es la que se dio en la administración Prieto, con sobradas evidencias; sin embargo, ni la Fiscalía ni la SET terminan el informe sobre la intermediación y la débil capacidad financiera del comercio al que en medio de un proceso entre parientes adjudicaron el millonario contrato de alimentos.