El viceministro de Tributación, Óscar Orué, confirmó la existencia de un modus operandi de compras amañadas en 17 municipios, el que es idéntico al utilizado por Miguel Prieto en Ciudad del Este en la licitación de alimentos del caso Tía Chela, Tajy y la súper proveedora Vanemi.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) señaló en conferencia de prensa que 17 municipalidades y una gobernación están involucradas dentro de un esquema de facturas falsas dentro de su contabilidad, esto fue descubierto mediante el operativo de investigación “Facturación 2.0″.
El titular de la SET, Óscar Orué, detalló que en este operativo de cuatro meses, se pudo detectar facturas falsas por G. 150.000 millones.
“Hemos encontrado dentro de la investigación que 17 municipalidades cuentan dentro de su contabilidad con facturas falsas de un proveedor que no puede justificar sus costos y gastos”, indicó Orué.
Este esquema descrito por el viceministro, es exactamente igual al utilizado en Ciudad del Este durante la administración de Miguel Prieto, que en la pandemia armó una licitación de 25.000 kits de alimentos para destinar a familias de escasos recursos, con invitaciones a firmas familiares que nunca antes habían proveído y la adjudicada hasta ahora no puede justificar sus costos, sus gastos. Para sobrellevar el proceso penal el comercio adjudicado acude a facturas de intermediarios de rubros ajenos a la licitación.
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Recordemos que el contrato por G. 2.949 millones se llevó el pequeño autoservice Tía Chela SRL, del que existen claros indicios de que no contaba con la capacidad financiera para realizar dicha provisión, dado que la misma madre de Fermín Avalos, propietario de Tía Chela, señaló que su hijo prestó el dinero para poder proveer los alimentos a la municipalidad.
Además de esto, también se detectó la existencia de empresas ficticias; es decir, firmas que supuestamente fueron proveedoras de las municipalidades, pero la realidad era que los propietarios de dichas empresas no tenían ni idea de los millonarios contratos.
“Todas estas personas y empresas son ficticias, hemos entrevistado a cada uno y todas dijeron que nunca fueron proveedores, nunca se inscribieron al Registro Único del Contribuyente (RUC), que utilizaron de forma falsa sus identidades de tal manera a tener RUC”, agregó Orué en el marco de la investigación de compras institucionales del sector público correspondientes al 2018, 2019 y 2020.
Este modus operandi también ocurrió durante la administración de Prieto, cuando supuestamente Tajy Servicios Generales, firma dedicada a la perforación y mantenimiento de pozos artesianos, supuestamente vendió 50.000 kilos de alimentos al municipio de Ciudad del Este.
“No, qué voy a vender si no tengo, yo firmé nada, pozo artesiano lo que hago”, fue lo que afirmó el propietario del negocio, don Buena Ventura Morínigo al momento de ser consultado por el equipo de investigación del Grupo Nación si él proveyó de harina, aceite, levadura entre otros insumos por un total de G. 306.188.500.
En ese momento, don Morínigo también señaló que el “jefe” de Tajy era Robert Florentín, primo de Vanessa Florentín, la que a su vez es representante legal de Vanemi SA, empresa del rubro de la construcción pero que vendió alimentos por G. 692.155.023 a Tía Chela para la provisión de los 25.000 kits de alimentos.
El viceministro indicó que estos datos revelados forman parte de un corte preliminar y que se presume que las facturas falsas totalizarían US$ 25 millones. Hasta el momento fueron detectadas unas 1.600 facturas de contenido falso o en algunos casos, se trata de facturas clonadas.
Orué afirmó que se presentará la denuncia ante el Ministerio Público. “El proveedor que tiene incidencia sobre el segmento que afecta a municipalidades y la gobernación está en promedio de US$ 9 millones. Debemos analizar desde la incidencia fiscal que tiene por los impuestos que de alguna forma fueron evadidos y en lo que respecta a las municipalidades, en el daño patrimonial que se pudo haber ver afectado con lo que respecta al uso de recursos públicos”, explicó el director de Grandes Contribuyentes, Juan Olmedo.
La pesquisa de Tributación coloca en una situación más compleja al intendente reelecto Miguel Prieto, ya que en su administración acudieron a las mismas mañas denunciadas por Orué, que ahora pasan al campo del Ministerio Público.
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