Horacio Cartes, a través de sus abogados, respondió que efectivamente se trata de una sociedad panameña adquirida en el 2011 –mucho tiempo antes de ser electo como presidente de la República– como vehículo legal para la compra de un departamento para su familia en la ciudad de Miami, Florida.

El periodista espa­ñol Jesús Escudero, del Consorcio Inter­nacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se puso en contacto con el ex presi­dente de la República Horacio Cartes para ponerle al tanto de una investigación sobre finanzas offshore en la que aparecía junto con su fami­lia, específicamente como beneficiarios de Dominicana Acquisition SA, una sociedad incorporada en Panamá en el 2011 a través de OMC Group.

Al respecto, Horacio Cartes, a través de sus abogados, res­pondió que efectivamente se trata de una sociedad pana­meña adquirida en el 2011 como vehículo legal para la compra de un departamento para su familia en la ciudad de Miami, Florida. Agrega que la adquisición de bienes raíces en la Florida o en otras juris­dicciones a través de este tipo de estructuras societarias fue en el 2011 y sigue siendo hasta ahora una modalidad absolutamente legal y muy utilizada porque agiliza los procesos de compra y venta de los activos subyacentes y, a la vez, permite organizar el traspaso ordenado de los bie­nes a los herederos en caso de fallecimiento del titular. Por otro lado, OMC Group es una firma panameña que presta servicios corporati­vos, contables y fiduciarios desde hace más de 60 años a clientes globales y fue reco­mendada a la familia Cartes por un estudio de abogados de Estados Unidos.

Asimismo, fue consultado sobre la transferencia de las acciones hasta enton­ces al portador de Domini­cana Acquisition SA a nom­bre de Cartes y de sus tres hijos. Sobre ello, el ex pre­sidente respondió que en el 2015 entró en vigencia en Panamá una modificación de la ley de sociedades que dispuso la obligatoriedad de canjear las acciones al porta­dor por acciones nominati­vas, o depositar las acciones al portador ante un agente de custodia autorizado, todo ello en el marco de las adecuacio­nes legislativas que se regis­traron en numerosos paí­ses siguiendo los estándares recomendados por el GAFI. Para cumplir con la nueva norma, el Sr. Cartes gestionó el canje de las acciones al por­tador de Dominicana Acqui­sition SA por acciones nomi­nativas que fueron emitidas en copropiedad a nombre suyo y de sus tres hijos, con derechos de sucesión auto­mática (right of survivors­hip). Todas las declaraciones exigidas por ley ante los órga­nos competentes, así como el pago de los impuestos vincu­lados a este activo, se encuen­tran en regla, acotó el repre­sentante de la familia Cartes.

También se aclaró que la firma Dominicana Acquisi­tion SA de Panamá nunca fue titular de cuentas bancarias en Paraguay ni en ninguna otra jurisdicción como lo die­ron a entender los periodis­tas del ICIJ. Los abogados de la familia precisaron que Horacio Cartes no dirige el Banco Basa, como se afirma erróneamente en este punto, ya que el mismo no es accio­nista ni director de dicha ins­titución.

Igualmente, se dejó en claro que Cartes ha cumplido con su obligación de presentar ante la Contraloría Gene­ral de la República su decla­ración de bienes, tanto al asumir su mandato como presidente como al dejar el cargo. En cuanto a la socie­dad panameña, la misma se encuentra inactiva por­que ya no cumple ninguna finalidad práctica al haber sido vendido su único activo (departamento en Florida). La sociedad será eventual­mente disuelta y dada de baja del registro mercantil panameño.

En cuanto a la consulta sobre si consideraba ético que un presidente sea propieta­rio de una sociedad offs­hore en una jurisdicción de baja tributación durante su mandato, Cartes aclaró que la sociedad panameña Dominicana Acquisition SA fue comprada en el 2011, mucho tiempo antes de ser electo como presidente de la República, con una fina­lidad concreta y absoluta­mente lícita (compra de un departamento en Florida). Por consiguiente, ser titular de acciones de una sociedad panameña, que es una juris­dicción que ha adecuado su legislación societaria según los estándares internaciona­les de transparencia, no riñe con la ética y mucho menos cuando se trata de una socie­dad meramente patrimo­nial que nunca ha realizado actividades comerciales ni transacciones finan­cieras, y mucho menos ha tenido como finalidad elu­dir impuestos. De hecho, la conversión de las acciones al portador a títulos nominati­vos registrados a nombre de Cartes y al de sus hijos, y no a nombre de terceros, revela la más absoluta regularidad y transparencia de la propie­dad y finalidad específica de dicha sociedad.

Asimismo, se puso de mani­fiesto que las declaraciones tienen como propósito per­mitir al ente contralor reali­zar el examen de correspon­dencia entre el patrimonio del funcionario al asumir el cargo público y al dejarlo, para verificar si ha existido o no un incremento patri­monial no justificado que pudiera dar pie a una investi­gación por enriquecimiento indebido. En el caso concreto de Dominicana Acquisition SA, los mismos periodistas del Consorcio han podido constatar que la compra de dicha sociedad tuvo lugar en el 2011; es decir, antes de la asunción al cargo de Car­tes en el 2013, y que dichas acciones siguieron pertene­ciéndole al culminar su man­dato en el 2018, de modo que si su investigación apuntaba a establecer una hipótesis de utilización de una sociedad panameña para fines ilícitos, con las explicaciones dadas tal conjetura queda por com­pleto descartada con res­pecto a dicho activo.

Una de las consultas más insólitas efectuadas a Car­tes por el ICIJ hace referen­cia a que la familia sería “pro­pietaria del club Libertad”. Al respecto, fue contundente la respuesta, ya que ninguna de las empresas que conforman el Grupo Cartes es “dueña” del club Libertad, que no es una sociedad comercial, sino un club deportivo constituido como asociación civil sin fines de lucro. Si bien Hora­cio Cartes ha sido presidente de dicho club y hasta ahora sigue siendo uno de sus prin­cipales propulsores, nunca ha sido, ni podría serlo por la naturaleza jurídica de la insti­tución, “propietario” del club.