La contraloría ciudadana de Ciudad del Este presentó este viernes una denuncia en contra de Miguel Prieto por la cuestionada licitación en la que Tajy, firma dedicada a la perforación de pozos artesianos, fue la adjudicada y terminó proveyendo kits alimenticios. Se acusa al ex intendente de simular el llamado de modo de beneficiar a su ex pareja sentimental.

La Contraloría Ciuda­dana de Ciudad del Este presentó ayer una denuncia ante el fiscal Osvaldo Zaracho, de la Uni­dad Nº 3, contra el ex inten­dente Miguel Prieto por la supuesta comisión de lesión de confianza, producción de documentos públicos de con­tenido falso y malversación de fondos públicos.

La denuncia de esta organi­zación social –integrada por Julio López, Magdalena Mon­tiel, Mariela Gaona, Óscar Del­valle, Guido Aguilera y Anto­nela Gulino– se dio luego de que “Tierra de nadie” revelara el esquema irregular en el que se maniobraron las licitacio­nes de alimentos en Ciudad del Este en el marco de la emer­gencia sanitaria por el covid-19.

La denuncia hace referencia a la licitación en la que la firma Tajy Servicios Generales fue adjudicada para proveer insu­mos alimenticios para la fabri­cación de panificados para la distribución a familias de escasos recursos por la pan­demia del covid-19.

En el documento se afirma que el ex intendente y sus fun­cionarios “simularon el lla­mado” de modo de obtener ganancias.

La Contraloría afirma que este llamado fue una farsa, dado que se invitó a partici­par a Vanemi SA, empresa que pertenece al rubro de la construcción y cuya propie­taria es Vanessa Florentín; al DJ Richard Ayala, cuñado de Florentín, y a Tajy Ser­vicios Generales, firma que se dedica a la perforación y mantenimiento de pozos artesianos que pertenece a Buena Ventura Morínigo, quien es medio hermano del padre de Florentín.

“Por lo menos Javier (Zaca­rías Irún) se cuidaba en docu­mentarse y en tener el res­paldo de que, teóricamente, quienes ofertaban eran empresas del rubro, pero en este caso es una torpeza total­mente inentendible, gente que no tiene ni la más pálida idea. Se nota perfectamente que fabricaron documentos para justificar el pago”, señaló Julio López, coordinador general de la Contraloría, en declaracio­nes a la prensa regional.

De acuerdo a la denuncia, Vanessa Florentín fue pareja sentimental de Miguel Prieto y esto deja a la vista la forma en la que se armó la licitación, la cual no sería la única con indicios de direccionamiento durante la gestión de Prieto.

Tajy resultó ganadora del millonario contrato de G. 306.188.500. Sin embargo, don Morínigo confesó al equipo de investigación del Grupo Nación que nunca firmó ningún docu­mento con la municipalidad y que desconocía totalmente que él haya vendido miles de kilos de harina, sal, azúcar, aceite, entre otros insumos, al municipio. “Qué voy a vender si no tengo”, había expresado don Morínigo.

La oferta de Tajy fue idéntica a la de los precios referenciales de la municipalidad, además de que se presentó la oferta de forma tardía, pero de todas formas fue tenida en cuenta y encima resultó ser la adjudicada.

La Contraloría también pone en duda la capacidad finan­ciera de Tajy para proveer alimentos por más de G. 306 millones. “La evidente con­dición de pobreza del propie­tario de Tajy Servicios Gene­rales, quien vive el día a día. ¿Cómo?, ¿quién fue finan­cista?”, dice la denuncia.

Este esquema de licitación es parecido al del famoso caso de Tía Chela, el autoservice que proveyó 25.000 kits de ali­mentos a la municipalidad y cuya licitación fue cocinada, dado que se invitó a participar del llamado a Danielito, otro de los negocios de la familia de Fer­mín Ávalos (dueño de Tía Chela) y a Irupe, que en ese momento fue recientemente adjudicada con otro jugoso contrato.

Esta denuncia contra Miguel Prieto se suma a la investiga­ción ya abierta por la Fisca­lía por el caso de Tía Chela, la que por cierto no tiene mayo­res avances, y a las dos audi­torías que realiza la Contra­loría General de la República (CGR), una referente a la eje­cución presupuestaria del segundo y tercer cuatrimestre del 2020 y otra respecto al pro­ceso licitatorio de las adjudica­ciones de compra de almuerzo escolar por vía de la excepción.