El exministro de la Corte José Altamirano y el Dr. Marcelo Duarte coincidieron en que la diputada debió presentar los detalles que sostienen que se cometió un hecho punible a través de la prensa. Así también, mencionaron que las críticas políticas no competen a la instancia penal.
Los abogados constitucionalistas José Altamirano y Marcelo Duarte sostuvieron que la denuncia presentada el pasado 24 de setiembre por la diputada Kattya González ante el Ministerio Público debió estar acompañada de los datos que especifiquen en qué fecha y medio utilizado se cometió el supuesto hecho punible por este grupo de comunicación.
“Si ella está agraviada, está lesionada en sus derechos, tiene que ser muy puntual y tener la suficiente prueba para que mañana pueda mantener su dicho. Sencillamente, tiene más tinte político que una denuncia de carácter jurisdiccional”, explicó el Dr. Altamirano.
En su denuncia, la legisladora afirma estar “preocupada por la peligrosa línea editorial” de medios del grupo Cartes; sin embargo, el abogado Duarte señaló que las diferencias y críticas políticas deben ser tratadas en esa esfera y no así en lo penal.
Lo dicho por los expertos en derecho dejan ver que la legisladora en realidad está haciendo campaña política con una clara intención de censura previa, ya que no especificó en qué realmente fue difamada o en qué consiste la amenaza del grupo de medios que menciona.
“Cuando la crítica o la opinión se circunscribe al ámbito político, está en el libre ejercicio de la libertad de prensa. Una línea de pensamiento con la que se pueda estar en desacuerdo no la convierte en un hecho punible”, explicó Duarte.
Así también, agregó que la legisladora tuvo que especificar el hecho punible que se cometió en su contra y que no se puede castigar a un medio de comunicación o a un periodista solo porque estos cuestionan su actuar político.
“Mientras sean críticas de orden político o incluso personal que no configuren un hecho punible contemplado en el código penal, entonces son opiniones en el ejercicio de la libertad de prensa y tiene que ser tratada como tal, pueden ser rebatidas y criticadas, pero siempre en el ámbito de la libertad de expresión”, siguió detallando Duarte.
Por otro lado, la denuncia de la diputada señala que desde el grupo se la difama y calumnia, pero no hace mención en qué fecha, en qué publicaciones o medios fue víctima de estos supuestos hechos, lo que denota la poca rigurosidad de su acusación y lo que sorprende, teniendo en cuenta que ella es una profesional del derecho.
Cabe destacar que ante un caso de difamación, calumnia o injuria, el Ministerio Público no tiene ninguna competencia, dado que se trata de una acción penal privada, la que debe ser tratada en juzgados penales.
“Ella es abogada, si considera que en las publicaciones se le está acusando de alguna acción u omisión que configure un delito de calumnia o difamación, esos son delitos de acción penal privada, ahí no interviene el Ministerio Público”, aclaró Duarte.
En el mismo sentido, añadió que si no se demuestra el hecho penal cometido, el Ministerio Público no puede realizar ninguna intervención, y que si esto ocurriese, se convertiría en un acción contra la libertad de prensa.
“Francamente, hasta ahora en las manifestaciones de los medios no he visto ningún tipo de exceso en la prensa que pueda ser considerado como un delito”, aseguró José Altamirano.
Con las precisiones de ambos constitucionalistas no quedan dudas de que la diputada Kattya González no puede utilizar a la Fiscalía como herramienta para silenciar aquellas críticas que no le favorecen políticamente y que desnudan administraciones desastrosas como el de su amigo Miguel Prieto en la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Francamente, hasta ahora en las manifestaciones de los medios no he visto ningún tipo de exceso en la prensa que pueda ser considerado como un delito”, dijo José Altamirano.
Megaproveedor de Tía Chela operaba en pequeña oficina
La firma Vanemi SA pudo proveer de miles de kilos de alimentos al autoservicio Tía Chela sin siquiera contar con un depósito para los mismos y a pesar de pertenecer al rubro de la construcción.
“Vanemi SA vendió aceite, arroz, fideos, harina, entre otros, por un total de G. 692.155.023 al autoservicio Tía Chela SRL para la provisión de 25.000 kits de alimentos a la Municipalidad de Ciudad del Este. Lo llamativo del caso es que la firma pertenece al rubro de la construcción y tenía solo una pequeña oficina, que desapareció luego de la explosión mediática del caso.
La firma tenía su oficina en el edificio Adela IV sobre la avenida Cerro León, en la capital del Alto Paraná. De acuerdo a las declaraciones de quienes trabajan en el edificio, en el lugar no funcionaba ningún tipo de depósito de alimentos, y también mencionaron que se dedicaban a la perforación de pozos artesianos.
Vanessa Florentín es la representante legal de la empresa, es sobrina de Buena Ventura Morínigo, dueño de Tajy Servicios Generales, firma que se dedica a la perforación y mantenimiento de pozos artesianos y que también, para sorpresa de hasta el mismo don Morínigo, vendió alimentos a la municipalidad por G. 306 millones.
“Construcción de ingeniería civil, comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos, actividades de alquiler y arrendamiento de vehículos automotores, otras actividades jurídicas y actividades inmobiliarias”, dice las especificaciones de Vanemi; sin embargo, tuvo un amplio stock de alimentos que le permitió surtir a Tía Chela.
Cabe recordar que Tía Chela fue el pequeño autoservicio que fue adjudicado por la vía de la excepción para la provisión de kits de alimentos durante la emergencia sanitaria.
La licitación cuenta con indicios de amaño, pues a pesar de no contar con la capacidad financiera, confirmada por la propia madre de Fermín Ávalos del dueño del autoservicio, quien aseguró que su hijo prestó plata para poder proveer los alimentos, pudo quedarse con el millonario contrato de G. 2.949 millones.
Este caso se suma al extenso listado de irregularidades ocurridas durante la administración de Miguel Prieto, ex intendente de Ciudad del Este y quien actualmente puja de nuevo por el cargo.