El exministro de la Corte José Altamirano y el Dr. Marcelo Duarte coincidieron en que la diputada debió presentar los detalles que sostienen que se cometió un hecho punible a través de la prensa. Así también, mencionaron que las críticas políticas no competen a la instancia penal.

Los abogados consti­tucionalistas José Altamirano y Mar­celo Duarte sostuvieron que la denuncia presentada el pasado 24 de setiembre por la diputada Kattya González ante el Ministerio Público debió estar acompañada de los datos que especifiquen en qué fecha y medio utili­zado se cometió el supuesto hecho punible por este grupo de comunicación.

“Si ella está agraviada, está lesionada en sus derechos, tiene que ser muy puntual y tener la suficiente prueba para que mañana pueda mantener su dicho. Senci­llamente, tiene más tinte político que una denuncia de carácter jurisdiccional”, explicó el Dr. Altamirano.

En su denuncia, la legisla­dora afirma estar “preocu­pada por la peligrosa línea editorial” de medios del grupo Cartes; sin embargo, el abogado Duarte señaló que las diferencias y críti­cas políticas deben ser tra­tadas en esa esfera y no así en lo penal.

Lo dicho por los expertos en derecho dejan ver que la legisladora en realidad está haciendo campaña política con una clara intención de censura previa, ya que no especificó en qué realmente fue difamada o en qué con­siste la amenaza del grupo de medios que menciona.

“Cuando la crítica o la opi­nión se circunscribe al ámbito político, está en el libre ejercicio de la liber­tad de prensa. Una línea de pensamiento con la que se pueda estar en desacuerdo no la convierte en un hecho punible”, explicó Duarte.

Así también, agregó que la legisladora tuvo que especi­ficar el hecho punible que se cometió en su contra y que no se puede castigar a un medio de comunicación o a un periodista solo porque estos cuestionan su actuar político.

“Mientras sean críticas de orden político o incluso per­sonal que no configuren un hecho punible contemplado en el código penal, entonces son opiniones en el ejerci­cio de la libertad de prensa y tiene que ser tratada como tal, pueden ser rebatidas y criticadas, pero siempre en el ámbito de la libertad de expresión”, siguió deta­llando Duarte.

Por otro lado, la denun­cia de la diputada señala que desde el grupo se la difama y calumnia, pero no hace mención en qué fecha, en qué publicacio­nes o medios fue víctima de estos supuestos hechos, lo que denota la poca riguro­sidad de su acusación y lo que sorprende, teniendo en cuenta que ella es una pro­fesional del derecho.

Cabe destacar que ante un caso de difamación, calum­nia o injuria, el Ministerio Público no tiene ninguna competencia, dado que se trata de una acción penal privada, la que debe ser tra­tada en juzgados penales.

“Ella es abogada, si consi­dera que en las publicacio­nes se le está acusando de alguna acción u omisión que configure un delito de calumnia o difamación, esos son delitos de acción penal privada, ahí no interviene el Ministerio Público”, aclaró Duarte.

En el mismo sentido, aña­dió que si no se demuestra el hecho penal cometido, el Ministerio Público no puede realizar ninguna interven­ción, y que si esto ocurriese, se convertiría en un acción contra la libertad de prensa.

“Francamente, hasta ahora en las manifestaciones de los medios no he visto nin­gún tipo de exceso en la prensa que pueda ser con­siderado como un delito”, aseguró José Altamirano.

Con las precisiones de ambos constitucionalistas no quedan dudas de que la diputada Kattya González no puede utilizar a la Fis­calía como herramienta para silenciar aquellas crí­ticas que no le favorecen políticamente y que des­nudan administraciones desastrosas como el de su amigo Miguel Prieto en la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Francamente, hasta ahora en las manifestaciones de los medios no he visto ningún tipo de exceso en la prensa que pueda ser considerado como un delito”, dijo José Altamirano.

Megaproveedor de Tía Chela operaba en pequeña oficina

Pequeña oficina en la que funcionaba el mega proveedor de alimentos.

La firma Vanemi SA pudo proveer de miles de kilos de alimentos al autoservicio Tía Chela sin siquiera contar con un depósito para los mismos y a pesar de pertenecer al rubro de la construcción.

“Vanemi SA vendió aceite, arroz, fideos, harina, entre otros, por un total de G. 692.155.023 al autoservi­cio Tía Chela SRL para la provisión de 25.000 kits de alimentos a la Municipali­dad de Ciudad del Este. Lo llamativo del caso es que la firma pertenece al rubro de la construcción y tenía solo una pequeña oficina, que desapareció luego de la explosión mediática del caso.

La firma tenía su oficina en el edificio Adela IV sobre la ave­nida Cerro León, en la capital del Alto Paraná. De acuerdo a las declaraciones de quienes trabajan en el edificio, en el lugar no funcionaba ningún tipo de depósito de alimentos, y también mencionaron que se dedicaban a la perfo­ración de pozos artesianos.

Vanessa Florentín es la representante legal de la empresa, es sobrina de Buena Ventura Morínigo, dueño de Tajy Servicios Generales, firma que se dedica a la per­foración y mantenimiento de pozos artesianos y que tam­bién, para sorpresa de hasta el mismo don Morínigo, ven­dió alimentos a la munici­palidad por G. 306 millones.

“Construcción de ingeniería civil, comercio al por mayor de otras maquinarias y equi­pos, actividades de alquiler y arrendamiento de vehícu­los automotores, otras actividades jurídicas y activida­des inmobiliarias”, dice las especificaciones de Vanemi; sin embargo, tuvo un amplio stock de alimentos que le permitió surtir a Tía Chela.

Cabe recordar que Tía Chela fue el pequeño autoservicio que fue adjudicado por la vía de la excepción para la provisión de kits de alimentos durante la emergencia sanitaria.

La licitación cuenta con indi­cios de amaño, pues a pesar de no contar con la capacidad financiera, confirmada por la propia madre de Fermín Áva­los del dueño del autoservi­cio, quien aseguró que su hijo prestó plata para poder pro­veer los alimentos, pudo que­darse con el millonario con­trato de G. 2.949 millones.

Este caso se suma al extenso listado de irregularidades ocurridas durante la admi­nistración de Miguel Prieto, ex intendente de Ciudad del Este y quien actualmente puja de nuevo por el cargo.­­

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