El mediático caso que tiene como protagonista al candidato a intendente de Lambaré, actual concejal, el conocido “yerno” del senador Fernando Lugo, Luis Paciello, quien, lejos de explicar su galopante enriquecimiento, denunció ser víctima de “persecución”; ha destapado varias sospechas sobre sus bienes patrimoniales. El mismo no declaró en la Contraloría la constitución de varias empresas. Esta semana se cumplen los 10 días para aclarar dudas ante el ente de control.

La historia de la fortuna de Luis Paciello, el ya conocido “yerno de oro” del senador Fernando Lugo, es increíble, porque con las declaraciones juradas de bienes aparecen millonarias compras con un ingreso de sueldo mínimo. El joven que alguna vez se robó la admira­ción de muchos televidentes como parte del staff del pro­grama “Chicos y chicas”, hoy es candidato a intendente de la ciudad de Lambaré, y sorpren­dió a todos por sus cualidades de “mago” de las finanzas.

Hoy es todo un empresario, con millonarias inversiones y varios inmuebles adquiridos, el pequeño problema es que no pudo justificar a la Contraloría General de la República (CGR), según los resultados de un exa­men de correspondencia reali­zado en el ente de control.

Paciello tiene 10 días para pre­sentar su descargo e intentar justificar su súbita fortuna y, además, demostrar dónde está el millón de dólares, aproxima­damente, distribuido entre varias empresas no declaradas en la Contraloría. El dinero no está en los bancos, según las explicaciones a grandes rasgos de Óscar Orué, viceministro de Tributación, y Armindo Torres, director de Declaraciones Jura­das de la Contraloría, anoche en el programa “Tierra de nadie”, emitido por el canal GEN.

Torres comentó que, tras un análisis minucioso de todos los informes, detectaron la existen­cia de un monto considerable en el pasivo declarado por Luis Paciello. “Hallamos un pasivo importante que no llenó nues­tras expectativas, por lo cual le dimos un plazo para su dere­cho a la defensa”, mencionó. Si se comprobaran las inconsisten­cias, el caso se derivará al Minis­terio Público, subrayó.

Contraloría refiere que el incremento patrimonial de Luis Paciello sería de G. 1.000 millones y las inconsistencias se habrían dado entre los años 2014 y 2018.

El aspirante a la Intendencia de Lambaré había declarado una deuda de G. 2.500 millo­nes, monto bastante elevado que también llamó la atención de la Contraloría. Torres contó que solicitaron información al respecto, pero Luis Paciello no remitió ninguna documenta­ción. “Solo nos informó a quién le debe, pero que está judicia­lizado en el Juzgado de Lam­baré. De la misma forma, cote­jamos con el informe de la SET, donde tiene que estar inscripta esa deuda, y no está”, agregó el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría.

Paciello, quien se casó en el 2009 con Fátima Rojas, hija no reconocida del senador Fer­nando Lugo, hasta el momento no presentó la declaración jurada tras dejar su cargo como concejal. Contraloría le da un plazo de 15 días para hacerlo, caso contrario se apli­caría una sanción, según men­cionó Torres. “Nosotros pedi­mos informe ahora y vamos a verificar si el mismo presentó o en qué fecha renunció para iniciar un sumario porque es lo que nos obliga la ley”, remarcó.

Óscar Orué, por su parte, con­firmó que la investigación a Luis Paciello se inició hace un año luego de una denuncia que se había presentado en la SET, pero no se apresuró porque no se trataba de una cuestión tri­butaria. Mencionó que existen dudas sobre el origen del dinero utilizado para la constitución de las empresas y que hay una clara presunción de lavado de dinero. “Lo que nosotros vimos es un movimiento de dinero bastante importante que apunta más a lavado de dinero que a evasión de impuestos”, mencionó el viceministro.

“Estamos esperando el informe de la Superintenden­cia de Bancos, de tal manera a ir cerrando el caso. Una vez que terminemos el informe, estaremos remitiendo a la Seprelad”, señaló Orué.

En conferencia de prensa, Luis Paciello, hoy candidato a la Intendencia de Lambaré, tras evadir varias veces las consultas sobre la creación de sus empresas, desmintió el informe de la Contraloría basado en lo que él mismo declaró. Mencionó ser víc­tima de una persecución política y responsabilizó al otro candidato a intendente, Guido González.