Esta adquisición, que costó casi G. 300 millones, forma parte del esquema de licitaciones amañadas de la administración de Miguel Prieto en Ciudad del Este. Contrataciones Públicas derivó en marzo pasado a Contraloría una serie de irregularidades como incongruencias en el modelo o año del móvil, adjudicación basada en oferta sin especificaciones técnicas, etc.

La lista de irregularidades y licitaciones amañadas ocurridas en la adminis­tración de Miguel Prieto en la Municipalidad de Ciudad del Este continúan saliendo a luz, mientras él sigue en campaña de reelección sin dar ninguna explicación sobre los millo­narios contratos cocinados durante su intendencia.

En la rendición de cuentas del 2020, Prieto catalogó como una “importante inver­sión” la compra de una clínica móvil, la cual tuvo un costo de G. 299.531.667 y de la que hay denuncias de que se trata de un “bus chatara y mau”.Desde la municipalidad lo promocio­naron como una clínica que llegaría a las zonas más vulne­rables para brindar atención médica a personas de escasos recursos, que además conta­ría con equipos médicos y tres ambientes climatizados que funcionarían de consultorio.

Sin embargo, medios regiona les reportan que el bus pasa más tiempo en el taller que llevando atención médica a las comunidades esteñas. La Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP) investigó el proceso de licita­ción y la manera en que la firma R y R Import Export SA fue la adjudicada. Mediante la reso­lución 1068/21, la DNCP con­cluyó que este llamado estuvo “viciado de inconsistencias” al percatarse de que no se cum­plieron con ciertos requisi­tos estipulados en el pliego de bases y condiciones.

De acuerdo al informe de la DNCP, la adjudicación fue reali­zada sin que se detalle por qué se considera que dicha firma cum­ple con el pliego de bases y con­diciones. Además, la oferta gana­dora ni siquiera tuvo la necesidad de especificar cuáles eran las características del móvil, es más, ni mencionó la marca, modelo, año o kilometraje.

Es decir, la administración de Prieto adquirió un móvil sin siquiera saber las especifica­ciones técnicas básicas y la misma DNCP señala que no queda claro cómo se evaluó la capacidad técnica del bus. Una maniobra ya conocida de la administración del ex inten­dente que va por su reelección.

“La adjudicación a favor de la firma R Y R Import Export SA carece de sustento o funda­mentación, generando en con­secuencia un informe de eva­luación de ofertas deficiente”, señala el informe.

La DNCP accedió a la copia de la cédula del automotor en la que consta que el bus es de la marca Marcopolo y que fue fabricado en 1994, pero en el contrato fir­mado entre Prieto y la empresa adjudicada dice que la marca del ómnibus es Mercedes Benz; además, en un acta adminis­trativa de la municipalidad se indica que el bus data de 1995.

Así también, la municipali­dad fijó un precio referencial para esta licitación, pero no se detalla la fecha, por lo que no se puede determinar el momento exacto en el que se realizó dicha estimación. Un detalle que también llama la atención es que coincidentemente una de las empresas que proveyó a la municipalidad los precios refe­renciales del bus fue la gana­dora de la licitación, una ver­dadera coincidencia.

El concejal Celso Miranda denunció en la Fiscalía en mayo del 2020 que Miguel Prieto com­pró la clínica móvil a un precio sobrefacturado y, por si esto fuera poco, que se trataba de un bus que fue robado en Curitiba, Brasil, y al cual le cambiaron el motor y adulteraron el chasis.

“Cómo yo voy a saber que el cha­sis es adulterado”, dice Prieto. Ante el reclamo de Miranda de que sus asesores debieron corro­borar eso, Prieto vuelve a res­ponder: “No, quién en su sano juicio va a revisar el chasis”.

Un dato relevante es que solo el bus costó casi G. 300 millones, los equipamientos médicos cos­taron G. 106.935.000. “Por un equipamiento que no cuesta ni G. 20 millones pagó G. 106 millones, en total G. 406 millo­nes costó ese colectivo y es mau otra vez”, afirmó el concejal.

El informe de la DNCP data de marzo del 2020 y lo remitió a la Contraloría General de la Repú­blica (CGR), que tardó tres meses en designar al equipo para fisca­lizar el caso, que está a cargo de Paola Peralta y bajo la supervi­sión de Viviana Espínola.

Ya pasaron seis meses desde que la DNCP emitió la resolución, pero hasta la fecha el órgano contralor no remitió un informe final sobre otra de las dudosas compras de Prieto. Recién ahora que se mediatizó el caso señalan que las observaciones realizadas están para ser comunicadas a la municipalidad.

A través de sus redes sociales, Miguel Prieto indicó que está siendo “atacado”; sin embargo, no aprovechó la oportunidad para aclarar las dudosas licitaciones de su administración.

Miguel Prieto redujo el rosa­rio de denuncias de irregu­laridades durante su admi­nistración, las que están sustentadas con documen­tos, a un simple ataque polí­tico. Recurrió al típico argu­mento de persecución y no aprovechó la oportunidad para aclarar o transparen­tar su oscura gestión.

“Intentan bajarnos al nivel de ellos, pero la gente vio el resultado de nuestra intendencia y eso no van a poder cambiar”, aseveró Prieto. Sin embargo, sobre este punto no mintió, pues están a la vista documen­tos de compras amañadas que ocurrieron durante la época más crítica de la pandemia del covid-19.

Hasta la fecha, Prieto no ha dado explicaciones de por qué pago de forma adelan­tada la provisión de kit de alimentos cuando este des­embolso no estaba estipu­lado en el contrato, cómo es posible que empresas dedi­cadas al rubro de la cons­trucción hayan proveído ali­mentos a la municipalidad y mucho menos ha hecho men­ción a las millonarias licita­ciones que fueron adjudica­das a una empresa vinculada a los operadores zacariistas.

Varios activistas sociales de Ciudad del Este que acompa­ñaron a Prieto en su proceso de asunción como intendente manifestaron desencanto y terminaron denunciándolo en lo penal por supuesto des­vío de recursos. Prieto, quien había tenido la suerte de con­tar con la lentitud de los órga­nos de control, ahora está aco­rralado por fuertes denuncias de irregularidades en su admi­nistración. La Contraloría tuvo que reabrir la investiga­ción del caso Tía Chela luego de que nuestro medio revelara la serie de maniobras ejecuta­das, que hoy ya son conocidas a nivel nacional.