El ex intendente, que va por su reelección, aseguró que jamás se convertiría en rehén de la oposición dentro de la Junta, pero luego pactó con ella.

• POR GUSTAVO GALEANO MOLINAS
• gustavo.galeano@gruponacion.com.py

El ex intendente de Ciu­dad del Este Miguel Prieto, candidato al “rekutu”, tildó en varias oca­siones a los concejales muni­cipales de “extorsionadores”, por supuestamente exigir sumas siderales a cambio de acompañar proyectos de la Intendencia. Los acusó de ser “zacariístas” y a boca llena denunció graves irregulari­dades de la administración de los Zacarías.

Pero, luego de tres años en la munici­palidad demostró que no es el “mesías” que dijo ser y en poco tiempo se alió con los ediles y además mantuvo el esquema corrupto de sus antecesores. Como pinta el escenario, ahora quiere vol­ver a la comuna para conti­nuar con los presuntos nego­ciados, cuyas evidencias (contundentes) saltan día tras día. Miguel Prieto ganó la Intendencia en el 2019 tras la renuncia de Sandra McLeod de Zacarías. Prome­tió que “haría la diferencia” y empezó atacando a los edi­les “zacariístas” por quienes dijo que eran “pedigüeños”. Afirmó que exigían mucha plata para dejarle trabajar. Entre los pedidos, según dijo, figuraban cientos de contra­taciones a personales que no tenían experiencia en absolu­tamente nada.

Pero pronto su discursó cam­bió. Se alió con sus oposito­res e hizo que los “zacariís­tas extorsionadores” (como los calificaba) se pusieran a su disposición tras lle­gar a un acuerdo respecto a sus exigencias: contratacio­nes de recomendados en la municipalidad, muchos de ellos planilleros, y el pago de un porcentaje de dinero por cada obra licitada y eje­cutada. Recientemente, el empresario argentino Enri­que Ignacio Vázquez García, del consorcio Ñande Y Poti, detalló el esquema y afirmó que solamente por la cons­trucción de la Costanera de Ciudad del Este ya dio más de G. 1.500 millones a integran­tes del equipo de Prieto y que en parte la suma era para los concejales municipales.

“Algunos concejales piden pagos imposibles y si les hago caso voy a vender esta muni­cipalidad. Lo peor es que des­pués se hacen de los purita­nos, quieren contratar gente que no sirve para un carajo. No me vengan a decir ahora que les interesa el dinero del pueblo, sé cuánto vale cada uno, sé que hay concejales espectaculares y otros que no sirven un carajo. Discurso político lo que hicieron”, expresó Prieto días antes de concretar el acuerdo con los ediles, que fueron sus colegas en la Junta Municipal. Pero luego todo cambió.

Hay que admitir que para Prieto nada fue gratis. Poco después de despotricar con­tra los concejales, se concretó el acuerdo basado en benefi­cios mutuos: se dividirían por el dinero, producto de las coi­mas por concesiones y/o com­pras amañadas.

Es así que en la Junta Muni­cipal sus principales aliados se conforman de la siguiente manera: Nery Chávez (ANR - ZI) y actual presidente; Miguel Coronel (ANR - ZI), Juan Ángel Núñez (ANR - ZI), además de María Porti­llo (PLRA - efrainista), Javier Bernal (PLRA - llanista), Teo­doro Mercado (PLRA - efra­inista), Herminio Corvalán (Tekojoja) y Carlos Con­trera Mancuello (PLRA - ex Prieto), quien reemplazó a Hugo Benítez (prietista), porque este asumió la Inten­dencia tras la renuncia de Prieto. Quienes permanecen supuestamente neutros son Lilian de Aguinagalde (ANR - neutro), Alejandro Zacarías (ANR - ZI) y Celso Miranda, alias “Kelembú” (Indepen­diente). Pero este último es el único que realiza las denun­cias de graves irregularida­des que presuntamente se cometieron en la administra­ción de Prieto y siguen con el gobierno del prietista Hugo Benítez, a quien tildan de ser títere de su líder.

Según los datos que maneja la Contraloría Ciudadana de la capital del décimo depar­tamento, entre los años 2016 y 2018, la administración de los Zacarías malversó unos G. 36 mil millones de los fondos correspondientes a impuestos inmobiliarios, entre otros. Pero el gobierno de Miguel Prieto, en un solo año desvió más de G. 7 mil millones, según el ente con­tralor local.

El abogado Víctor Enriquez expresó al Grupo Nación que cuando culminó la interven­ción en la Municipalidad de Ciudad del Este, la doc­tora María Carolina Llanes (actual ministra de la Corte) entregó a Miguel Prieto un informe con todos los deta­lles referentes a distintas irregularidades que invo­lucran a su antecesora San­dra McLeod. Pero llamati­vamente ninguna acción judicial fue iniciada por su equipo jurídico a pesar de abismales pruebas que com­prometían a la ex intendenta. Durante 2 años y 3 meses, el informe de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, con G. 36 mil millo­nes de perjuicio para el arca comunal, ha sido olvidado bajo la presunción de un gran pacto entre las partes.

A ese efecto, el letrado ase­guró que el nuevo inten­dente en aquel entonces, hasta ahora, no pudo hacer nada, ya que cuando era con­cejal, él mismo, junto con su grupo de la oposición, aprobó la ejecución presupuestaria que Sandra McLeod presentó ante la Junta Municipal. Lo que implica que siempre ha formado parte de los miti­nes para equilibrar la política partidaria dentro de ambas instituciones públicas.

“Lastimosamente hemos comprobado que todas las malas prácticas que se venían desarrollando en la época de los Zacarías, en gran parte siguen vigentes, inclu­sive muchos de los casos de manera hasta más torpe. Con relación a la denuncia pun­tual que como representante de la Contraloría ciudadana hemos presentado, guarda relación la abierta violación a una disposición imperativa que establece la Ley 5513 en su artículo 179 que es el uso de los recursos provenientes del cobro del impuesto inmo­biliario”, por su parte detalló en entrevista el coordinador de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Julio López.