La promulgación de la ley que modifica el artículo 113 de la Ley de Tránsito, mediante el cual se podrá imputar a quienes conduzcan alcoholizados, aún sigue dilatándose, dado que ahora se debate si se podrán realizar o no controles aleatorios a los conductores; mientras tanto, la impunidad impera en las rutas.
La Cámara de Diputados trató el pasado 1 de setiembre en sesión ordinaria el proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 113 de la Ley de Tránsito, el cual corrige la laguna jurídica que no permite imputar a quienes conducen alcoholizados o bajo los efectos de alguna sustancia.
La propuesta ya fue aprobada en la Cámara Baja, pero sufrió modificaciones en el Senado, donde decidieron reducir el límite por el que manejar alcoholizado será considerado como un hecho punible.
De acuerdo a la nueva propuesta, ya aprobada en ambas cámaras, será posible imputar a todo aquel que tenga una intoxicación de 0.251 mg/L a 0.399 mg/L de CAAL (alcohol en aliento) y de 0.501 g/L a 0.799 de CAS (alcohol en sangre). El cambio fue aprobado en diputados.
Lo que aún sigue en debate es si se podrán realizar o no controles aleatorios en rutas.
El senador Fernando Silva Facetti había mencionado que estos controles aleatorios se prestaban a las coimas y chantajes por parte de la Policía Caminera, motivo por el que decidieron eliminar esta posibilidad y solo permitir que se haga la prueba de alcotest en caso de que el conductor sea descubierto en flagrancia; es decir, cometiendo alguna infracción como pasar un semáforo en rojo.
“El argumento por el cual muchos no estaban interesados en tratar era que con esa herramienta al final se terminaba usando para chantajear a la gente; entonces, se hacía la famosa barrera, le hacían alcotest a todo el mundo y al final tenías que terminar arreglando”, señaló.
ES UN CONTRASENTIDO
El diputado Rodrigo Blanco, proyectista de esta propuesta legislativa, señaló que eliminar los controles aleatorios en rutas a los conductores va en contramano al espíritu de la ley.
“Es totalmente un contrasentido que la Policía pueda detectar que alguien está conduciendo en estado de ebriedad solamente cuando se produce alguna flagrancia o un accidente de tránsito. Las estadísticas son realmente alarmantes y las barreras policiales, de alcotest, aparte de detectar a conductores en estado de ebriedad, actúan de forma preventiva”, señaló el legislador.
Respecto a la posición del Senado que afirma que se presta para el chantaje, señaló que se debe solucionar de otra forma y no eliminando los controles. “Eso se combate de otra forma, con controles internos en la Policía Caminera y Nacional, se combate, por ejemplo, con la vigencia de la ley que obliga a que todos los uniformados que realicen tarea en tránsito tengan que desarrollar sus actividades con una videocámara, para que quede expuesto el actuar de la Policía y del ciudadano porque la corrupción es mutua”, afirmó.
Agregó que eliminar los controles es como pedirle al policía que se quede en las comisarías y que no patrulle la ciudad.
Mientras el proyecto pasa de Cámara en Cámara, dado que ahora nuevamente debe ser estudiado en el Senado, la Fiscalía sigue imposibilitada para imputar a quienes conducen ebrios o bajo los efectos de alguna sustancia, y la impunidad reina en medio del aumento de accidentes de tránsito, en los que el alcohol es el protagonista.