El presidente José Ortiz había mencionado ambiciosas expectativas en recaudación mediante la adjudicación de regularización a la firma Icrop; sin embargo, después de la concesión sigue aumentando problema de la informalidad en el rubro.
La presencia de máquinas tragamonedas en las veredas de los comercios sigue formando parte del paisaje de las calles. A pesar de las promesas de regulación y controles más estrictos que hicieron distintas autoridades ante la presión mediática, esto quedó en la nada e inclusive empeoró, dado que los negocios cuentan cada vez con más máquinas de juegos de azar.
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) adjudicó de forma directa a la firma Icrop SA la regulación del negocio de tragamonedas. La empresa tiene a su cargo el catastro y el cobro de G. 300.000 por cada máquina en concepto de canon, lo que generaría una recaudación de US$ 2 millones de forma mensual, de los cuales solo el 30% se destinará a las arcas del Estado, pues Icrop se queda con el 70% de las ganancias.
El objetivo era sacar máquinas de la calle, que operen en salas de juego y que tributen al Tesoro Público. De hecho, el informe de la Contraloría General de la República cuestiona fuertemente la concesión porque con ella la Conajzar delega sus funciones, además de haber adjudicado sin licitación previa a la firma mediante la cual se terceriza el control.
Cabe resaltar que las municipalidades se han encargado de cobrar el canon por la explotación del servicio en forma irregular, y desde la Conajzar afirmaron que los municipios, históricamente, no han realizado transferencias al Estado por este concepto, a excepción de Encarnación, Ciudad del Este, Repatriación, Itauguá, Yguazú y Cambyretá, que han transferido sumas ínfimas.
Lo cierto y lo concreto es que a pesar de este intento de “regulación” la informalidad sigue formando parte de este esquema que mueve en negro al menos G. 300.000 millones al mes.
A medida que se reanudan las actividades económicas, este se vuelve un negocio más próspero que carece del control de las instituciones.
En lugares donde antes había una o dos máquinas, hoy podemos ver cómo esa cantidad se duplicó, y lo peor aún, siguen estando a la vista y entera disposición de niños y adolescentes que son propensos a caer en la ludopatía (adicción a los juegos de azar) y a los que no se les prohíbe acceder a estos aparatos.
MUNICIPALIDADES IGNORAN EL PROBLEMA
Las municipalidades también tienen su grado de responsabilidad en esta problemática, dado que son las encargadas de otorgar las autorizaciones y permisos para la explotación. De esta forma almacenes, bodegas, peluquerías, copetines llenan las veredas de sus comercios de estas máquinas.
Además de esto, permiten que estas máquinas estén cerca de lugares sensibles como iglesias, escuelas y colegios.
La ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, señaló que en varias oportunidades dirigieron notas a las municipalidades solicitándoles un plan de acción de modo de proteger a los menores de edad de estas máquinas; sin embargo, las respuestas solo demuestran la desidia de los jefes comunales. “Que no tienen suficiente gente, que van a hacer, que van a coordinar con gente de Conajzar, no sé, algo pasa que no hacen”, expresó la secretaria de Estado al abordar el tema, hace meses en “Tierra de nadie”.
“Hay que ser sinceros, es imposible que el municipio pueda hacerse cargo 100%, es responsabilidad de la Conajzar, ellos son los que habilitan los juegos de azar”, fue lo que había mencionado el ex intendente de Ñemby Lucas Lanzoni quien, en su momento, tampoco “se percató” de la presencia de estas máquinas en las veredas, siendo que estas máquinas estaban solo a unos pocos metros de la municipalidad.
De acuerdo a las entrevistas realizadas por el equipo de investigación de “Tierra de nadie”, los mismos comerciantes afirmaron que desde la municipalidad iban altos funcionarios a realizar el cobro de los cánones, esto sin entregarle ningún tipo de factura o comprobante por el pago, hecho totalmente irregular.