El Banco Central del Paraguay emitió un comunicado en el que avala la negativa de la Superintendencia de Bancos de proveer información al Ministerio Público, invocando el secreto bancario. Esto en el marco de la investigación sobre supuesto lavado de dinero que salpica al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. La banca matriz despliega un apartado en el que explica que existen dos tipos de deber de secreto bancario. Así, atribuyéndose facultades del Poder Judicial, hace un análisis normativo a su antojo para intentar justificar la penosa actuación del superintendente Hernán Colmán Rojas. La postura del BCP boicotea el examen de Paraguay ante el Gafilat e incumple estándar internacional sobre prevención de lavado de dinero.
Por Jorge Torres.
“La caja negra”.
El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un comunicado en relación con el allanamiento realizado por el Ministerio Público a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de este último órgano de proveer información relacionada a las operaciones comerciales entre el banco Atlas y el ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
En su pronunciamiento, el BCP avala íntegramente la postura asumida por el superintendente de Bancos y respalda el accionar del cuestionado funcionario al asegurar que el Ministerio Público aún carece de acceso a las informaciones, los datos y documentos de terceros que obran en poder del BCP, salvo mediante orden de autoridad judicial competente.
En su escrito, expone que el Banco Central, a través de la Superintendencia de Bancos y sus demás órganos, colabora regularmente y sin demora con el Poder Judicial, el Ministerio Público y los demás entes de control establecidos por ley, pero que el BCP está constreñido por la ley a guardar reserva sobre datos y documentos de terceros, por lo que ciertos informes únicamente pueden otorgarse a los sujetos exceptuados en el artículo 7º de la Ley 489/95, en la redacción de la Ley 6104/18.
En la parte final del comunicado, la banca matriz despliega un apartado en el que explica que existen dos tipos de deber de secreto bancario. Así, atribuyéndose facultades del Poder Judicial, hace un análisis normativo a su antojo para intentar justificar la penosa actuación del superintendente Hernán Colmán Rojas.
En ese sentido, esgrime que en Paraguay la ley distingue entre “el deber del secreto del BCP, respecto de las informaciones, datos y documentos a los que acceda por virtud de sus funciones” y “el deber de secreto de las instituciones de intermediación financiera u otras entidades supervisadas por el BCP, respecto de las operaciones de sus clientes”.
De esta manera, el BCP avala la decisión de ocultar a la Justicia información clave referida a un presunto caso de lavado de dinero tal como expuso en su escrito el superintendente de Bancos, Colmán Rojas.
BCP NO CUMPLE CON NORMAS DE GAFI
El Banco Central, con la negativa de proveer información al Ministerio Público sobre un presunto caso de lavado de dinero, no cumple con recomendaciones de carácter internacional a las que Paraguay debe someterse para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Las 40 Recomendaciones del GAFI son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las mismas incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en instrumentos legales internacionales.
Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado. Estas recomendaciones aumentan la transparencia y habilitan a los países a tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero.
Las recomendaciones del GAFI establecen un marco integral y consistente de medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Una de las recomendaciones establece la necesidad de cooperación y coordinación nacional entre instituciones:
“Los países deben asegurar que las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera, las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permitan cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publicaciones-web/4013-recomendaciones-metodologia-actdic20-1/file (Página 9).
Expertos en materia de prevención de lavado de dinero aseguran que con esa actitud se pone en riesgo la evaluación de Gafilat al Paraguay. Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que, además, se debe impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista.
No pasar la prueba impactaría negativa y directamente en muchos aspectos; por ejemplo, reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizando el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros. https://www.bcp.gov.py/comunicado-a-la-opinion-publica-n1557