El argumento de los centros asistenciales es que no están adheridos al convenio del Ministerio de Salud. Sin embargo, el superintendente de Salud, Ignacio Mendoza, afirma que el convenio es a posteriori, “primero hay que atender al paciente y después se firma, no importa si pasaron dos o tres días desde su ingreso”.

Las denuncias por pre­suntos sobrecostos contra los sanatorios privados que reciben en sus salas de terapia intensiva a pacientes con covid-19 en estado grave siguen apare­ciendo. Esta vez, “Tierra de nadie” recogió las denun­cias hechas por familiares de pacientes que fallecieron en el sanatorio Sagrada Familia, de Presidente Franco, donde debían abonar una garantía para ser aceptados y recibir los servicios médicos corres­pondientes.

Este centro asistencial no solo sigue incumpliendo con la Ley Gasto Cero, sino que además incurriría en sobrecostos en la atención de pacientes, de acuerdo con las denuncias.

Benjamín Giménez, hijo de Marciana Mercado de Gimé­nez, quien falleció en terapia intensiva en dicho sanato­rio, quedó con una deuda de más de G. 200 millones. La Dirección de Terapias Inten­sivas incluso envió una nota al sanatorio Sagrada Fami­lia para informar que esta familia solicitó acogerse a los beneficios de la Ley Covid Gasto Cero.

Gabriel Martínez tuvo que pagar la suma de G. 162 millo­nes para retirar a su padre, Sabino Martínez, de 56 años, quien falleció también en el mismo sanatorio.

El caso de la señora Lidia Martínez es doloroso. Tuvo que vender hasta una parcela de su terreno para que atiendan en el sanatorio Sagrada Familia a su esposo Cata­lino Torales, quien falleció luego de 4 días de internación dejando una deuda de más de 118 millones de guaraníes.

“Solo maltratos recibimos en ese lugar”, comenzó con­tando doña Lidia, quien tuvo que depositar G. 54 millones al sanatorio para que reciban a su esposo en terapia. “Nos amenazaban con que si no poníamos la plata a mi esposo lo iban a dejar en una esquina y sin atención. Esas personas no son humanas”, lamentó.

El argumento de Carlos Gómez, directivo del sanato­rio, es que no están adheridos al convenio del Ministerio de Salud y por eso se ven obliga­dos a cobrar por la atención a los pacientes a quienes piden un depósito de G. 40 millones para los dos o tres primeros días de internación.

“En Alto Paraná un solo sana­torio está adherido al conve­nio de salud; nosotros recién ahora vamos a firmar el convenio. No hicimos antes por­que nos faltaba documenta­ción”, aseguró Gómez.

La excusa de los sanatorios privados para el superinten­dente de Salud, Dr. Ignacio Mendoza, no es válida. Pri­mero porque la Ley de Gasto Cero está vigente, y como es una ley debe cumplirse se haya o no firmado el conve­nio para la atención con cada centro asistencial. El Minis­terio de Salud, para proceder con el pago por cada paciente atendido bajo el amparo de esta norma, exige la firma del convenio.

“El convenio es a posteriori, primero hay que atender al paciente y después se firma, no importa si pasaron dos o tres días desde su ingreso”, explicó el superintendente.

El dolor de la pérdida de un ser querido en una sala de terapia intensiva de un hos­pital privado a causa del coronavirus es permanente, pero ante la intervención de la Superintendencia de Salud cabe la esperanza en las fami­lias de recuperar el dinero pagado a los sanatorios pri­vados que se escudaban en la excusa de no estar adheridos al convenio con el Ministerio de Salud.