“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat; este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…”, fue uno de los argumentos de la Fiscalía ante el juez de Garantías Humberto Otazú, quien se allanó al pedido y firmó la orden de allanamiento a la Superintendencia de Bancos. Esta dependencia del BCP se había negado a proveer información vinculada a una investigación sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.

  • Por Jorge Torres
  • “La caja negra”. Unicanal

La Superintendencia de Bancos, a cargo de Her­nán Colmán Rojas, piso­teando lo que establece la ley, se negó a proveer información clave en el marco de una inves­tigación penal sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco Altas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al ex pre­sidente de la Conmebol Nico­lás Leoz.

“La caja negra” accedió a la resolución del juez de Garantías Humberto Otazú, quien auto­rizó el allanamiento a la depen­dencia del BCP y destacó en su considerando que la Superin­tendencia de Bancos omitió su deber legal de proveer informa­ción al Ministerio Público.

Humberto Otazú, juez de Garantías.

El juez especializado en Deli­tos Económicos autorizó el allanamiento a la dependencia del BCP y también destaca en su considerando el argumento de los agentes fiscales acerca del poco favor que hace la nega­tiva de proveer información a la Justicia sobre un caso en que se investiga a una entidad bancaria por presunto lavado de dinero. “Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación nega­tiva para cuando le corres­ponda la evaluación de Gafilat; este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un obje­tivo común, cual es el mencio­nado precedentemente”, dice parte el escrito de la Fiscalía y que el juzgado acepta como argumento.

La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Finan­ciamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó el martes de la semana pasada las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacio­nada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.

Natalia Zuccolillo.

Por medio del Oficio N° 32 de fecha 27 de mayo del 2021, la fiscala asignada a la Unidad de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz, y Francisco Cabrera solicitaron a la Superinten­dencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Cen­tral del Paraguay (BCP), los siguientes informes:

1-La copia autenticada de la nota de la Superinten­dencia de Bancos número 01600/2016, así como la res­puesta brindada a la misma por parte del banco Atlas.

Este documento tiene relación con los informes solicitados por la Superintendencia de Bancos en el año 2016 sobre la constitu­ción de los fideicomisos entre el Sr. Leoz y el banco Atlas.

2-La copia autenticada de notas y documentos remiti­dos por el banco Atlas referi­dos a la información sobre el origen de los fondos relacio­nados a Nicolás Leoz.

“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común cual es el mencionado precedentemente”, expresa el argumento de la Fiscalía ante la negativa de la Superintendencia de Bancos de proveer información. El juez Otazú se allana al pedido.

La solicitud de esta documen­tación guarda relación con la inspección “extra situ” reali­zada por la Superintendencia de Bancos en el año 2015 en rela­ción con las operaciones entre el Sr. Leoz y el banco Atlas. La inspección se realizó por el perfil de “alto riesgo” que en ese momento representaban las operaciones comerciales de Leoz con el banco Atlas.

3-Las copias autenticadas y comunicaciones remitidas por el área de Supervisión en materia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo al banco Atlas, en relación con Nicolás Leoz, y las respuestas del banco Atlas.

BAJO LA LUPA DESDE EL 2015

Estas documentaciones soli­citadas por los agentes fisca­les Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera a la Superintenden­cia de Bancos revelan que el banco Atlas está bajo la lupa de los órganos de control desde el año 2015. Las alertas en torno a las operaciones de Leoz desata­ron una inspección “extra situ” al banco Atlas y la aplicación de la debida diligencia ampliada con el fin de obtener más infor­mación sobre el origen de los millonarios fondos invertidos por Leoz en Atlas.

Posteriormente, en fecha 7 de junio del corriente, por Nota SB.SO. W 00204/2021, el superintendente Hernán Col­mán Rojas, así como el gerente de Análisis y Regulación, Jorge Daniel Jiménez, y el encargado de la Unidad Jurídica de esa ins­titución, Aldo Javier Rodríguez, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministerio Público porque la misma se encuentra tutelada por el deber de secreto bancario, según lo establecido en el artículo 6° de la Ley Orgánica del BCP.

En su nota, los citados funcio­narios señalaron que dicha res­tricción podía levantarse única y exclusivamente en los casos contemplados en el artículo 7° de la Ley Orgánica del BCP, entre los cuales no se encuen­tra contemplado al Ministerio Público o sus agentes fiscales. No obstante, refiere que tam­bién pueden entregarla cuando la información es requerida por una autoridad judicial compe­tente en virtud de una resolu­ción firme dictada en juicio.

Ante esta situación, los agentes fiscales remitieron una reitera­ción a su pedido, en fecha 1 de julio pasado; y, en dicho docu­mento, le recuerdan al super­intendente y las autoridades del BCP que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, se encuentra excep­tuado por una ley especial, cual es la Ley N° 5787/16 que modificó la Ley N° 861, por lo que advirtieron por única vez que, en caso de no contestar en el plazo señalado de 72 horas, el Ministerio Público “utilizará los mecanismos procesales pre­vistos en la ley si la institución a su digno cargo persiste en su negativa a brindar las infor­maciones solicitadas en el con­texto de la investigación penal por esta Unidad Especializada de Lavado de Dinero”.

Ante la negativa de la Superin­tendencia, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, otorgada por el juez Humberto Otazú, con el argumento de que la postura del alto funcionario del BCP Hernán Colmán Rojas en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Finan­ciara de Latinoamérica (Gafi­lat), referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El juez Humberto Otazú aceptó el pedido del Ministerio Público y el martes de la semana pasada se procedió al allanamiento de las oficinas de la Superinten­dencia de Bancos de donde se incautaron de una serie de documentos relacionados a la investigación.

Las operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz están bajo la lupa de los órganos de control desde el año 2015; en ese momento Leoz ya contada con procesos abiertos por la justicia norteamericana en el marco del escándalo de FIFAgate.

El Ministerio Público, en la causa abierta contra los direc­tivos del banco Atlas por pre­sunto lavado de dinero, pre­tende “cruzar” la información obtenida tras el allanamiento en las oficinas del banco de los Zuccolillo con la documen­tación que obra en poder del Banco Central.

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