Por Jorge Torres Romero

Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos del BCP, fue quien firmó la nota remitida a la Fiscalía en la que invoca el secreto bancario para evitar proveer información solicitada por el Ministerio Público y que forzó un allanamiento, en el marco de una investigación sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco Altas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz. El ex presidente del Banco Central del Paraguay Carlos Fernández Valdovinos lamentó que la dependencia del BCP se haya negado a cooperar con la Justicia. Recordó que cuando se modificaron las leyes, se hicieron precisamente para dejar en claro la potestad del Ministerio Público en acceder a los datos bancarios.

El ex presidente del Banco Central del Paraguay Carlos Fernández Valdovinos lamentó que la Superintendencia de Bancos se haya negado a proveer información a la Fiscalía y que la situación haya derivado en un allanamiento de las oficinas del BCP, en el marco de la investigación de un caso de supuesto lavado de dinero del ex dirigente Nicolás Leoz en el banco Atlas.

La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó el martes pasado las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.

Sobre el punto, Fernández Valdovinos indicó a la radio 650 AM que llama un poco la atención que la Superintendencia se niegue al pedido de la Fiscalía dado que el espíritu, cuando se modificaron las leyes, era justamente dejar en claro la potestad del Ministerio Público en acceder a los datos bancarios.

“Preocupa esto. Es un evento que debería estar al tanto el directorio. No sé si manejó solo la Superintendencia y si estuvo al tanto el directorio, que es la máxima instancia. El daño está hecho, no recuerdo una ocasión anterior en que se proceda a allanar el BCP. Es una noticia que a mí me impacta. Como regulados, cuando se allana un banco luego ya impacta e imaginate cuando se allana el banco de los bancos. No se entiende una negativa al pedido de la Fiscalía porque al final conseguirán los documentos, como lo hicieron ahora. El resultado era cantado”, dijo.

El ex presidente de la banca matriz instó a cuidar muy celosamente que el BCP siga estando siempre sujeto a cuestiones técnicas y no a cuestiones políticas. “Cuando entra la política en la parte monetaria los resultados económicos son de lo peor. Tenemos casos de Argentina y Venezuela. Afecta cuando existen estos hechos, un allanamiento es como entrar a tu casa sin permiso”, arremetió.

“No entiendo por qué si se sabía el resultado, no se colabora con la Fiscalía y se evita este mal momento y malos titulares. Desconozco si fue decisión solo de la Superintendencia de Bancos. Es grave que solo una persona tome esa decisión, tuvo que haber sido el directorio del BCP”, reiteró por último.

ANTECEDENTES

Por medio del oficio N° 32 de fecha 27 de mayo del 2021, la fiscala asignada a la Unidad de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz Recalde, solicitó a la Superintendencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), los siguientes informes: 1- La copia autenticada de la nota número 01600/2016, así como la respuesta brindada a la misma por parte del banco Atlas. 2- La copia autenticada de notas y documentos remitidos por el banco Atlas referidos a la información sobre el origen de los fondos relacionados a Nicolás Leoz. 3- Las copias autenticadas y comunicaciones remitidas por el área de Supervisión en materia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo al banco Atlas, con relación a Nicolás Leoz, y las respuestas del banco Atlas.

Posteriormente, en fecha 7 de junio del corriente, por Nota SB.SO. W 00204/2021, el superintendente Hernán Colmán Rojas, así como el gerente de Análisis y Regulación, Jorge Daniel Jiménez, y el encargado de la Unidad Jurídica de esa institución, Aldo Javier Rodríguez, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministerio Público porque la misma se encuentra tutelada por el deber de secreto bancario, según lo establecido en el artículo 6° de la Ley Orgánica del BCP.

En su nota, los citados funcionarios señalaron que dicha restricción podía levantarse única y exclusivamente en los casos contemplados en el artículo 7° de la Ley Orgánica del BCP, entre los cuales no se encuentra contemplado al Ministerio Público o sus agentes fiscales. No obstante, refiere que también pueden entregarla cuando la información es requerida por una autoridad judicial competente en virtud de una resolución firme dictada en juicio.

Ante esta situación, los agentes fiscales remitieron una reiteración a su pedido, en fecha 1 de julio pasado; y, en dicho documento, le recuerdan al superintendente y las autoridades del BCP que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, se encuentra exceptuado por una ley especial, cual es la Ley N° 5787/16 que modificó la ley de N° 861, por lo que advirtieron por única vez que, en caso de no contestar en el plazo señalado de 72 horas, el Ministerio Público “utilizará los mecanismos procesales previstos en la ley si la institución a su digno cargo persiste en su negativa a brindar las informaciones solicitadas en el contexto de la investigación penal por esta Unidad Especializada de Lavado de Dinero”.

Ante la negativa de la Superintendencia, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento con el argumento de que la postura del alto funcionario del BCP, Hernán Colmán Rojas, en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiara de Latinoamérica (Gafilat) referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El juez interviniente aceptó el pedido del Ministerio Público y el martes último se procedió al allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos de donde se incautaron de una serie de documentos relacionados a la investigación. Por una cuestión investigativa, la fiscala no quiso hacer referencia al procedimiento teniendo en cuenta que todavía quedan varias diligencias pendientes.